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Torres encarrila la negociación para estabilizar las plazas de 55.000 interinos

El presidente pide rapidez y efectividad porque en un mes se tienen que convocar las plazas

El viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, y la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en la reunión de ayer en Presidencia. ACFI PRESS

Torres encarrila la negociación para estabilizar las plazas de 55.000 interinos. Las tres administraciones públicas canarias y los sindicatos se han sentado por primera vez en la misma mesa para adoptar criterios comunes en los procesos abiertos para estabilizar a los más de 30.000 empleados públicos interinos que trabajan para la Comunidad Autónoma, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos canarios. A esta cifra hay que unir al personal docente y sanitario, lo que eleva la cifra a unos 55.000 trabajadores afectados, un 40% de los empleados públicos de las Islas.

La “voluntad” de los representantes de las instituciones públicas y de las centrales sindicales es llegar a acuerdos para que haya un mínimo de coordinación, ya que la constatación hasta ahora era que cada administración estaba desarrollando los procesos de forma diferente y se corre el riesgo de que haya impugnaciones y recursos de los afectados si hay diferentes criterios de una administración a otra. Otro problema es el trasvase de empleados entre administraciones al ser concursos de méritos y procesos selectivos abiertos.

Las instituciones canarias tiene poco más de un mes de plazo para publicar las convocatorias de las ofertas públicas de empleo (OPE) de estabilización, según el calendario que marca la ley 20/21 de reducción de la temporalidad en el empleo público. Sentadas las bases políticas, en los próximos días se sentarán los grupos de trabajo constituidos para pactar los criterios generales de las convocatorias.

Tasa de temporalidad

Otro problema añadido es el riesgo de trasvase de empleados entre administraciones al ser concursos de méritos y procesos selectivos abiertos. En las bases específicas, que se deben publicar antes del 31 de diciembre, se deben recoger medidas que eviten o al menos frenen esta situación.

El presidente del Ejecutivo defendió la importancia de establecer mecanismos comunes ante los procesos de consolidación de personal que hay que acometer, tal y como marca la ley que entró en vigor a finales de diciembre y que tiene como objetivo final reducir la tasa de temporalidad en el empleo público hasta el 8% antes de finalizar el año 2024. La Comisión Europea ha exigido a España bajar la elevadas tasas de temporalidad que existen en las administraciones públicas para seguir transfiriendo los fondos europeos de recuperación. «Tenemos un problema que nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución», añadió Torres.

Los sindicatos valoran la unidad de criterios de todas las instituciones para evitar trasvases

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Por su parte Tomás Pérez, alcalde de La Aldea y presidente de la comisión de administración pública y seguridad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), destacó la apuesta por coordinar el trabajo entre las administraciones y los sindicatos y se comprometió a que los ayuntamientos se van a «emplear fondo» porque tienen mucha temporalidad. «Hay que acabar con ella», indicó. Hay corporaciones locales donde más del 70% de los empleados no tienen consolidada su plaza.

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, subrayó que «la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública». En este sentido, señaló la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados públicos.

El comité de huelga insiste en que la ley no garantiza la fijeza y continúa con las movilizaciones

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Los dirigentes sindicales de CCOO, UGT, CSIF, Intersindical y Sepca valoraron en líneas generales la iniciativa de que todas las administraciones canarias acuerden criterios comunes para organizar los procesos selectivos. Mientras los tres sindicatos de ámbito estatal defienden el texto legal promulgado por el Gobierno central, Intersindical y Sepca mantienen su posición de buscar fórmulas en Canarias que posibiliten que la totalidad de los empleados afectados por el abuso de la temporalidad puedan consolidar su puesto. En el caso de Intersindical se mantiene integrado en el comité de huelga de la Administración General junto a Co.bas, que no tiene representación en la mesa general.

Ayer tuvo lugar precisamente una jornada de paro general en el marco de las movilizaciones que realiza el comité de huelga. Los huelguistas mantienen que la ley estatal no garantiza que todos los que están en interinidad se queden en las plazas que ocupan y denuncian la «inseguridad jurídica» que existe porque hay aspectos de la ley que chocan con las normas y la jurisprudencia que emana de la Unión Europea. Mañana se cumple un año de la firma del acuerdo entre los huelguistas y la Administración que, según aquellos, no se ha cumplido.

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