El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) se encuentra en el ecuador de su programación, 2016-2025. En su gestación este programa, sufragado con los recursos del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) que Canarias ya no devuelve al Estado, fue tildado como un plan para el «clientelismo político» por todos los partidos de la oposición -PSOE, PP, Podemos y NC, a excepción de la Agrupación Socialista Gomera (ASG)- al considerar que el Gobierno de CC, entonces dirigido por Fernando Clavijo, lo puso en marcha para apoyar a cabildos y ayuntamientos del mismo color político y «castigar» a las que no lo fueran. La polémica se endureció con la propuesta inicial de su reparto mediante la triple paridad, lo que primaba a las islas con menor población.
Superadas las divergencias primigenias, cinco años después el Fdcan se ha convertido en una tabla de salvación inversora para cabildos y ayuntamientos al margen de su color político y los mismos que lo criticaban ahora lo defienden.
El presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Alpidio Armas, reclamó tras la última reunión de este órgano la firma de un segundo Fdcan para tres corporaciones insulares y que las cuantías anuales vuelvan a ser de 160 millones de euros, en vez de los 80 que el Gobierno está presupuestando desde 2020, principalmente por el retraso anual que acumulan los cabildos en certificar los gastos de las obras y los programas, en torno a un año y medio.
El Fdcan, dotado con 1.600 millones de euros, fue creado en 2016 con una vigencia de diez años, a razón de 160 millones anuales, para que las corporaciones insulares y locales acometieran inversiones destinadas, en teoría, a diversificar la economía, cambiar el modelo productivo, generar empleo y promover la cohesión territorial.
¿Ha servido para estos cometidos iniciales? Los cabildos defienden que es un instrumento muy importante para su desarrollo y que se han realizado proyectos de gran valor para las Islas y programas relacionados con la I+D+i o con energías renovables. Este fondo se debe destinar a tres ejes: el 5% de los recursos es para programas de innovación y desarrollo; el 75% para infraestructuras, como de transporte, construcción de viviendas, viveros de empresas, parques tecnológicos, zonas comerciales abiertas, es decir, todas aquellas infraestructuras que mejoren la competitividad de las Islas, y el 20% restante se debe destinar a políticas activas de empleo.
La realidad es que su influencia en el desempleo no es notable, como puede percibirse en los datos de paro, y el eje para infraestructuras se ha convertido en un cajón donde, según las certificaciones de las obras, parte del presupuesto se dedica a acondicionar carreteras, como es en asfaltado, mantenimiento de red viaria, o saneamiento, esto es, en obras que de por sí han de acometer las corporaciones insulares. Salvo excepciones, este fondo se ha convertido en un suplemento, incluso en sustitución, de los presupuestos propios en los capítulos inversores de las corporaciones y se usa para realizar numerosas obras -solo en Gran Canaria 300- que se van certificando anualmente con cargo al Fdcan, pero con una limitada transformación de las Islas. Y eso se percibe desde la Consejería de Hacienda que es quien controla las justificaciones del gasto. De hecho, ahora todas las expectativas para la transformación de Canarias se han enfocado hacia los fondos europeos de recuperación Next Generation.
Capitalizar a las corporaciones
Pero lo que sí ha hecho el llamado Fondo de Desarrollo de Canarias es ayudar a capitalizar a los cabildos y ayuntamientos, y más en una situación donde todos los recursos son pocos por la crisis derivada por la pandemia.
Ante los retrasos y dificultades en la ejecución de los fondos del Fdcan por parte de las corporaciones, la Consejería de Hacienda, que dirige Román Rodríguez (NC), pidió a los cabildos -sin cuestionar la financiación total de 1.600 millones- reprogramar la transferencia de fondos a las corporaciones y alargar los plazos, para así poder financiar servicios públicos y políticas sociales a través de los presupuestos autonómicos, y se les rebajó a 80 millones en 2020 la aportación anual de 160 millones.
