El Parlamento canario ha aprobado este miércoles una moción consensuada entre todos los grupos, planteada por CC, para abordar con profundidad la mejora de las condiciones de las mujeres cuidadoras de dependientes, tanto a nivel retributivo y fiscal, así como de ventajas que les permitan un respiro y reconocimiento de las enfermedades derivadas de su actividad.
La moción fue defendida por la diputada del grupo Nacionalista Cristina Valido sobre localización, coste y plazo de cada una de las medidas que recoge el Plan Canarias te Cuida del Gobierno canario, y los grupos que apoyan al Gobierno regional (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera) presentaron enmiendas. Con estas propuestas se produjo un acuerdo en el que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno regional a aumentar las convocatorias públicas de subvenciones, destinadas a ayuntamientos y entidades del Tercer Sector, para la financiación específica de programas de respiro familiar para cuidadoras de personas dependientes.
Además, insta al Gobierno de Canarias a solicitar al Ejecutivo central la constitución de una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como el Ministerio de Derechos sociales e Igualdad, para abordar con profundidad la situación de las personas cuidadoras.
En la actualidad, Derechos Sociales concede 10.535 prestaciones al entorno familiar
Por otra parte, se insta al Gobierno de Canarias a impulsar un acuerdo con los ayuntamientos por la mejora de la calidad y cantidad de horas de atención domiciliaria a través de estos, que descarguen a las cuidadoras no profesionales y supongan mayor oferta de servicios profesionalizados, con los niveles de especialización que requiere la persona dependiente en domicilio.
En otro punto, el Parlamento de Canarias pide al Gobierno canario para que a su vez inste a la inspección de trabajo a extremar la vigilancia inspectora de las condiciones de las trabajadoras de las empresas de ayuda a domicilio concesionarias, habida cuenta del valor que el menor precio tiene en las mesas de contratación con la normativa actual, y como esto, en tantas ocasiones, perjudica a trabajadoras y beneficiarios del servicio al que tienen derecho.
Los grupos parlamentarios reconocieron la precaria situación de las cuidadoras en el entorno familiar, un 80% mujeres y un 20% hombres. “A nosotros nos alegra que mujeres cuidadoras estén recibiendo una ayuda de 300 euros, pero esta dotación económica no soluciona el problema de la dependencia, porque esas personas siguen sin estar atendidas como les corresponde por sus derechos”, expuso Valido.
Y abundó al respecto que “los 300 euros que el Gobierno les está dando a las cuidadoras de dependientes forman parte de una estrategia de maquillaje para dar de alta a estos últimos y hablar de récords de personas atendidas que, bien al contrario, no mejoran la situación ni de las cuidadoras ni de los dependientes”.
Estas ayudas se llevan dando desde el inicio de la Ley de Dependencia, pero ha crecido en el mes pasado en 518 altas, un récord según la Consejería de Derechos Sociales, que afirma que se debe a que hay más personal y mejor gestión que durante los sucesivos gobiernos de CC. Marta Arocha, directora general de Dependencia y Discapacidad, reconoce al respecto que las cuantías no son altas pero intentarán mejorarlas.
Ahora mismo se dan 10.535 prestaciones para el cuidado al entorno familiar y 8.750 prestaciones vinculadas al servicios (centros de día, teleasistencia y otros servicios) , indicó Marta Arocha, pero ahora crecen las de las cuidadoras "porque trabajamos más". El mes pasado se dieron 518, además de 354 prestaciones vinculadas a servicios, y son "muy importantes porque generan empleo", así cómo 80 plazas de residencias o ayudas a la promoción de autonomía personal, que "eso sí que es una nueva prestación", aseveró.
Arocha rechaza que las ayudas a las cuidadoras en el entorno familiar sea un maquillaje para dar altas en el sistema de dependencia y mejorar los datos, porque es una prestación igual que otras que se dan tras un trabajo riguroso del personal de la Consejería, y recuerda que esta ayuda la otorgaba la propia Valido. Es más indico que en octubre de 2018, cuando gobernaba CC, la exconsejera nacionalista contaba con 8.359 prestaciones para el cuidado familiar con las mismas cantidades de ahora. "Lo único que hemos hecho es resolver más expedientes", respondió sobre las críticas de estas prestaciones Marta Arocha, y señaló que ahora hay 69 trabajadoras sociales. "Por supuesto que vamos a dar prestaciones económicas, todas las que podamos y con efectos retroactivos", precisó, como hacen todas las comunidades autónomas.
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Canarias tiene 10.535 pero otras comunidades como Castilla y León, con las que "se compara mucho CC", precisó Arocha, cuenta 31.131, por lo tanto a Canarias "le queda por dar", enfatizó, y repasó que Andalucía cuenta con 77.563, 18.000 Aragón o 17.000 Baleares.
Para Emma Colao, la jurista responsable del departamento jurídico de la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade), las ayudas se han dado desde el principio de la Ley de Dependencia por los distintos gobiernos, pero recalcó que la actual Consejería de Derechos Sociales sostiene que hay un gran avance. En su opinión, están abaratando la dependencia dando solo estas prestaciones que en muchos casos no sobrepasan los 180 euros al mes y, por tanto, lo que tiene que hacer la actual Consejería que dirige Noemí Santana es complementar las ayudas como hacen otras comunidades y no ceñirse a la media estatal de la Ley de Dependencia, entre otras medidas, para dar un verdadero avance a la dependencia.
Visto bueno final a una ley electoral en la que nada cambia
El pleno de la Cámara regional aprobó ayer por unanimidad el informe de ponencia de la proposición de Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias. A esta ley electoral se incorporan distintas previsiones que ya rigieron el proceso electoral autonómico de mayo de 2019 y que, pese a no estar previstas en la ley electoral de 2003, resultaron imprescindibles para ordenar esa última cita con las urnas con criterios de operatividad y seguridad jurídica, siguiendo el criterio de la Junta Electoral de Canarias y del Consejo Consultivo. La nueva ley, estructurada en seis títulos, consta de 40 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y tres finales. De lo establecido en el texto se mantiene que el número total de escaños a elegir será de 70, y que se establece al igual que en las anteriores elecciones una circunscripción de ámbito autonómico y siete circunscripciones de ámbito insular. A la circunscripción autonómica le corresponderá la elección de nueve escaños y al total de las circunscripciones insulares le corresponderá la elección de sesenta y un escaños, que se distribuirán de la siguiente forma: tres por El Hierro, ocho por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, cuatro por La Gomera, ocho por Lanzarote, ocho por La Palma y 15 por Tenerife. La emisión del voto se efectuará a través de dos papeletas, una para cada tipo de circunscripción, insular o autonómica. Cada una de esas papeletas se introducirá en una urna. Tras su toma en consideración en noviembre pasado, el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, trasladó el compromiso de la Cámara de aprobar la ley antes de la finalización del actual periodo de sesiones.
