Más de la mitad de los inquilinos de las 7.400 viviendas sociales que se van a quedar con la propiedad de las casas que ocupan desde hace 30 años lo harán a coste cero. Con tener el 50% del valor de las mismas pagado con el alquiler que han abonado las familias adjudicatarias en estos años es suficiente, ya que el resto del coste lo asumiría el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) a través de ayudas y bonificaciones. El precio medio de los pisos ronda los 24.000 euros, según las estimaciones, aunque hay varias tipologías de viviendas según las promociones que se edificaron antes de 1996 correspondientes al I y II Plan de Vivienda de Canarias, entre los años 1988 y 1995.
El decreto que prepara la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda busca una solución alternativa para los vecinos que no han abonado la totalidad de los alquileres o los recibos de la comunidad. En estos casos si las familias están interesadas en acceder a la propiedad de las viviendas tienen un año de plazo para ponerse al día y liquidar la deuda que tengan contraída.
Otra de las principales novedades del decreto es que ofrece la misma salida de la propiedad a las familias que habitan en las casas promovidas por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan) también de finales de los años 80 y primera mitad de los 90. Las más de 2.000 familias afectadas por esta situación llevan varios años exigiendo que se les facilite una solución similar al del resto del parque público de viviendas. En este sentido, el principal reparo puesto por la dirección de Visocan ha sido que el acceso a la propiedad de estas promociones supone una pérdida del patrimonio de la empresa y, dada la titularidad pública de la misma, es el Gobierno el que tiene que autorizar la operación y resarcir esta descapitalización al tratarse de una sociedad mercantil.
El decreto especifica que las viviendas de Visocan tendrán las mismas condiciones y que el Instituto Canario de la Vivienda abonará el importe de la subvención a otorgar, en lugar de la bonificación prevista para el resto de casas sociales, siempre «condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria», matiza el texto. Asimismo el decreto recoge que «en ningún caso la aplicación de este precepto podrá suponer un detrimento presupuestario o patrimonial para Visocan», por lo que el Icavi «promoverá los instrumentos de colaboración pertinentes con la citada sociedad mercantil pública».
Los vecinos afectados de las viviendas de Visocan llevan más de 25 años reclamando estar en igualdad de condiciones con el resto del parque público. Mabel Fernández, portavoz de varias promociones de viviendas en el municipio de Telde, advierte que seguirán solicitando reuniones y reivindicando la necesidad de tener las mismas oportunidades que el resto de las viviendas sociales afectadas por el acceso a la propiedad.
Choque con el Estado
Sin embargo, mientras la ley canaria de Vivienda favorece la transmisión de la propiedad del parque público, la nueva norma elaborada por el Gobierno central blinda el carácter público permanente de las casas construidas con fondos de las administraciones. El texto se encuentra actualmente en la fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados y ya Coalición Canaria (CC) ha advertido que la norma estatal invade competencias autonómicas, coarta el acceso a la propiedad de los miles de canarios que habitan estos pisos y pone coto a los precios del alquiler en las zonas más «tensionadas», entre las que se encuentran las áreas metropolitanas y las zonas turísticas canarias.
La normativa estatal expresa que las viviendas protegidas «estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo». A continuación, el texto establece como salvedades lo que prevea la normativa autonómica por causa justificada, con un plazo mínimo de 30 años. En esta situación se encuentran las viviendas que en Canarias pasarán a propiedad al cumplirse ese periodo.
El conflicto surgirá a partir de ahora ya que si la ley del Gobierno central se aprueba como está la Comunidad Autónoma tendrá dificultades para volver a traspasar viviendas sociales a sus moradores. El último decreto autonómico con este contenido data de 1999 y supuso que unas 5.000 viviendas pasaran a ser propiedad de las familias adjudicatarias con pisos públicos construidos en los años 70 y 80.
