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La inflación pone en peligro el plan de vivienda pública de Canarias

Las patronales de la construcción advierten que los márgenes de las empresas son escasos | El Gobierno prevé 450 pisos de promoción privada hasta 2025

Un edificio en construcción. | | JOSÉ CARLOS GUERRA

La carestía de las materias primas y el desabastecimiento de suministros ponen en peligro la planificación de los planes públicos de nuevas viviendas. Así lo denuncian las empresas constructoras canarias, que advierten de la paralización a la que se abocado el sector por los incrementos de precios de los materiales que utilizan por encima del 40%, lo que afecta a la obra pública pero también a la privada. En este contexto, una de las patas fundamentales de los planes de viviendas son las casas de protección oficial de promoción privada, uno de los incentivos que ofrece el Gobierno a los constructores para que edifiquen viviendas protegidas para alquilar o vender con ayudas públicas.

Salud Gil: «O suben los módulos o a estos precios las empresas trabajan con pérdidas»

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La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil, advierte que los márgenes con los que trabajan las empresas son cada vez más escasos y los módulos que se han pactado con el Gobierno canario para entrar en el Plan de Vivienda 2020-2025 se están quedando por debajo de los precios de mercado debido a la inflación y a que los suministradores están subiendo los precios del cemento, hormigón y otros materiales cada pocos días. «Los planes de vivienda están en peligro, con la inflación que hay no se pueden construir viviendas protegidas con unos márgenes tan escasos», añade Gil.

La construcción y especialmente la edificación de viviendas es un sector que genera mucho empleo directo e indirecto y, ante esta situación, el riesgo que se corre es que «los concursos públicos se queden desiertos porque o suben los módulos o a estos precios se trabajaría a pérdida y muchas empresas prefieren renunciar a los contratos», añade la presidenta de la patronal de la construcción. Según Gil, el módulo actual está fijado en 975 euros el metro cuadrado, que se multiplica por determinados coeficientes en función de si la vivienda está en un área preferente por la demanda o en un municipio turístico. La patronal estima que entre un 30 y un 40% de las obras privadas podrían paralizarse y cerca de un 70% de los asociados de la patronal están reteniendo sus proyectos por estas dificultades.

Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, considera que la rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas ha ido hasta ahora a buen ritmo pero, en cambio, en la construcción de viviendas protegidas «estamos en un momento de ralentización». Según Izquierdo, esta situación se debe no solo al encarecimiento de materias primas, sino también por el desabastecimiento de algunas, entre otros motivos por las deficiencias en la conectividad marítima con la Península.

Óscar Izquierdo: «Hay viviendas paradas y otras promociones que no se han comenzado»

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«En el tema de la vivienda algunas se han tenido que parar y otras no se han comenzado como consecuencia del incremento de los precios de los materiales y por el desabastecimiento, ya que hay materias primas difíciles de conseguir en el mercado internacional, como es el caso del acero», añade Izquierdo.

En los objetivos cuantitativos del Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025 figuran varios indicadores con un número de pisos a construir en sus diversas modalidades. En el ámbito de la construcción de viviendas VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento figura la edificación de 450 casas, mientras que Visocan prevé más de un millar de pisos.

Revisión de precios


La revisión de precios de los contratos de obras con la Administración llega lentamente a las corporaciones locales. Mientras el Gobierno canario aprobó recientemente emular la modificación realizada por el Estado de incrementar hasta un 20% los precios iniciales de las licitaciones, los ayuntamientos y cabildos no tienen un criterio común y las empresas constructoras se ven obligadas a dirigirse a cada uno de los municipios y de las corporaciones insulares para saber si van a revisar los costes de las obras contratadas o en proceso de licitación. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha hecho hasta ahora oídos sordos a las reclamaciones de las patronales de la construcción, que demandan una posición común, igual que con los cabildos a través de la Fecai. Son los municipios grandes los que han contestado hasta ahora a los requerimientos de las empresas del sector. | R. A. D.

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