Suscríbete

eldia.es

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Luz verde a la oferta de estabilización para un tercio de los empleados públicos

El Gobierno identifica a 22.368 trabajadores en abuso de temporalidad en la Administración autonómica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. E. D.

La Comunidad Autónoma quiere estabilizar a un tercio de su plantilla mediante las ofertas de estabilización que tendrán que finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. El Gobierno regional ha identificado hasta ahora a 22.368 empleados públicos en abuso de temporalidad de los diferentes ámbitos de la Administración, la gran mayoría de ellos con más de cinco años de antigüedad en sus puestos de trabajo, por lo que podrán consolidar los mismos mediante un concurso de méritos excepcional previsto en la ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer los dos decretos de convocatoria de las 3.496 plazas que corresponden a los identificados en el ámbito de la Administración General. El primero de los decretos incluye la oferta extraordinaria de estabilización de las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, y que supone un total de 255 plazas, de las que 99 corresponden al personal funcionario y 156 al personal laboral. El segundo decreto está dirigido al empleo temporal de larga duración, es decir, a las plazas ocupadas antes del 1 de enero de 2016, y está integrada por un total de 3.241 plazas, de las que 93 corresponden al personal funcionario y 3.148 a grupos y categorías profesionales de personal laboral.

Junto al personal de la Administración General también se ofertan en diferentes convocatorias 5.722 plazas en Educación, 12.146 en Sanidad, unas 400 en la Administración de Justicia y unas 500 en el sector público de empresas, fundaciones y entidades dependientes de la Comunidad Autónoma.

El portavoz del Gobierno y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, señaló que el Gobierno busca la "máxima seguridad jurídica" en un proceso que es "complejo" porque hay que llegar a un consenso entre todas las administraciones y los sindicatos y con el riesgo de que haya impugnaciones judiciales dado que es un procedimiento "excepcional y de una sola vez" y puede haber gente que crea que se dan "facilidades" y otros que faltan plazas. Con todo, comentó que quieren llevar "al máximo" las posibilidades que permite la ley, con el diseño de dos grupos, los que llevan más de cinco años como interinos, que afrontarán una fase de concurso de méritos -sin examen de contenidos- donde se analizará la antigüedad, experiencia y adaptación al puesto y el resto con concurso-oposición pero sin carácter eliminatorio.

Pérez reconoció la probabilidad de que haya recursos y conflictos judiciales y ya el Ejecutivo tiene uno sobre la mesa tras la demanda presentada esta semana contra la Comunidad Autónoma por parte del comité de huelga que mantiene el conflicto laboral de los interinos de la Administración General. El portavoz del Ejecutivo afirmó que el informe realizado por los servicios jurídicos avala que la Dirección General de Función Pública ha cumplido con el acuerdo firmado en abril de 2021 con los huelguistas y la imposibilidad legal de que haya una conversión “automática” de los interinos en fijos. “Si hay errores en la identificación de las plazas se corregirán pero la ley es mejor que el acuerdo y nos da un marco legal para solucionar este problema de la mejor manera posible para que se mantenga la gran mayoría de los afectados por abuso de temporalidad”, añadió Pérez.

El titular de Función Pública admitió que el debate interno entre la Administración y los sindicatos no ha estado exento de discrepancias y de posicionamientos contrarios por parte de las organizaciones sindicales pero, sin embargo, considera que se ha alcanzando un consenso básico sobre la identificación de las plazas a convocar. Asimismo ve complicado evitar que se produzcan trasvases de empleados entre administraciones porque no es posible legalmente que los procesos sean restringidos. “No se puede hacer un concurso de méritos o un concurso oposición a la medida, habrá que ir gestionando este tema a través de negociación de las bases, que tendrán que definirse antes del 31 de diciembre de este año”, agregó.

En relación con la protesta de varios empleados de la Administración de Justicia por no verse reflejados en las plazas a estabilizar, Julio Pérez indicó que estas plazas estarán en el proceso correspondiente que convoque el Ministerio de Justicia.

Compartir el artículo

stats