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Irregularidades en contratos de entes autonómicos por casi 600.000 euros

La Audiencia de Cuentas detecta adjudicaciones directas por sumas no permitidas y múltiples acuerdos con las mismas empresas en forma de contratos menores

Imagen de archivo del Puerto de Agaete. | | ÁNGEL MEDINA G. (EFE)

La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha encontrado irregularidades en una serie de contratos de sociedades mercantiles y empresas públicas de la Comunidad Autónoma que suman cerca de 600.000 euros. El órgano fiscalizador dependiente del Parlamento regional ha detectado adjudicaciones directas por cuantías superiores a las permitidas. Y también ha hallado sucesivos contratos menores con una misma empresa o profesional, y con el mismo o similar objeto, sin la debida justificación. Una práctica cuando menos poco ortodoxa –de hecho está prohibida– y que no pocas veces ha llegado incluso a los tribunales.

La ACC acaba de publicar su informe de fiscalización de las contrataciones y de las relaciones anuales de contratos de las sociedades y empresas públicas autonómicas, es decir, dependientes del Gobierno de Canarias. Lo primero que llama la atención del análisis de la Audiencia de Cuentas no es precisamente una novedad, sino más bien una reiteración: a pesar de que la institución lleva años enmendando la plana al sector público regional, desde el Ejecutivo hasta el más pequeño de los ayuntamientos, lo cierto es que las irregularidades en las contrataciones o adjudicaciones públicas siguen a la orden del día. Las advertencias de la ACC parecen caer así en saco roto. Máxime en lo relativo a los contratos menores, esos que se adjudican de forma directa, esto es, a dedo, y que justo por eso no deben convertirse en la vía habitual de contratación. Con todo, las deficiencias, vacíos e incumplimientos en las adjudicaciones directas de las sociedades y empresas públicas autonómicas siguen siendo numerosas. O al menos lo fueron en 2020, el año I de la pandemia, cuando las prisas y las necesidades que trajo consigo el coronavirus llevaron a muchas instituciones a lo largo y ancho del país a saltarse la ley a la torera, o casi.

De entrada, el órgano fiscalizador del Archipiélago expone que ocho entes dependientes de la Administración autonómica no publicaron las adjudicaciones directas en la Plataforma de contratación del sector público, tal como establece la ley. Entre la información que cada trimestre debe constar en la plataforma está la identidad del adjudicatario de cada contrato menor, lo que permite ver en qué medida una entidad determinada ha concatenado adjudicaciones a una misma empresa o profesional. Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), Gestur Canarias, Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno) y Puertos Canarios son los ocho entes autonómicos cuyos contratos directos no aparecen en la plataforma pública en tiempo y forma.

La ACC menciona a continuación las tres entidades que adjudicaron contratos menores por cantidades que exceden lo permitido para este procedimiento –menos de 40.000 euros si son obras o concesiones y menos de 15.000 en suministros y servicios–.

Grecasa se saltó el límite en dos adjudicaciones directas; el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), en otras dos; y Puertos Canarios sobrepasó el máximo permitido en una más. En este último caso, el convenio ascendió a 51.500 euros y Puertos no lo incluye en la relación de contratos menores remitida a la Audiencia de Cuentas, sino en la de los sujetos a procedimiento abierto y negociado, «aunque señala que se ha adjudicado directamente». El importe de estas adjudicaciones irregulares ronda los 210.000 euros.

Además, también son tres las entidades con adjudicaciones directas «por el mismo o similar objeto y con el mismo contratista cuyos importes conjuntos superan los límites establecidos». El Instituto Canario de Desarrollo Cultural encadenó dos o más contratos con cuatro adjudicatarios por un total de casi 120.000 euros. Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental hizo lo propio en cinco ocasiones, es decir, adjudicó de forma directa más de un contrato a cinco empresas o profesionales. Contratos muy similares entre sí y que aunque por separado no superan los límites legales sí lo hacen en conjunto. En total ascienden a más de 102.000 euros. Por último, el ITC encadenó cuatro adjudicaciones directas a una empresa de limpieza por cerca de 45.000 euros y otras dos a otra firma –también de limpieza– por más de 81.500 euros.

Rozando el límite legal

El informe de la ACC recoge una larga lista de adjudicaciones directas de contratos menores adjudicaciones a dedo por importes que rozan la cuantía máxima permitida para este tipo de procedimiento. La rozan pero no la sobrepasan, con lo que no hay tacha en este sentido. No obstante, hay cuatro casos que llaman la atención del órgano de fiscalización autonómico. Gestión del Medio Rural y Hecansa suscribieron varios contratos directos con proveedores que al cabo de 2020 «facturaron por importes superiores a los que serían aplicables a la adjudicación directa». Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias hizo varios contratos a un mismo despacho de abogados «que conjuntamente en el ejercicio superan el importe de referencia». Y en el ITC ocurrió tres cuartos de lo mismo.

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