Los gobiernos central y regional ultiman un acuerdo para modificar el real decreto de medidas anticrisis por la guerra en Ucrania con el que se daría marcha atrás a la liberalización de la implantación de regasificadoras en Canarias contemplada en el plan elaborado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que mañana se vota en el Congreso y para cuya aprobación no hay garantizada aún una mayoría parlamentaria. El hecho de que el Gobierno cental se haya mostrado dispuesto a tramitar el decreto como proyecto de ley, en caso de que sea convalidado, y se abra por tanto a modificaciones mediante enmiendas, da plazo a los dos ejecutivos a redactar el texto para dejar sin efecto la actual disposición final cuarta que exime de autorización administrativa en las Islas a las regasificadoras “que tengan como uso principal alimentar a instalaciones de generación de energía eléctrica, pudiendo tener usos secundarios como la alimentación a puertos y a buques”.
Esta medida contemplada en el decreto que sustenta el Plan de Choque Nacional contra las consecuencias Económicas y Sociales por la guerra en Ucrania, especialmente para paliar los efectos del incremento de los combustibles y de la energía, fue rechazada de plano tanto por el Gobierno de Canarias como por el cabildo de Gran Canaria, y provocó una advertencia por parte de NC sobre el voto de su diputado en el Congreso, Pedro Quevedo. El principio de acuerdo para modificar esa disposición, así como para evaluar otras medidas de impacto en Canarias como el coste del transporte de mercancías, o la rebaja de las tasas aeroportuarias si la inflación afecta al precio de los billetes de avión, permiten a Quevedo votar mañana a favor del decreto en un contexto parlamentario de gran incertidumbre porque varios de los socios del Gobierno central amagan con votar en contra por el escándalo de las escuchas telefónicas del llamado ‘caso Pegasus’.
“El Gobierno central nos ha garantizado que el real decreto se tramitará como proyecto de ley y tendrá nuestro voto favorable, pero en función de las modificaciones que se produzcan recogiendo nuestras demandas a través de enmiendas decidiremos qué hacemos”, aclara el diputado de NC. “No pararemos ese real decreto porque reconocemos que tiene elementos positivos, pero tenemos que ver cómo se concretan las cuestiones que demandamos”, asegura. El real decreto contempla, entre otras medidas, la bonificación de 20 céntimos en el combustible, o la ampliación del ingreso mínimo vital o del bono social energético.
Fuentes del Ejecutivo regional señalan que “el asunto del gas está clarificado con el Gobierno central y hay un acuerdo para a través de una enmienda darle una nueva redacción” a la disposición mencionada, y que en el caso de que no se tramitara como proyecto de ley, el Estado eliminaría a través de otro decreto esa liberalización del gas en las Islas. La redacción de esa enmienda sobre dicha disposición “aún no está escrita”, reconoce el Ejecutivo regional, pero éste da por hecho que el acuerdo es firme y que se dará marcha respecto a una medida que provocó la reacción contraria de todos los partidos del ‘pacto de la flores’ y de la propia CC.
“Queda claro en ese acuerdo que no se va a permitir la introducción del gas para el consumo en los domicilios y que para que el gas esté disponible para determinados usos, sobre todo en los puertos, no es necesario instalar regasificadoras"
“Queda claro en ese acuerdo que no se va a permitir la introducción del gas para el consumo en los domicilios y que para que el gas esté disponible para determinados usos, sobre todo en los puertos, no es necesario instalar regasificadoras, porque eso avanza en la dirección opuesta al futuro”, señaló ayer Quevedo. “Una cosa es que haya estructuras capaces de suministrar gas y otra la instalación de regasificadoras. La idea tiene que ser que las regasificadoras no pueden formar parte del futuro energético de Canarias”, insistió el diputado de NC antes de confirmar su apoyo hoy al decreto ley.
Decisivos escaños canarios
El voto de Quevedo y otros tres escaños canarios podrían ser decisivos para la aprobación del decreto que contiene el plan anticrisis tras la amenaza ayer del principal socio parlamentario del Ejecutivo, ERC, de rechazarlo en respuesta al escándalo del supuesto espionaje a activistas y líderes del independentismo catalán y vasco por parte del CNI a través del programa ‘Pegasus’. El Gobierno no contaba ayer aún con la mayoría necesaria y desconocía tanto el sentido del voto tanto de ERC, como el de HB Bildu, mientras que el PP mantenía la duda de si concederá la abstención pese a que Sánchez no ha admitido de momento incorporar ninguna de las medidas propuestas por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, especialmente el de rebajar determinados impuestos para hacer frente a la inflación.
Las múltiples combinaciones posibles del resultado de la votación, en función de lo que finalmente hagan los distintos grupos parlamentarios, convierten en vitales los votos de los nacionalistas canarios, y ahora también el de la diputada de Unidas Podemos por Las Palmas, Meri Pita, tras abandonar su grupo de origen hace un mes para pasarse al grupo Mixto. En este marco, toma de nuevo especial relevancia el hecho de que la propia UP mantenga sin cubrir el escaño que perteneció al tinerfeño Alberto Rodríguez desde que éste fue inhabilitado por el Tribunal Supremo y perdió su condición de diputado en octubre del año pasado. Pita evitó ayer aclarar el sentido de su voto y aunque sus ex compañeros de UP confiaban en que apoyaría el decreto, tampoco tenían ninguna garantía de ello.
El Gobierno de coalición PSOE-UP, por tanto, cuenta ahora con dos escaños menos de los que sumaba a favor al inicio de la legislatura y eso podría tener hoy graves consecuencias en la votación del decreto anticrisis, como estuvo a punto de ocurrir en la reforma laboral hace unos meses cuando logró sacar adelante uno de sus proyectos bandera de su agenda legislativa solo gracias al error de un diputado del PP que lo apoyó. Respecto a los nacionalistas canarios, pese a que Sánchez contará seguro el voto de Quevedo, no podrá sumar en este caso el de la diputada de CC, Ana Oramas, que ya avanzó hace semanas su abstención al real decreto por considerar que “no sirve para Canarias” al no contener las medidas específicas que necesita el Archipiélago para hacer frente a la crisis como consecuencia de la guerra en Ucrania.
La formación nacionalista no ha visto ninguna predisposición del Ejecutivo a incorporar ninguna de las propuestas que le trasladó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños: bajada de las tasas aeroportuarias y la de los puertos de interés general para compensar el coste del transporte y su afección sobre el turismo; incremento de las partidas del POSEI adicional para paliar el incremento de costes de la producción en el sector agroalimentario; ayudas específicas para la flota pesquera canaria; ampliación del listado de mercancías financiadas para incluir productos básicos del sector industrial que no están recogidas en el REF; y rebajas fiscales en el IRPF a contribuyentes cuyos ingresos están por debajo de los 30.000 euros, lo que redundaría muy especialmente en la población de Canarias.
