La ola inflacionaria que azota la economía europea obliga a la Consejería de Hacienda a ajustar los presupuestos autonómicos para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, adelantó este lunes durante la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda que a buen seguro no quedará más remedio que modificar las cuentas de 2022 para blindar el gasto público allí donde es imprescindible. Sobre todo en las áreas de Sanidad y Educación, que por la magnitud de los fondos que manejan son las más expuestas a los efectos de la inflación. Son «actividades muy inflacionistas», en palabras de Rodríguez. El vicepresidente y consejero ya dijo a comienzos de año que la subida generalizada de los precios le costaría a la Hacienda regional unos 400 millones de euros, una cifra que se incrementará en la medida en que lo haga la inflación, que de momento no da síntomas de reducirse de forma sensible. No al menos a corto plazo. Así pues, el constante incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) fuerza a los técnicos de la consejería a plantear nuevos escenarios de gasto a cada nueva subida. Queda por ver si la ansiada moderación del IPC se produce finalmente en el segundo semestre de este año, tal como pronostica la ministra Nadia Calviño. No obstante, eran mayoría quienes en los comienzos de la ola inflacionaria, en abril de 2021, aseguraban que la subida de precios sería puntual, y lo cierto es que al final ha sido persistente.
En respuesta a una pregunta de la diputada Vidina Espino sobre el gasto superfluo en la Administración autonómica, Rodríguez no entró en los detalles de los ajustes que prepara su departamento para garantizar el gasto público, pero sí se resignó a hacerlos. Espino le pidió explicaciones sobre si acabar con el «dispendio» en «comilonas» estará entre las medidas de ajuste. La parlamentaria del grupo mixto se refirió así a la factura, de 15.000 euros –aseguró–, de un almuerzo que el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, celebró con una serie de empresarios para departir sobre los fondos extraordinarios europeos y su ejecución. «A 300 euros por persona», insistió la diputada; «¿era necesario?». El consejero de Hacienda no entró al trapo y calificó el discurso de Espino de «fácil, simplificador y demagógico». No obstante, Rodríguez expuso que si alguien tiene constancia de alguna irregularidad en el uso de los fondos públicos, «debe denunciarlo», amén de que todo el mundo, «por supuesto», tiene derecho a «criticar» aquello que considere criticable. Sea como sea, el vicepresidente no ahondó en esas modificaciones presupuestarias a las que obliga la inflación, aunque sí repitió una vez más que no van a bajarse los impuestos.
En ello insistió por enésima vez en respuesta a una pregunta del diputado del PP Fernando Enseñat. El parlamentario popular, que le recordó a Rodríguez la infradotación de medios materiales y humanos que sufre la Agencia Tributaria Canaria (ATC), también le echó en cara al consejero que en lugar de redoblar esfuerzos para paliar las grandes bolsas de economía sumergida y de fraude fiscal que padece la Comunidad Autónoma, opte por mantener los impuestos a las familias y las empresas para sostener –y engordar– la recaudación. Lo primero, argumentó Enseñat, permitiría incrementar los ingresos públicos obligando a pagar a quienes no lo hacen; lo segundo –«lo más cómodo», agregó el diputado– es «cobrarles impuestos a los de siempre: los trabajadores, los autónomos y las pymes». Rodríguez le contestó que la gestión de la Hacienda isleña ha hecho posible que Canarias transite por la crisis del coronavirus, primero, y por la ola inflacionaria, después, sin subir impuestos, sin aumentar la deuda pública y «con más recursos que nunca». «Eso es gestionar bien los intereses de la gente», afirmó.
La diputada nacionalista Rosa Dávila, de Coalición Canaria (CC), enumeró una serie de acuerdos con el Gobierno central que no ha llegado a concretarse y de la que «no se sabe nada». Entre esos acuerdos están los 700 millones del convenio de infraestructuras educativas y una inversión de mil millones a través de un plan de infraestructuras hidráulicas «cuyo protocolo incluso se llegó a firmar», recordó la parlamentaria. A juicio de Dávila, esto evidencia la «dejación de funciones» del Ejecutivo regional, que no ha presionado en Madrid para el cumplimiento de esos pactos negociados en su día por el Gabinete de Fernando Clavijo. «No se entiende que el Gobierno de Canarias insista en que el Gobierno de Sánchez es el que más ha cumplido con las Islas, porque no es cierto, y el consejero de Hacienda no puede obviarlo», subrayó la portavoz de CC.
Román Rodríguez respondió que el Ejecutivo estatal ha demostrado un «alto nivel de cumplimiento» del Régimen Económico y Fiscal (REF). La «práctica» totalidad de las partidas que prevé el fuero regional, aseveró el vicepresidente, se ha consignado en los presupuestos del Estado tanto en 2021 como en 2022. «Por primera vez en la historia» –añadió– y «gracias a la presión y al diálogo».
