Siete de cada diez empleados de cabildos y ayuntamientos son interinos, esto es, un 70% de los 33.547 trabajadores de las corporaciones locales, según estimaciones del Gobierno regional. Esas en torno a 23.500 personas son algo menos de la mitad de los 55.000 trabajadores públicos entre las tres administraciones canarias -Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos- que llevan años y años a la espera de que se de fijeza a su plaza.
Estas instituciones se sentaron por fin con los sindicatos, por primera vez el pasado jueves, para adoptar criterios comunes en los procesos abiertos que permitirá abrir la puerta a la estabilización según los criterios establecidos por la ley de medidas urgentes aprobada por las Cortes en diciembre pasado.
Los empleados de Sanidad y Educación concentran la mayor parte de los interinos de la Comunidad Autónoma. Entre ambas áreas, casi 18.000 sufre abuso de temporalidad.
Afecta a más de 11.500 plazas del Servicio Canario de Salud, de los que 1.701 plazas ya están convocadas y más de 6.700 corresponden a profesionales que cumplen los requisitos de más de cinco años; En el caso de Educación, el Consejo de Gobierno del pasado jueves aprobó la oferta de empleo público de personal docente no universitario para el año 2022, dotada de 1.110 plazas, así como las plazas adicionales para la estabilización correspondiente a 2020 (con 1.389 plazas) y a 2016 (otras 4.333), que, en conjunto, suman 5.722.
A eso se añade que están pendientes 3.258 plazas para interinos en la Comunidad Autónoma del régimen general, y, entre otras, 250 de Justicia.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, afirmó ayer que la excesiva temporalidad en el empleo público es un problema jurídicamente complejo, «humanamente hiriente y lacerante para quienes lo padece», y que, por su propia naturaleza, afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas.
Jornadas
En la inauguración de la jornada El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones, expuso que la alta tasa de temporalidad es una situación grave y excepcional, que se produce en todas las administraciones públicas españolas, a la que hay que buscar también una solución excepcional entre todas las partes implicadas para garantizar que el resultado sea jurídicamente estable.
El consejero remarcó que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, añadió, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público.
Sanidad, el área con más personal afectado por la temporalidad, tiene 11.500 personas
La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Remedios Roqueta, analizó la Ley 20/2021, y más en concreto los procesos de estabilización incluidos en la norma, un tema de actualidad y práctica. Su exposición evidenció el marco jurídico en el que deben moverse las partes implicadas en este procedimiento.
Las instituciones canarias tienen poco más de un mes de plazo para publicar las convocatorias de las ofertas públicas de empleo de estabilización, según el calendario que marca la ley 20/21 de reducción de la temporalidad en el empleo público. Por ello, una vez sentadas las bases políticas, en los próximos días se comenzarán a reunir los grupos de trabajo constituidos entre administraciones y sindicatos para pactar los criterios generales de las convocatorias.
La norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024.
