Uno de los elementos esenciales definidores de un Estado es el territorio en el que éste puede desplegar su soberanía y excluye a otros Estados. Este territorio tiene una dimensión tridimensional: tierra (tanto superficial como subsuelo), agua (tanto continental –lagos, ríos…– como marítima) y espacio aéreo. Las fronteras entre Estados han sido definidas como las cicatrices de la historia, en tanto que, a menudo, han sido frecuentes las guerras entre países vecinos para determinar esas líneas políticas. Lamentablemente, la guerra en Ucrania demuestra que estos conflictos no son algo del pasado.
Los Estados con salida al mar han tenido desde siempre la aspiración de poder apropiarse del mar adyacente a sus costas por diferentes motivos; básicamente por razones de movilidad, control y seguridad, y por el aprovechamiento económico de los recursos que proporciona el mar (básicamente pesca y, desde hace algunas décadas, hidrocarburos). La pretensión de convivencia internacional pacífica hace que deba descartarse que cada Estado delimite de forma unilateral e incondicionada sus propios espacios marítimos de influencia en tanto que eso produciría una carrera desenfrenada de los Estados por apropiarse del máximo posible, algo que, sin duda, sería fuente constante de conflictos. Por esta razón, la Organización de Naciones Unidas, entre cuyos objetivos fundacionales está evitar conflictos internacionales, propició la elaboración de un tratado internacional que estableciera unas reglas válidas para toda la comunidad internacional, así surgió el Convenio del Mar de 1982, suscrito en la ciudad jamaicana de Montego Bay.
Este convenio establece los criterios por los que los Estados ribereños pueden desplegar diferentes competencias sobre diversas franjas del mar adyacente. Entre las categorías previstas por el convenio se destaca el mar territorial, que sería las primeras doce millas náuticas (algo más de 22 kilómetros) en las que el Estado despliega un control muy intenso de su soberanía, casi como si se tratase de tierra firme. Más allá de esas primeras doce millas, el Estado puede reservarse el aprovechamiento de los recursos económicos, vivos y no vivos (es decir, pesca, gas, petróleo, minerales, etc.), que haya hasta las 200 millas, es lo que se conoce como zona económica exclusiva. El límite de la ZEE de 200 millas tiene la posibilidad de ser ampliado, hasta un máximo de 350 millas, si el Estado ribereño acredita que existe una plataforma continental que es extensión submarina de su territorio. El derecho sobre la plataforma continental debía ser solicitado por los Estados ante la ONU hasta 2014, aportando estudios geológicos y oceanográficos que acreditaran esa realidad y, en caso de ser atendida, permitiría el aprovechamiento exclusivo de los recursos del lecho marino y del subsuelo, aunque no de la pesca convencional.
Aplicando el panorama expuesto a Canarias, se puede comprobar que los posibles conflictos con Estados vecinos vendrán al este con Marruecos y el Sáhara y al norte con Portugal (Madeira y las Islas Salvajes) y ello porque la poca distancia de Canarias con estos territorios impide que se pueda desplegar la totalidad de la zona económica exclusiva, y menos de la plataforma continental, en tanto que habría solapamiento con lo pretendido por unos y otros. Para la delimitación de la plataforma y de la zona económica exclusiva entre Estados ribereños vecinos, el Convenio de 1982 insta a solucionar las posibles discrepancias que surjan buscando una «solución equitativa» mediante la aplicación de los principios de Derecho Internacional (negociación de buena fe, teniendo en cuenta las circunstancias y factores relevantes –geográficas, geológicas, socioeconómicas, poblacionales, usos tradicionales de los recursos, …– y manteniendo la congruencia de los actos propios) que buscaría una solución justa, lo que no necesariamente implicaría la simple aplicación matemática de la regla de la equidistancia (la mitad para cada uno).
Lo cierto es que España no ha realizado hasta la fecha ningún acuerdo con los países vecinos en torno a la delimitación de los espacios marítimos en torno a Canarias. También hay que recordar que los tres países han presentado ante las Naciones Unidas solicitudes de reconocimiento de plataforma continental apoyadas en sendos estudios oceanográficos, todos ellos pendientes de resolución.
Con Portugal, el acuerdo podría ser sencillo en principio, se trata de países de la Unión Europea sin contenciosos territoriales relevantes y en los dos casos están involucrados archipiélagos. El problema viene por las Islas Salvajes, no porque España no reconozca la soberanía portuguesa sobre ellas ni su derecho al mar territorial, pero sí le niega derecho a tener ZEE en tanto que el convenio señala que las islas tendrán derecho a ZEE sólo si en ellas hay población que se pueda beneficiar de esos recursos, algo cuestionable en el caso de esas islas portuguesas deshabitadas, a excepción del guarda/farero del espacio natural protegido y ocasionales maniobras militares. Así, España defiende que la mediana de la ZEE debe calcularse entre Canarias y Madeira y no entre Canarias y las islas Salvajes como sí pretende Portugal.
Respecto a Marruecos, el asunto tiene otros problemas. En primer lugar hay que señalar que si bien Marruecos puede negociar por lo que respecta a su propio territorio, el derecho internacional no le autoriza a hacerlo en nombre del Sáhara, un territorio que la ONU tiene catalogado como «pendiente de descolonización» desde la salida de España en 1975. Además, Marruecos ha aprobado diversas leyes propias en las que hace una delimitación unilateral de su ZEE y plataforma continental, incluyendo las que corresponderían al Sáhara, que afectan a zonas también pretendidas por España. Se trata de normas unilaterales que no tienen eficacia internacional en tanto no han sido negociadas con los países vecinos ni presentadas ni avaladas por la ONU, seguramente su justificación sea razones de alcance político interno.
En los últimos días el Gobierno de España ha anunciado que se retoma la actividad de un grupo de trabajo hispano-marroquí que pueda avanzar para un acuerdo bilateral de delimitación de los espacios marítimos. En tanto ese acuerdo llega a buen puerto, el hecho es que tanto Marruecos como España utilizan el criterio de la mediana, así ha sido por parte de ambos países en las concesiones de licencias de estudios de prospección para posibles extracciones de hidrocarburos. En todo caso, también hay que tener en cuenta que si ese acuerdo afecta a aguas vinculadas al Sáhara, la ONU podría considerarlo nulo porque ni España ni Marruecos podrían decidir algo que afecta a intereses de un territorio del que, por el momento, carecen de soberanía, por mucho que el Gobierno de España se haya pronunciado recientemente, aunque de forma algo ambigua, a favor de una solución política que pasaría por una integración en Marruecos con un régimen de autonomía. De hecho, hay que recordar que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionó un tratado de pesca suscrito entre la UE y Marruecos porque incluía aguas que eran del Sáhara, no de Marruecos.
Como ejemplo práctico de la relevancia que tiene la delimitación de la plataforma continental en la zona suroeste de Canarias, fuera de las 200 millas de ZEE de Canarias y de Marruecos, hay que mencionar la presencia de diversos montes submarinos, entre ellos el bautizado como Tropic, que tienen altas concentraciones de metales raros y altamente cotizados por su uso en la industria tecnológica, telurio y otros. Por el momento la extracción de esos minerales sólidos en aguas profundas no parece económicamente rentable, pero en un futuro próximo los avances tecnológicos podrían hacerlo viable. De ahí, entre otras razones, nace el celo que ponen los gobiernos en mantener la integridad territorial de todo su territorio, lo que incluye aguas marítimas y derechos de explotación económica.
