El proyecto estrella de 'pacto de las flores' (PSOE, NC, Podemos y ASG) y "bebé" de la Consejería de Derechos Sociales, la Renta Ciudadana Canaria, inicia su trámite en el Parlamento regional dos años después de lo que el Gobierno de Ángel Víctor Torres preveía para 2020. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha hecho entrega hoy viernes del proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias al presidente de la Cámara regional, Gustavo Matos, un documento que Santana tildó de "bebé" y que ahora debe crecer en la Cámara.

Esta norma sustituirá a la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) y complementará el Ingreso Mínimo Vital estatal, así como plantea otros complementos para las pensiones no constributivas de Canarias. Además, la renta, basada en el modelo vasco que funciona desde hace años, prevé ayudas a la vivienda, a los estudios y a los trabajadores con salarios bajos. Pero estos complementos no llegarán como mínimo hasta dentro de dos años, porque ahora esta renta ciudadana se limitará a asumir las actuales PCI -10.337 a final de marzo- de forma automática.

En total se espera que beneficie a 50.000 familias canarias que perciben pensiones no contributivas, fondos de Ayuda Social o una Prestación Canaria de Inserción.

Si la tramitación parlamentaria no se demora en exceso la previsión más optimista es que pueda aprobarse en la Cámara en junio o julio y entrará en vigor dos meses después. En una primera fase asumirá las PCI y posteriomente, con el desarrollo reglamentario de la ley, lo que va a tardar tiempo, se efectarán esos complementos.

La renta mínima canaria ha pasado por varias vicisitudes, la principal la puesta en marcha por el Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital , que hoy perciben 19.000 familias canarias, lo que obligó a modificar el sentido inicial de la renta canaria. Por tanto, la norma entrará en vigor, apurando, en la recta final de la legislatura.

Entre las novedades, no hay límites en el tiempo que dura la prestación si los beneficiarios no cambian sus condiciones socioeconómicas; se agilizan los trámites administrativos para la concesión de la ayuda y desaparecen las renovaciones, de tal forma que habrán revisiones anuales que realizará los técnicos de Derechos Sociales. El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV en caso de que éste no ofrezca la cuantía completa y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias.

Entre estos perfiles se encuentran la inclusión social de los jóvenes o como complemento de los ingresos por trabajo en aquellas situaciones en que los salarios sean muy reducidos. También dará cobertura a los menores tutelados que alcanzan la mayoría de edad y se quedan literalmente en la calle. La horquilla de las ayudas es de 517 euros para una persona sola, hasta 1.082 euros para una unidad familiar con cuatro hijos y 1.190 euros si es familia monoparental con cuatro hijos.