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Canarias busca la complicidad de Francia y Portugal para quedar fuera del ‘plan verde’ europeo

El Archipiélago ofrece un ‘trato’ a Bruselas: convertirse en destino turístico de carbono cero a cambio de su exclusión de los recargos al transporte aéreo y marítimo

Aviones en el aeropuerto de Gran Canaria. Juan Carlos Castro

Los únicos interlocutores oficiales en Bruselas son los Estados miembros. Son estos los que canalizan las demandas y preocupaciones de sus territorios hacia la Comisión Europea (CE). Cuantos más países presionen a las autoridades comunitarias, mayor será el eco de sus peticiones y más posibilidades habrá de que estas prosperen. Por eso Canarias trabaja para ganarse la complicidad de Francia y Portugal en su lucha por quedar excluida de los recargos, tasas e impuestos del plan europeo contra el cambio climático y por la descarbonización. Los dos países vecinos de la España peninsular ejercen la soberanía sobre los ocho territorios que comparten con las Islas el estatus de Región Ultraperiférica (RUP), que desde este martes celebran en Martinica su Conferencia de Presidentes. El Gobierno autonómico intentará que esta cita sirva para que las RUP plasmen por escrito en un manifiesto, en una comunicación o en los documentos que salgan de la Conferencia la petición unánime de que las RUP queden al margen del plan verde comunitario.

En el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, que se reunirá en Martinica con la secretaria general para la UE del Gobierno central, María Dolores Lledó, y con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, trabajan «desde hace tiempo» con el Gabinete de Pedro Sánchez para lograr que las medidas para el transporte aéreo y marítimo previstas en el plan verde no se apliquen en el Archipiélago. Así lo aseguró este lunes el viceconsejero de la Presidencia del Ejecutivo regional, Antonio Olivera. No en vano, las medidas en el ámbito de los transportes, recogidas en el Objetivo 55 de la hoja de ruta comunitaria, pasan por el encarecimiento de los combustibles fósiles y la imposición de un porcentaje mínimo de ecocombustibles. Además, la intención de Bruselas es que el transporte marítimo, es decir, las navieras, entren en el mercado de derechos de emisión, otro coste extra para las empresas. En definitiva, todo ello supondría un notable encarecimiento de los billetes de avión y de los fletes de barco, dos misiles a la línea de flotación de la economía canaria. Por un lado, el turismo perdería decenas de miles de clientes; por otro, los precios de las importaciones se dispararían, lo que pondría en jaque el abastecimiento de mercancías.

Pese al patinazo en la tributación mínima por el Impuesto sobre Sociedades, una cuestión en la que España se olvidó de solicitar ante la UE la excepción de las Islas en virtud de su condición de RUP y de su especial Régimen Económico y Fiscal (REF), también en la Consejería de Hacienda, el departamento más crítico con los despistes de Madrid, están convencidos de que el Ejecutivo estatal dará esta vez el callo para librar al Archipiélago del Objetivo 55. No obstante, la Conferencia de Presidentes de las RUP brinda una oportunidad de oro para involucrar a las demás regiones ultraperiféricas en el objetivo, y lo que es más importante: para involucrar a sus Estados. Si Madrid, París y Lisboa cierran filas en defensa de las RUP, algo que se da por descontado, será muy difícil que la CE se niegue a exceptuarlas de su plan para la descarbonización. Pero eso sí: habrá que ofrecer algo a cambio al Ejecutivo comunitario, y en ello están ya trabajando en el Gobierno de Canarias.

Desde el departamento autonómico de Asuntos Europeos, que dirigen Román Rodríguez y Fermín Delgado, ya han advertido de que será necesario llevar a Bruselas un programa propio para la descarbonización del Archipiélago. De ninguna manera podrán las Islas quedar sin más al margen del Objetivo 55, sino que habrá que tomar otra vía para reducir las emisiones contaminantes que no se reducirán en los transportes. Habrá que ofrecer una especie de trato a las autoridades comunitarias, y la idea en el Gabinete de Ángel Víctor Torres es presentar una ambiciosa hoja de ruta hacia la descarbonización del sector turístico. Es decir, la huella de carbono que dejan los visitantes al volar a Canarias, que será la misma en tanto en cuanto la Comunidad Autónoma quedaría fuera de las medidas para un transporte más sostenible, se compensaría durante la estancia del turista. ¿Cómo? Pues con la generalización de las energías renovables en hoteles y apartamentos, con la optimización del ciclo integral del agua (los procesos desde su captación hasta su consumo) o con nuevos proyectos, por ejemplo, en el ámbito de la biodiversidad. En última instancia habrá que asumir compromisos a cambio de que el Objetivo 55 pase de largo por las Islas.

La candidatura a la Agencia Europea del Turismo

Al margen de la exclusión del plan comunitario contra el cambio climático en el ámbito de los transportes, otro de los grandes objetivos del Ejecutivo autonómico es lograr para el Archipiélago la sede de la futura Agencia Europea del Turismo. El Gobierno regional aprovechará su próxima presidencia de turno de las RUP, a partir de noviembre, para intensificar los esfuerzos en este sentido. En principio, Canarias cuenta con el apoyo de España para hacerse con la sede, un apoyo que será vital para moverse por los pasillos y despachos de Bruselas y convencer a las autoridades comunitarias. Además, y tal como recuerdan desde el Gabinete isleño, el Archipiélago es uno de los principales destinos turísticos del Viejo Continente y el líder indiscutible en la temporada invernal, cuando británicos, alemanes, franceses o neerlandeses huyen durante unos días o semanas del frío de sus países refugiándose en las Islas.

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