La Consejería de Derechos Sociales va a revisar los contratos de las entidades del tercer sector para absorber el alza de la inflación, que puede repercutir en la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios, principalmente a colectivos vulnerables. La subida del precio de la luz, el combustible, el gas o los alimentos está afectando también a los trabajadores del tercer sector (en torno a 18.000 personas) que prestan asistencia social.
Así como el Gobierno canario va a efectuar una revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público, como en vivienda, o en el transporte escolar -en consonancia con la normativa estatal- también en materia social la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha pedido a la consejera del área, Noemí Santana, que tome medidas para actualizar los precios en los servicios adjudicados, de contratación directa o en convenio, con el tercer sector o empresas del ámbito social o sociosanitario.
Santana explica al respecto que las adjudicaciones se realizan mediante los cabildos insulares. En abril se reunieron las comisiones de seguimiento de los convenios con todos los cabildos, excepto con el de Tenerife, que suspendió la cita y está pendiente de confirmar nueva fecha. En estos encuentros, uno de los grandes temas que se abordaron fue la revisión de los precios de las plazas asistenciales por día.
Los cabildos transmitieron la necesidad de incrementar los recursos, dado el aumento de los costes derivados por la inflación. La Consejería de Derechos Sociales afirma que en estos momentos está trabajando conjuntamente con las corporaciones insulares para aumentar el coste de las plazas para el año 2023, pero para ello advierte que tendrá que contar con la conformidad de la Consejería de Hacienda.
Según Derechos Sociales, el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, está sacando licitaciones por encima de los precios recogidos en el convenio porque «tiene músculo financiero para ello, pero no ocurre lo mismo con las islas no capitalinas».
De ahí, el compromiso del Gobierno de Canarias de estudiar la posibilidad de seguir incrementando los precios plaza/día fijados en el actual convenio con cada una de las corporaciones insulares.
Los conciertos se aprueban cada año y el que establece los precios actualmente se acordó en diciembre de 2021.
Para Derechos Sociales el acuerdo con los cabildos es fundamental, puesto que servicios, como los centros de día y las residencias, se cofinancian entre las dos administraciones. Los servicios que financia la Comunidad Autónoma al 100% son los de teleasistencia y ayuda a domicilio. Aunque la intención de la Consejería es aumentar los precios por plaza por el alza del IPC, Noemí Santana sostiene que en los tres últimos años han incrementado la asignación, tanto para las plazas por día como para nuevas plazas. Así, en 2020, creció el presupuesto en 2,7 millones de euros; en 2021 fueron 9,2 millones; y en 2022 han sido 3,2 millones más.
Emma Coalu, portavoz de la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade) y presidenta de la Coordinadora de Acción Social, sostiene que la revisión de la cuota por plaza que gestionan los cabildos con recursos del Gobierno no solo responde a la inflación sino que es una cuestión de «dignidad».
Están poniendo precios que no cubren las necesidades en prestación del servicio, afirma, y señala como ejemplo en materia de dependencia «la estimulación cognitiva o el desarrollo de las terapias de dinamización», entre otros muchos servicios, precisa.
Las ONG denuncian el «secuestro» de la Consejería del Catálogo de Servicios Sociales
En consecuencia, aumentar el coste/plaza es una cuestión de «derechos y un reclamo del tercer sector desde hace muchísimo tiempo», enfatiza.
A día de hoy, no solo la inflación sino las bases impositivas de los trabajadores y el coste de la mayoría de los materiales están generando perdidas en las entidades sociales, que están teniendo problemas para ofrecer los servicios si no se reajustan los precios, asevera.
Pero, según la representante de Acufade, el problema es que aunque se revisen los precios Canarias sigue sin un Catálogo de Servicios Sociales, que ha de desarrollar la Ley de Servicios Sociales y que debe definir y clasificar todas las prestaciones y servicios, su contenido e intensidad, la población destinataria, los requisitos y condiciones de acceso y disfrute, la titularidad de los servicios, el personal y la ficha financiera.
Este catálogo es esencial para que se presten los servicios en condiciones, y sigue empantanado después de que el Gobierno tardara dos años para la presentación del borrador, en julio del año pasado. Entonces se produjo una decepción generalizada con el documento elaborado por la Consejería de Derechos Sociales y pocas veces tantos agentes sociales de calado de distintas disciplinas coincidieron en que el texto «no sirve», entre ellos los colegios de los trabajadores sociales y de psicología, aparte de ONG del sector.
Este documento recibió numerosas alegaciones y el Gobierno se comprometió a terminarlo en diciembre del año pasado, pero ha alargado el plazo para finales de este año. Para colau, «no se puede empezar la casa por el tejado», y es necesario el catálogo para hacer una revisión en condiciones del coste de todas las prestaciones. Critica que el Gobierno sigue sin contar con las entidades y ONG para su elaboración, y el texto está «secuestrado» por la Consejería, porque no se ha avanzado en nada y mientras no se apruebe no habrá concertación social.
