La Comunidad Autónoma engorda su patrimonio inmobiliario con más compras de edificios para albergar a su amplio aparato administrativo y de servicios. A las recientes adquisiciones en las dos capitales para las dependencias de la Agencia Tributaria Canaria y de otras consejerías de la Administración autonómica, se suma ahora la compra de un nuevo edificio también en el municipio capitalino, cercano a los edificios de Servicios Múltiples, para la Dirección General de Seguridad y Emergencias y otros departamentos. Asimismo, en los últimos meses también se ha convocado concurso para la construcción de dos edificios, uno en cada capital, para los servicios esenciales con características de búnker. El gasto en estos nuevos inmuebles supera los 120 millones de euros.
La Dirección General de Patrimonio usa de nuevo la facultad que le confiere la ley de adquisición directa sin pasar por un concurso público por la idoneidad del inmueble y las necesidades perentorias de la Administración. En este caso se trata del edificio denominado Ovalum, que ya estuvo alquilado por la Comunidad Autónoma hace varios años y que se dejó por el elevado gasto en alquilares que soportaba el Ejecutivo cuando llegó la crisis financiera. La compra se eleva a 4,7 millones de euros e incluye el edificio y varias plazas de garaje.
A dos manzanas del Ovalum se encuentra el inmueble que en su día albergó a los multicines Royal y que se compró en 2019 por 17 millones de euros. El año pasado se aprobó un gasto de 7,7 millones de euros para el acondicionamiento del mismo aunque, tres años después, el inmueble sigue desocupado. Este nuevo bien patrimonial servirá para albergar las dependencias de la Agencia Tributaria Canaria y fue adquirido en la pasada legislatura después de sondear a varios edificios en la zona, entre ellos el Ovalum, aunque en ese momento se descartó.
A finales del año pasado se cerró la compra en Santa Cruz de Tenerife del edificio administrativo ubicado en la Avenida Tres de Mayo en una adquisición en la que la Comunidad Autónoma ejerció su opción de compra después de varios años alquilado al Ayuntamiento de la capital tinerfeña por 30 millones de euros.
Además de estas adquisiciones, la Consejería de Hacienda decidió también en 2021 licitar la construcción de dos edificios de máxima seguridad, uno en cada capital, por 30 millones de euros cada uno para albergar a los servicios esenciales y de emergencias dependientes de la Comunidad Autónoma. Los servicios que se pretende integrar en los edificios serán, entre otros, el Cecoes, el 112, el Servicio de Urgencias Canario, la Sala Operativa del Cuerpo General de la Policía Canaria; el Cibercentro, el 012, el servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, el Control de Viaductos y Túneles o el Centro de Control de la Red de Emergencias.
La crisis financiera de 2008 obligó a la Comunidad Autónoma a establecer un plan para reducir los elevados costes de los alquileres y reordenar los efectivos en los inmuebles en propiedad. La tendencia ha sido en los últimos años la de concentrar los servicios para reducir la dispersión anterior y, a medida que ha mejorado la situación económica y financiera de las arcas públicas, comprar inmuebles para ahorrar el gasto en renta de alquiler a medio y largo plazo. En los últimos tres años se ha incrementado la adquisición de inmuebles y los proyectos para construir nuevos con una inversión que supera los 120 millones de euros.
En el caso del Ovalum, la orden firmada por el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, alude al "interés estratégico" que supone la adquisición de este inmueble para ampliar el área de concentración administrativa establecida en Las Palmas de Gran Canaria "con el objetivo de hacer frente al notable incremento de los servicios públicos". Tras realizar un estudio de mercado para el que se tomaron muestras de hasta siete edificios de la capital grancanaria, se constató que el Ovalum era el que reunía las condiciones óptimas de habitabilidad, inmediatez y localización más adecuadas para las necesidades de la Administración.
Otros asuntos del Consejo
Estabilización
Empresas públicas
- El Consejo de Gobierno analizó ayer el impacto de la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, señaló que son más de 300 los trabajadores temporales del sector público autonómico los que se ven afectados por la estabilización de las plazas a que obliga la ley estatal. Pérez puntualizó que cada empresa tiene que convocar las vacantes afectadas por este proceso antes del 1 de junio.
Subvenciones
Fundación universitaria
- El Consejo de Gobierno acordó ayer, por iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, tanto la preceptiva declaración de razones de coyuntura económica para ampliación de gasto como el consiguiente incremento del crédito en las aplicaciones presupuestarias para la posterior tramitación de subvenciones directas a dos fundaciones de las universidades públicas, la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales (Funccet) y la Fundación de la Universidad de Las Palmas (FULP).
Competencias
Evaluación ambiental
- El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha aceptado la delegación de los ayuntamientos de Buenavista del Norte y La Orotava, en Tenerife, de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales.
