El comité de huelga del personal interino de la Administración General de la Comunidad Autónoma pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que paralice el decreto que aprobará hoy el Consejo de Gobierno de convocatoria de la oferta extraordinaria de estabilización, que afecta a más de 3.000 empleados públicos. La demanda presentada el miércoles ante la Sala de lo Contencioso Administrativa reclama medidas cautelares que excluyan de los procesos de estabilización a las plazas en abuso de temporalidad, al considerar que no contemplan a todo el personal afectado y no se ha negociado con el comité de huelga en base al acuerdo firmado en abril del año pasado.
Los huelguistas denuncian al Gobierno regional por incumplimiento del acuerdo suscrito hace más de un año y, además, solicitan también al TSJC que eleven una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que sea este órgano el que aclare si la ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público está acorde con la jurisprudencia y la directiva europeas.
En una nueva jornada de conflicto laboral celebrada ayer, el comité de huelga acusó al Ejecutivo de aprobar un decreto que no cuenta con el consenso sindical ya que hay sindicatos que no están en el comité de huelga y, sin embargo, no han votado a favor de la convocatoria de plazas aprobada por la Dirección General de Función Pública, como es el caso de CCOO y Sepca, además de Intersindical Canaria.
Los representantes de los huelguistas denuncian que el Gobierno canario «ha dejado de seguir su hoja de ruta y se ha impuesto la de Madrid», a través de la ley estatal que entró en vigor el pasado diciembre y que obliga a convocar las plazas temporales para su estabilización antes del 1 de junio. Por ello el decreto que convoca la oferta extraordinaria de estabilización para el ámbito de la Administración General irá hoy al Consejo de Gobierno para que sea publicado en el BOC la próxima semana.
Los portavoces del comité de huelga, José Valido y Yolanda Cívicos, denunciaron que la Consejería de Administraciones Públicas, que dirige Julio Pérez, aprueba el decreto de convocatoria en los términos que establece la ley estatal «al margen de lo firmado y acordado con el comité de huelga», por lo que, debido a la falta de negociación, han presentado la demanda que se había anunciado desde abril. «Nos vemos abocados a judicializar el conflicto ante la actitud de este Gobierno que ha reconocido que no todos los interinos en abuso de temporalidad se van a quedar en sus plazas con esta ley, pero siguen en esta hoja de ruta obviando el acuerdo del 23 de abril que sí garantiza la estabilización de todo el personal», añadieron.
Además de las medidas cautelares y la consulta a la Justicia europea, el comité de huelga también denuncia ante el TSJC la opción de entablar otro tipo de acciones legal al ver vulnerado su derecho a la huelga porque el Gobierno, firmante del acuerdo, no lo ha ejecutado pese las negociaciones existentes entre ambas partes.
