La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no despejó ayer todas las dudas sobre la posición del Ejecutivo central en relación a la posibilidad de que Canarias quede exenta de la aplicación del tipo impositivo del 15% a grandes empresas en el Impuesto de Sociedades, una medida que infringe el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas y que el Gobierno regional ha reclamado que se corrija. Montero sí aseguró en el Congreso que «seguiremos defendiendo en los foros internacionales con el resto de países que cuentan con regiones ultraperiféricas (RUP) la necesidad de tener una consideración especial con estas regiones», pero eludió concretar si su departamento presentará una propuesta de corrección de la directiva, tal y como está redactada en estos momentos, para excepcionar a Canarias de ese tipo mínimo del IS, aplicable a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales.
La ministra respondía a una pregunta en el pleno del Congreso de la diputada de CC, Ana Oramas, sobre si el hecho de que el Gobierno no hubiera «presentado excepciones» al proyecto de normativa sobre las particularidades isleñas, constituía «un olvido o una posición» por parte del Ministerio, pero en ningún momento de su intervención dijo claramente que presentaría una corrección para que esa fiscalidad especial de las Islas se pueda preservar en los términos recogidos la ley del REF. «Si ha habido un gobierno que ha defendido el fuero de Canarias ha sido el gobierno progresista de España y por tanto el que ha promovido todas las reformas fiscales que permitan la consideración justa de Canarias como RUP con todas las consecuencias que de ello se deriva», dijo la ministra. Añadió luego que «seguiremos defendiendo que, a pesar de que queremos un consenso internacional sobre el 15% en el IS dirigidos a todos los países para que no haya fuga de capitales y situaciones indeseadas de un país a otro, se tenga en cuenta esta especial sensibilidad con el fuero de Canarias y con todas las RUP».
Según Montero, «es una evidencia» que el actual Gobierno de coalición es «el que más ha hecho por intentar que Canarias goce de un régimen fiscal especial que le permita ir conservando todos los elementos que tienen que ver con su economía, con la prestación del estado del bienestar, y por su consideración de RUP».
Ana Oramas, sin embargo, cree que la respuesta de la ministra ha sembrado más dudas que certezas y alertó del «peligro para el fuero canario» dado que, según ella, la titular de Hacienda «no se ha comprometido a hacer las gestiones necesarias para corregir» la norma comunitaria. Por este motivo, la diputada exigió al Gobierno del Estado que promueva la modificación de la directiva «para preservar el fuero económico y fiscal canario, porque de sensibilidades no vive Canarias y menos con los precedentes de este Gobierno».
Corrección inmediata
Oramas recordó que el pasado 4 de mayo el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Europea, Benjamín Ángel, ratificó que España «no ha puesto sobre la mesa las particularidades de Canarias» a la hora de negociar la aplicación del tipo mínimo del IS, y que tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como el vicepresidente, Román Rodríguez, han manifestado que se trataba de «un olvido» que se debería corregir.
«La duda que tenemos es si es un olvido, o si es posición del Ministerio», afirmó la diputada. Si se trata de lo primero, le advirtió, «tienen que presentar inmediatamente una corrección, porque se carga el REF y es gravísimo».
Oramas mencionó además que su posición es compartida por todas las fuerzas política canarias, incluidas las integrantes del Gobierno de coalición, así como por los empresarios y sindicatos. A partir de ahí, reprochó a la ministra otros episodios en los que no ha defendido el REF, sino todo lo contrario. «Ustedes llevan un año toreando nuestro fuero. Con la fiscalidad del cine tardaron un año en rectificar; crearon luego incertidumbre sobre las bonificaciones de la ZEC y ahora con la directiva sobre el IS», dijo Oramas, que recordó que Bruselas «ha dicho que no se opone» a que Canarias y las RUP queden excluidas de esa directiva, pero que «el que tiene que presentar la excepción para que no se acabe con el fuero fiscal canario es el Gobierno de España», le insistió la nacionalista a la ministra.
