El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha detectado que cuatrocientos de los más de 2.500 niños y jóvenes extranjeros no acompañados que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias podrían optar a una protección internacional –asilo o refugio–. La representante de Acnur en España, Sophie Muller, apuntó ayer que en el Archipiélago «se ha dado un primer paso importantísimo» porque se ha «mejorado muchísimo la identificación de menores no acompañados con necesidad de protección internacional, la información de sus derechos y el trabajo conjunto con la Policía para que quien lo desee pueda acceder al procedimiento».

La representante del alto comisionado, que apoya con una visita de tres días a Canarias al equipo de tres personas que Acnur mantiene en las Islas para garantizar la protección internacional a potenciales beneficiarios, señaló que «para los menores los tiempos cuentan mucho más que para los adultos porque están en pleno desarrollo personal, emocional y formativo y, cada día perdido, lo es para su vida y el desarrollo de las habilidades con las que encontrar soluciones duraderas para sí mismos».

Por eso, «es muy importante trabajar de manera urgente el reparto sistematizado, previsible y sostenible» de estos menores no acompañados, ya que la acogida y el cuidado de unos niños «que necesitan mucho apoyo porque llegan en situaciones humanitarias muy graves, es una carga» notable «para la comunidad receptora».

Eso es lo que Acnur busca que ocurra «en Canarias, en Madrid y en todas las comunidades autónomas españolas», manifestó Muller, quien explicó que la mayoría de los perfiles que ya han sido identificados en las Islas como posibles candidatos a una protección internacional corresponden a chicos «procedentes de regiones de Malí que están en conflicto», mientras que otros son «supervivientes de violencia familiar, en las comunidades donde viven, que no tienen otro remedio que salir de su país».

La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Iratxe Serrano, recalcó que esta comunidad está preparada para tutelar a «no más de 2.000 menores» y señaló que en la actualidad hay unos 700 que cuentan con acogimiento residencial en la red de protección de los cabildos insulares y 1.300 niños canarios que están en acogimiento familiar. A todos ellos se suman unos 2.500 menores extranjeros –fundamentalmente de Marruecos, pero también de Gambia, Senegal, Camerún, Ghana y Malí– no acompañados a los que, mayoritariamente, acoge el Gobierno canario.

Serrano reiteró, ante este «sobredimensionamiento», que Canarias, por ser frontera sur de Europa «no debe asumir» esta realidad migratoria en solitario «porque hacerlo supone no poder garantizar al cien por cien los derechos de estos niños y niñas». Después de «mendigar plazas», apuntó la directora general de Protección a la Infancia, «conseguimos 208 en la península y sabemos desde el miércoles que se ha podido desbloquear la situación con el País Vasco», a donde se podrá derivar en semanas a un grupo de entre 15 y 20 niños.

En los últimos tres años han arribado a las Islas unos 3.000 menores de edad cuya tutela ha tenido que asumir el Archipiélago en solitario. Por esto, ha reclamado en reiteradas ocasiones la necesidad de un sistema de reparto basando en la responsabilidad compartida para que otras comunidades autónomas acojan a estos jóvenes. La consejera de Derecho Sociales, Noemí Santana, hizo especial hincapié en el «enorme esfuerzo» que ha tenido que hacer Canarias en los últimos tres años. «Hemos dicho desde hace bastante tiempo que el marco legislativo de nuestro país debía cambiar para que no sólo las comunidades autónomas que somos frontera tuviéramos que hacer frente a este reto migratorio, sino que debería ser una cuestión de corresponsabilidad de todas las autonomías y de la propia Unión Europea», aseveró Santana.