Canarias se presenta como uno de los puntos calientes del debate sobre el giro del Gobierno en torno al conflicto del Sáhara Occidental. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, lo sabe y prepara a conciencia la visita que realizará a las Islas en algún momento, aún por determinar, del mes de mayo. El territorio donde más se reclamaba una superación de la crisis diplomática con Marruecos por sus repercusiones en materia migratoria, se ha convertido en el más crítico con el resultado del reciente acuerdo entre Madrid y Rabat. El malestar canario por asumir la propuesta autonomista para la antigua colonia española ocupada por Marruecos desde 1975 no compensa para la mayoría de la sociedad isleña el supuesto beneficio de las nuevas relaciones entre ambos países.

Albares se ha prodigado en declaraciones e intervenciones parlamentarias en Madrid tratando de justificar este acuerdo, “desencallar un conflicto de casi medio siglo de duración, mediante un acuerdo entre las partes y en el marco de Naciones Unidas”, y ha centrado buena parte de su argumentario en que Canarias es precisamente la comunidad autónoma que más tendría que festejar el acuerdo con Rabat, pero prácticamente desde el principio repite esos argumentos sin lograr convencer a sus detractores.

Tampoco ha ofrecido explicaciones ni datos reales que ayuden a despejar las dudas sobre las otras cuestiones a las que se apela desde el Gobierno sobre los beneficios para las Islas: que ya se nota el descenso de la llegada a Canarias de migrantes irregulares desde las costas marroquíes, algo que la realidad de las cifras le desmiente; y que se reactiva el grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marítimos, descartando acciones unilaterales por cada uno de los países, algo que mantiene en ventaja a Marruecos desde que aprobó sus leyes sobre fronteras marítimas propias.

En todo caso, el ministro cree que tras las primeras reacciones tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat y su encuentro allí con el rey alauí, Mohamed VI, el pasado 7 de abril, su visita a Canarias podría suponer un punto de inflexión y empezar a frenar el malestar de la opinión pública canaria. No solo confía en que realmente las próximas semanas confirmarían ya de una manera fehaciente el descenso de la llegada de pateras, sino que también se habrán incrementado las repatriaciones a Marruecos de los nacionales que hayan podido llegar en este tiempo, mientras que por otro lado se mantiene activas las derivaciones a la Península de lo que aún permanecen en los centros de acogida habilitados en Canarias.

Cuanta además con que el Gobierno central vaya cerrando acuerdos con el Ejecutivo canario en materias pendientes entre ellos desde hace tiempo, como el traspaso de la gestión de costas, y resolviendo contenciosos como el que acaba de producirse para el pago de los últimos 407 millones de la deuda estatal del convenio de carreteras. Pero por mucho que desde la parte socialista de los Ejecutivos central y regional traten de suavizarle las aristas a una visita difícil de gestionar, el ministro sabe que necesita actualizar y depurar sus argumentos sobre la cuestión saharaui o las ventajas para Canarias de las nuevas relaciones con Marruecos para asegurarse un cierto éxito del viaje.

Se especula con que el ministro podría anunciar durante esa visita alguna medida relacionada con su departamento, quizá la fecha concreta de la primera reunión del grupo para la delimitación de la mediana marítima, y la confirmación de que en la delegación española habrá un representante del Gobierno de Canarias, o algún tipo de primer acuerdo en este sentido que ayude a superar la inquietud que este asunto produce en las Islas, se esa primera reunión entre las partes ya se hubiera producido.

Primer desencuentro con Rabat

De momento, el ministro ya se ha topado ya con problema sobre la interpretación de Marruecos del acuerdo expresado en la declaración conjunta de ambos países tras la visita de Sánchez a Rabat. Ese problema no tiene que ver con Canarias, sino con Ceuta y Melilla, pero confirma que cualquier negociación con el país vecino tiene muchas aristas y que no será fácil concretar en acuerdos fehacientes y puntuales esos compromisos genéricos del documento pactado en la capital marroquí. Ese primer problema de ejecución de compromisos ha surgido por las diferencias que mantienen ambos países sobre la reapertura de la frontera de Ceuta y Melilla, cerrada desde marzo de 2020, y que era una de las medidas estrella acordadas entre Sánchez y Mohamed VI. Rabat se resiste a normalizar la aduana comercial en las dos ciudades autónomas, como pretende España, mientras que tampoco hay acuerdo sobre el trato a los trabajadores transfronterizos.

Por otro lado, el debate en el ámbito político español sobre la nueva posición española está muy lejos de bajar el tono y la parte socialista del Gobierno de Sánchez y el propio PSOE van a seguir sometidos al escrutinio y la crítica del resto de formaciones parlamentarias. Si el presidente y el propio Albares pensaban que ya habían saldado las exigencias de explicaciones en el Parlamento sobre el giro respecto al Sáhara, las iniciativas parlamentarias al respecto en las próximas semanas les devolverán a la realidad de las cosas. El otro punto caliente en la agenda del ministro es el debate sobre las repercusiones que ese giro sobre el Sáhara tendrá en las relaciones con Argelia y el riesgo de que el histórico rival de Marruecos rompa el contrato de suministro de gas a España.

Aunque Sánchez ya explicó las razones y argumentos sobre la nueva posición española respecto al territorio en su comparecencia en el Congreso del 30 de marzo pasado, junto a las explicaciones sobre el Consejo Europeo de unos días antes en relación con las medidas para hacer frente a la guerra en Ucrania, tendrá que volver a hacerlo, probablemente el 11 de mayo, tras la decisión de una mayoría de partidos en la Junta de Portavoces de apoyar una solicitud del PP en este sentido. También el propio Albares compareció en la Comisión de Exteriores del Congreso, y ha respondido respondido a varias preguntas en el pleno de cada una de las cámaras sobre aspectos relacionados con la cuestión saharaui y las repercusiones del acuerdo con Marruecos en Canarias, pero tiene aún pendiente una comparecencia monográfica en el Senado a petición de varios senadores canarios.