La Fecai reclama que los presupuestos canarios vuelvan a recoger esos 160 millones. También tres cabildos -Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura-, que no firmaron convenios por los diez años que dura el fondo, sino por cuatro los dos primeros y cinco años el majorero al objeto de poder ir variando su programación, piden que se suscriba con ellos un segundo Fdcan para cumplir los años que faltan de este fondo, que en principio culmina en 2025.
Hacienda no tiene ningún inconveniente en firmar los convenios e incluso deslizarlos a más años ya que van retrasados. Y garantiza a todos los cabildos que va a pagar el cien por cien de la cuantía del Fdcan, pero como en la certificación de los gastos están tardando un año y medio, la demora demuestra que «no es necesario» poner en los presupuestos más de esos 80 millones porque supone adelantar recursos que se dejan de usar para otras cuestiones esenciales, explica el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado.
En este contexto, los cabildos han pedido una prórroga para las certificaciones de las obras y programas de 2020 -que se tenían que haber justificado en junio de 2021- hasta octubre de 2022. En cualquier caso, el viceconsejero sostiene que cuando le presenten las facturas por el total de la anualidad se les pagará sin ningún problema el cien por cien del fondo, como así han hecho de 2016 a 2019. El que tiene un mayor grado de cumplimiento en ejecución es Tenerife.
Según el gasto certificado de 2019, el último hasta ahora, y en base al reparto acordado con los cabildos, Gran Canaria obtuvo 42,7 millones de los 160 millones; Tenerife 47,6 millones; Lanzarote, 16,6 millones; La Palma 16,5; Fuerteventura, 14,6; La Gomera 8,2; y El Hierro seis millones. La distribución es similar cada año y los cabildos reparten con los ayuntamientos. Los municipios de Mogán (dos millones) y San Mateo (3,6 millones) tienen convenios propios y las universidades reciben un millón cada una.
Para la presidenta del Cabildo de Lanzarote, la socialista Dolores Corujo, que como portavoz del PSOE en el Parlamento canario en 2018 tachó el fondo de clientelista, el Fdcan «es un instrumento muy valioso para hacer frente a inversiones estratégicas en Lanzarote y La Graciosa». El fondo no ha sufrido cambios desde que se aprobó.
Mariano Hernández Zapata (PP) observa que aunque fue un fondo «ampliamente criticado» ha logrado convertirlo en este mandato «en un orgullo», pues entiende que ha promovido obras de importancia en la Isla y generado 2.500 empleos. En Gran Canaria, el consejero Carmelo Ramírez (NC) cree que ha sido positivo para la Isla y en cuatro años han invertido 340 millones, 50% del Gobierno y 50% cabildos y ayuntamientos, en más de 300 obras. Afirma que no va haber problema en firmar el convenio 2021-2026 con el Gobierno, que promoverá una inversión de 508 millones.
Inversiones y proyectos
El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) 2016-2025 contempla 1.600 millones de euros en diez años, a 160 millones por anualidad. El reparto por islas suele ser similar cada año. A Tenerife le tocan 47,6 millones; a Gran Canaria 42,7 millones; Lanzarote, 16,6; La Palma, 16,5;Fuerteventura 14,6; La Gomera 8,2 y a El Hierro, seis millones.
Las actuaciones con cargo al Fdcan son numerosas aunque muchas de ellas vinculadas a obras que han de realizar las corporaciones locales e insulares anualmente. En Gran Canaria, por ejemplo, se ha usado para la rehabilitación y acondiciocionamiento de la red viaria; la metroguagua; en la zona comercial abierta de Telde o en la reorganización del paseo de Las Canteras frente a la Cicer. En Tenerife, en proyectos de saneamiento y alcantarillado y depuración en municipios; mejora y pavimento en caminos rurales o en ‘barrios por el empleo’; en La Palma destacan proyectos como el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos, el Agromercado de Breña Alta o en La Palma Smart Island’, para conectar la Isla; y en Lanzarote en los parques eólicos, entre otros.
