El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, trasladó a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo de dar continuidad y mayor calidad a la asistencia letrada que reciben las personas migrantes que llegan a las islas. Acnur anuncia que dará formación en idiomas a abogados del turno de oficio y a exponer un código de buenas prácticas.
Julio Pérez y Sophie Muller, que participaron de forma telemática en una reunión de trabajo celebrada en Las Palmas, entre la Consejería y el organismo internacional, a la que también asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; las oficiales de protección del Acnur Carolina Mateos y María Vallés, y la oficial sobre el terreno en Canarias Claudia Pérez, además de la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, igualmente por vía telemática, destacaron la sintonía y coincidencia que existe entre los objetivos del Acnur y las responsabilidades del mencionado departamento del Gobierno autónomo. Julio Pérez hizo hincapié en que desde el inicio de la presente legislatura se han perfeccionado los mecanismos de asistencia jurídica gratuita a migrantes y, para ello, recordó el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la prestación de este servicio y la ampliación de crédito aprobada con este fin, además de la reducción del número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno, con el objetivo de prestar una atención jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.
Por parte de los representantes del Acnur, se insistió en la importancia de contar con suficientes intérpretes para ayudar a mejorar la atención de migrantes una vez que llegan a las islas y, de ese modo, facilitarles el acceso a sus derechos. El organismo internacional prevé dar solución al déficit existente actualmente, sobre todo de especialistas en lenguas minoritarias africanas, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto de apoyo a los colegios de abogacía, que incluye formación en esta materia y un catálogo de buenas prácticas. El consejero manifestó la preocupación que existe en el Gobierno canario por exponer y convencer a la Unión Europea de que la gestión de las fronteras es una responsabilidad del conjunto de la UE, no solo del país o territorio por el que llegan las personas migrantes.
