España dio el viernes 18 de marzo un giro histórico en su postura tradicional respecto al conflicto del Sáhara Occidental al expresar su apoyo al plan de autonomía marroquí presentado en 2007 ante Naciones Unidas. ¿En qué consiste esta iniciativa que ofrece Marruecos a los saharauis?
La propuesta marroquí plantea delegar algunas competencias a la población saharaui, dentro de un Estado fuertemente centralista que en los últimos años está implementando una regionalización siempre dentro de un Gobierno central que sigue asumiendo la mayor parte de competencias.
Según el texto de la iniciativa marroquí, la «región autónoma del Sáhara» tendría competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias, y facultades en el ámbito económico, tributario, de infraestructuras, cultural y social. Pero los poderes relacionados con defensa, exteriores, moneda, bandera y religión se quedarían en manos del Estado central.
Los saharauis tendrían también un gobierno y un presidente investido por el rey, pero que sería previamente elegido por el parlamento de la región. El documento enviado por Marruecos a la ONU añade que «el Estado marroquí, a través de esta iniciativa, garantiza a los saharauis, tanto los que están dentro como fuera, su posición y su pleno papel en las diferentes instancias e instituciones de la región, fuera de cualquier discriminación o exclusión».
Estipula asimismo que «los habitantes del Sahara, de forma democrática, pueden autogestionar sus instancias legislativas y ejecutivas y tendrán los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la región en todos los niveles». La iniciativa recoge un sistema judicial propio de la región con un tribunal superior regional, que estaría sometido a los tribunales Supremo y Constitucional de Marruecos.
El Reino de Marruecos sorprendió haciendo pública una carta remitida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI en la que calificaba el plan de autonomía para el Sáhara de «realista y creíble», un viraje de la política exterior española en este contencioso que dura más de 46 años. Pero 24 horas antes, el 17 de marzo, el Congreso de Estados Unidos mantuvo la tesis contraria y se alineó con Naciones Unidas, negándose los congresistas a reconocer al territorio saharaui como parte de Marruecos e instando a las partes en conflicto a ponerse de acuerdo en una solución pactada y duradera. En la misma línea también se ha pronunciado el gobierno chino, que tras una cumbre entre China y Argelia, ha defendido una solución para el contencioso del Sáhara acorde con la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU.
De esta forma, España se ha internado en un explosivo e inesperado escenario en el Magreb, inédito en décadas, con su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. El cambio en la política exterior española respecto a la excolonia ha provocado una crisis en el Gobierno de Sánchez, tensiona la política canaria y convulsiona la geopolítica en la zona.
La Cámara norteamericana debatió el pasado jueves la ley de asignaciones del Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados del año fiscal 2022 en la que se incluyen ayudas y apoyo al desarrollo de Marruecos pero, en esta ocasión, las partidas destinadas al Sáhara se separaron del paquete dirigido a Rabat. La norma venía refrendada con la firma del presidente Biden unos días antes, pero esto no fue óbice para que los congresistas dividieran en dos bloques la financiación destinada al país magrebí.
El congreso mantiene que Marruecos es un «socio valioso» de los Estados Unidos en muchos asuntos, que van desde el comercio hasta la seguridad regional en esta zona del norte de África. Sin embargo, en esta ocasión el Congreso no incluyó al Sáhara Occidental en Marruecos en la ley del año fiscal 2022 porque, al igual que las Naciones Unidas, no reconoce al territorio saharaui como parte de Marruecos.