Un "no" rotundo al gas. Es el lema principal del Frente Canario contra el Gas, una nueva plataforma conformada por colectivos de ecologistas y profesores universitarios encabezados por Ben Magec, cuyo objetivo principal es la derogación del decreto del Gobierno de España que permite la liberalización de las regasificadoras en Canarias al eximirlas de pasar por el procedimiento de autorización administrativa. Esta disposición incluida en la normativa aprobada por el Ejecutivo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania ha provocado que distintas organizaciones isleñas se unan para evitar lo que consideran un "auténtico atropello democrático". Así lo expresó esta mañana en la presentación de la plataforma uno de los portavoces, el exconcejal de Sí Se Puede en Granadilla de Abona y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Tenerife y La Palma, Antonio Cabrera. La preocupación principal de los integrantes del nuevo frente es que la decisión del Gobierno estatal frene el camino de Canarias hacia un modelo energético basado en energías renovables que le permita liberarse de los combustibles fósiles.
Los representantes de la iniciativa tildan de "errónea" la decisión del equipo de Pedro Sánchez y lamentan que no se haya consultado a Canarias antes de aprobar el polémico decreto cuando en las Islas el "debate del gas ya estaba cerrado". Para los miembros del frente resulta "incoherente" que el Gobierno forzara una reforma del sistema de formación de precios de la luz para desengancharlo del gas natural y ahora quiera vincular a las Islas con este tipo de hidrocarburo. El profesor de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Antonio González Viéitez, afirmó ayer que el Ejecutivo central pretende compensar su decisión de sacar el gas de la ecuación de precios del mercado energético "intentando que España sea la cabeza de entrada del gas norteamericano". "Nos han metido en una situación de guerra, donde se habla de una economía de guerra que ahora mismo tiene como objetivo fundamental sustituir el gas ruso por el americano", apuntó el profesor.
A su juicio, esa intención supondría "un auténtico paso atrás" en la lucha contra la crisis climática y por el respeto a la naturaleza y se daría en Canarias "el absurdo" de importar recursos energéticos pese a tener "tremendos recursos naturales". "Es como importar hielo en Groenlandia o arena en el Sáhara", ironizó González Viéitez, quien llamó a la sociedad canaria a demostrar, como en circunstancias anteriores con las prospecciones petrolíferas, todo su rechazo al gas "y a defender el futuro del medio ambiente y la humanidad".
Por su parte, el profesor de Ingeniería Industrial de la ULPGC, y miembro también de la nueva plataforma, Roque Calero, explicó que implantar dos regasificadoras en Canarias "sería muy caro" y costaría unos 600 millones de euros que habría que amortizar en 20 o 25 años. "Esto significa que durante ese periodo de tiempo no se puede eliminar el gas del sistema eléctrico y por tanto las renovables no van a poder introducirse en la cantidad que es posible y necesaria", reflexionó Calero, quien consideró que la introducción "masiva" del gas natural licuado sería "un freno tremendo" en un momento "crítico" para la extensión de las renovables en Canarias.
En esta línea se ha expresado también Antonio Hernández, abogado y portavoz de la plataforma Frente Canario contra el gas, quien señaló que en breve pedirán una reunión con el consejero de Transición Ecológica del Gobierno canario, José Antonio Valbuena , para instarle a pedir la derogación del real decreto. A su juicio, la medida del Gobierno de España significa la paralización de la introducción de renovables y "en lo que hay que centrarse ahora" es en medidas drásticas basadas en la autosuficiencia y en alcanzar el 100 % de renovables "cuanto antes".
Los representantes de la nueva plataforma animaron a partidos como Nueva Canarias a unirse a la iniciativa, en concreto se refirieron al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien ha mostrado públicamente su rechazo a la decisión del Gobierno central. Cabrera aprovechó la presentación para "tirar de las orejas" al Cabildo de Tenerife y criticó que sea "la única administración canaria" que apuesta por el gas pese a que el Gobierno canario, "de su mismo signo político", esté en contra.
