Canarias lleva diez intentos de cobro de 4,8 millones de las mascarillas que pagó y no ha recibido. Los portavoces de CC y PP en la Comisión parlamentaria de Sanidad, José Alberto Díaz Estébanez y Fernando Enseñat, lanzaron duras críticas a la gestión realizada por la Consejería de Sanidad en el caso de los casi cinco millones de euros entregados a una empresa para la adquisición de mascarillas y que, dos años después, no se ha recibido el material ni se ha podido recuperar el dinero.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que todavía no había accedido a dicho cargo cuando se firmó el contrato con la sociedad mercantil RR7 United, aseguró que, hasta el momento, el Gobierno de Canarias ha realizado 10 intentos de embargo a la empresa, pero ninguna ha surtido efecto. En opinión de Trujillo, el Ejecutivo autónomo no acudió a un juzgado a denunciar el supuesto fraude porque su prioridad era, en un primer momento, obtener las mascarillas y, con posterioridad, reingresar el dinero abonado a dicha mercantil por adelantado.
En opinión de Enseñat, la comparecencia de Trujillo por iniciativa propia solo tiene por objetivo "tapar a su presidente", Ángel Víctor Torres, ante un próximo pleno. Entre otras cosas, el representante del PP preguntó: "¿Quién verificó la viabilidad de la operación?" desarrollada por una empresa de vehículos, que, según el diputado popular, carecía de "solvencia técnica y económica".
Entre otras cosas, Enseñat preguntó si existen más casos similares. Y la respuesta de Blas Trujillo fue que no, pues sólo ha habido problemas con la citada mercantil.
Duras críticas
A juicio de Díaz Estébanez, una de las realidades incuestionables es que han desaparecido cuatro millones de euros, lo que atribuyó a "una terrible falta de control y eficacia", que se ha traducido en un presunto caso de estafa y en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto caso de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Para el representante del Grupo Nacionalista, el asunto se ha conocido por la denuncia de un particular, por los procedimientos de reingreso iniciados, por la investigación del Ministerio Público y por el trabajo periodístico que destapó el asunto.
Díaz Estébanez admitió que el contrato con RR7 United se firmó después de que se destituyera a la anterior consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, y antes del nombramiento de Trujillo, cuando el departamento estaba bajo la responsabilidad del consejero de Presidencia, Julio Pérez, y de Antonio Olivera, actual viceconsejero de Presidencia.
Sin embargo, para el portavoz de CC-PNC, Trujillo sí es responsable del proceso de control y vigilancia de lo que ocurrió después de su nombramiento.
El consejero de Sanidad explicó que un particular ha presentado denuncias contra todos los contratos firmados por el Gobierno de Canarias para la adquisición de material en los primeros meses después de la declaración de la pandemia del covid-19.
El pasado 8 de abril, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas solicitó información sobre el contrato firmado entre la Consejería y la mercantil RR7 United. Según Trujillo, desde Sanidad existe máxima colaboración con el Ministerio Público y se ha entregado toda la documentación solicitada.
Durante su intervención, Trujillo recordó el contexto existente en los meses de confinamiento por la pandemia, donde había una gran escasez de mascarillas y otros elementos de protección, su elevado precio en el mercado y la competitividad existente a nivel global para disponer de dicho material. Aclaró que en esas circunstancias se firmó el contrato con la empresa de venta de automóviles.
El consejero aclaró en el Parlamento de Canarias que la empresa ofreció mascarillas de la marca 3M del modelo 18/60 y que se dio el visto bueno porque era "un modelo top", del tipo FPP3. La Consejería abonó en un primer momento la mitad del dinero pactado por esa mercancía el 25 de mayo. Una vez que el Gobierno empezó a reclamar las mascarillas el 7 de agosto, el 28 de octubre la mercantil solicitó el abono de la cantidad completa del presupuesto, para poder competir a nivel internacional para conseguir el material. Y el 29 de octubre se pagaron los dos millones restantes, aclaró Trujillo.
El 15 de enero se recibió una carta de la persona que ejerció como intermediaria en la operación en la que se admitía que la empresa no podía cumplir con su compromiso de suministro del producto. El 1 de febrero se inició el expediente de resolución del contrato. Meses después llegó una partida de material, pero que no cumplía con la normativa sanitaria de la Unión Europea. Todas esas mascarillas, fabricadas en Etiopía, fueron intervenidas por la Agencia Tributaria y destruidas.
Hasta el pasado 18 de mayo, la Agencia Tributaria Canaria había realizado diez intentos de embargo a RR7 United, aunque todos ellos resultaron infructuosos, aclaró Blas Trujillo.
