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Gabilondo se estrena con críticas al modelo migratorio y al Plan Canarias

El informe del Defensor del Pueblo denuncia la presencia de mayores de edad en los centros de menores migrantes no acompañados del Archipiélago

Ángel Gabilondo, ayer durante la presentación del informe. | | EDUARDO PARRA / EP

El Defensor del Pueblo vuelve a denunciar las deficiencias del modelo migratorio español y la ausencia de una política común. En su informe anual, presentado ayer, la institución destaca los problema del Plan Canarias, como la superación del plazo legal de 72 horas en que puede estar retenida una persona. Ángel Gabilondo, responsable del organismo pidió una revisión a fondo del modelo para llegar a un sistema de «integración avanzada» de todos los estamentos involucrados, tanto del Estado como de las autonomías y los ayuntamientos.

Durante 2021, recuerda el informe, llegaron de manera irregular 41.945 personas a España, de ellas 22.316 al Archipiélago, al que prestó especial atención. El Plan Canarias permitió adecuar infraestructuras para la acogida de los migrantes en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, pero la pandemia –recalca el informe– supuso «un grave obstáculo» para poder «conjugar el imprescindible control sanitario, de competencia autonómica, con unas condiciones de acogida digna».

«Se ha de mejorar la coordinación de los tres organismos implicados (servicios sanitarios canarios, Policía Nacional y Secretaría de Estado de Migraciones). Esa falta de agilidad en las derivaciones ha supuesto «en demasiadas ocasiones que estas personas pasen más tiempo del legalmente establecido (72 horas) en custodia policial, en instalaciones inadecuadas», agrega el documento.

La institución aplaude el trabajo de los servicios de protección de menores

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Además, como hiciera a lo largo de 2021, el Defensor del Pueblo también muestra su preocupación por las devoluciones colectivas que se ha producido «sin el procedimiento adecuado» y reprocha que sigan haciéndose. Echa de menos una política común «capaz de conjugar los intereses de quienes ya están aquí con las legítimas aspiraciones de las familias de vivir juntas; o las de aquellos que quieren venir a trabajar con las necesidades del mercado de trabajo español».

Demoras burocráticas

Un año más, dice el Defensor, las quejas se han centrado en las demoras en los trámites tanto para la obtención de las tarjetas de identidad, como en las citas para solicitar la protección internacional o asilo. Y en este último caso, una vez solicitada, las quejas vienen por las largas esperas para las entrevistas o para la obtención de la documentación que acredite su condición de solicitante de asilo.

Recuerda que ya hay casi dos millones de personas que cuentan con una autorización de residencia de larga duración, pero tienen que renovar su tarjeta de identidad cada cinco años. Las dificultades para la obtención de una cita previa para ello es un «motivo constante» de quejas.

La demanda de agilidad pasa también por los trámites de residencia de los más de 2.800 menores extranjeros no acompañados que tutela el Gobierno de Canarias. Solo se presentaron 310 solicitudes durante 2021. Además, el informe señala que no se ha materializado «ninguna» de las cuestiones a corregir señaladas por técnicos de la institución en la visita sorpresa a las Islas que realizaron el pasado noviembre.

Las Islas aparecen como una de las comunidades autónomas «no colaboradoras»

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«Con ocasión del viaje realizado por técnicos de esta institución a Canarias, se visitaron seis centros de protección de menores y se tuvo ocasión de comprobar que un significativo número de los residentes en estos centros eran mayores de edad», apunta el documento, que agrega que esto contraviene la doctrina del Tribunal Supremo al respecto. A ello suma los obstáculos para el acceso al procedimiento de asilo de aquellos menores con necesidad de protección internacional.

«Se comprueba con preocupación que la atención en estos centros de acogida inmediata ha ido mucho más allá del tiempo imprescindible para la determinación de las medidas de amparo más adecuada», continúa el informe, que sí reconoce el «alto grado de implicación» de los servicios de protección de menores en Canarias y recoge la «urgente necesidad» de arbitrar mecanismos de reparto entre las distintas comunidades autónomas

El Archipiélago aparece junto a Cataluña, Madrid Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana en el grupo de las administraciones «no colaboradoras» al demorarse en responder los requerimientos o, incluso, no hacerlo.

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