La Dirección General de Función Pública ha identificado 3.147 plazas en la Administración General de la Comunidad Autónoma que se llevarán a la convocatoria de estabilización del personal interino por ser puestos estructurales que no se han consolidado. El Gobierno ultima el decreto de la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización del empleo temporal de larga duración en el que figuran 94 puestos de funcionarios y 3.053 de personal laboral, en función de los previsto en la ley de reducción de la temporalidad del empleo público que pone de plazo antes del 1 de junio para identificar y convocar las plazas.
Entre las plazas a estabilizar del personal funcionario la mayoría corresponden a la categoría más alta, el grupo A, con administradores generales, gestores financieros y tributarios, arquitectos e ingenieros técnicos entre los profesionales que llevan años ocupando una plaza en la Administración sin que ésta haya salido a oferta pública de empleo. En categorías más bajas también hay 25 plazas del cuerpo auxiliar en la misma situación.
La situación del personal laboral es más variopinta con un amplio número de plazas sin estabilizar de titulados superiores -281-, de titulados medios -151- y administrativos -57- en la categorías más altas. Pero también hay un amplio número de plazas en otras categorías inferiores como cocineros, mantenimiento, cuidadores, auxiliares de servicios complementarios, ayudantes de cocina y subalternos.
La mayoría de las plazas a consolidar son oficios y categorías auxiliares de la Administración
El proceso contemplado por la ley establece que los puestos a estabilizar tendrán un proceso extraordinario de concurso de méritos para los que están ocupando una plaza antes de 2016. Los anteriores a 2020 tendrán que someterse a un concurso oposición para consolidar sus puestos. Las bases que fijarán los procedimientos tendrán que estar publicadas antes del 31 de diciembre de este año y el objetivo por parte de las administraciones públicas y de los sindicatos es que sean pactadas para evitar trasvases masivos de personal entre instituciones y que se estabilice al mayor número de interinos posible.
Modificaciones obligadas
El borrador del decreto que negocia Función Pública con la representación laboral deja la puerta abierta a introducir modificaciones en la relación de plazas a estabilizar en función de diversos supuestos. Uno de ellos es el conflicto que puede existir en las plazas temporales ocupadas desde hace años por funcionarios interinos. Con el concurso de traslados abierto por Función Pública para los funcionarios de carrera pueden haber puestos que sean solicitados por este personal y si están vacantes tienen derecho a ocuparlo. Por ello si el puesto tomado en consideración en la oferta de plazas fuese adjudicado con carácter definitivo a un funcionario de carrera en virtud del concurso de méritos, la disposición recoge que se sustituirá por otro puesto de trabajo de similares características y en la misma localidad que aquél para no perjudicar al trabajador interino.
Función Pública también tendrá que introducir modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo y en los códigos identificativos de las categorías laborales si con la aplicación del decreto y la identificación de las plazas a estabilizar hay puestos que no aparecen o no están debidamente identificados. Las prisas por cumplir con la legislación puede provocar incluso que se publique el decreto antes del 1 de junio, pero que después salgan correcciones al mismo en fechas posteriores si se aumentan los puestos de trabajo de la Administración una vez introducidos los cambios.
Mientras la Comunidad Autónoma y las administraciones locales aprietan el acelerador para convocar las plazas de estabilización, la conflictividad laboral y las discrepancias en torno a la nueva ley estatal y su cumplimiento de la doctrina europea se mantienen. El pasado fin de semana se celebró en Madrid una manifestación convocada por la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de ámbito nacional para denunciar el incumplimiento de la normativa de la UE y que hay administraciones que llegarán al final del plazo dado por la ley para convocar las ofertas de estabilización sin que cumplan con lo que estipula la normativa, lo que implica recursos e impugnaciones a los procesos.
Función Pública admite que habrá cambios e interinos que tendrán que ir a otra plaza
En el caso de Canarias, el comité de huelga de los interinos –formado actualmente por los sindicatos Intersindical y Co.bas– ha advertido con presentar una demanda contra la Comunidad Autónoma por incumplir el acuerdo firmado en abril de 2021, antes de la ley que posteriormente se aprobó por parte del Gobierno central. Los miembros del comité mantienen las movilizaciones al menos hasta el próximo de junio y no se descarta que impugnen el decreto de estabilización de la Administración General una vez que salga publicado en el BOC. El Ejecutivo mantiene contactos con el comité de huelga pero reitera que el cumplimiento de la ley 20/21 es la hoja de ruta a seguir por parte de la Comunidad Autónoma para reducir la temporalidad.
