La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, garantizó ayer que las presiones de las empresas de la escuela privada no van a hacerla retroceder ni un paso en su intención de promover nuevas plazas, «públicas y gratuitas», para la enseñanza de los menores de cero a tres años. «Es mi obligación», recordó la representante del Ejecutivo autonómico, que insistió en que, con ella, las presiones no funcionan: «No lo van a conseguir».

Armas explicó en respuesta a una pregunta del diputado del grupo mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, que las quejas de las empresas del sector de la enseñanza infantil son parecidas a las que en su día manifestaron las guarderías privadas cuando se inició la escolarización desde los tres años. «Entiendo al colectivo, porque cualquiera quiere defender su negocio, pero no voy a dejar de cumplir mi obligación para que las empresas privadas vivan de eso; conmigo no lo van a conseguir», subrayó la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Además, Armas aseguró que la promoción de nuevas plazas para niños de cero a tres años no supondrá la destrucción de puestos de trabajo, ya que los alumnos serán atendidos por maestros, técnicos y auxiliares de educación infantil. De hecho, el Gobierno de Canarias promueve un proyecto piloto para habilitar 32 aulas para alumnos de dos años. Un proyecto que el parlamentario del grupo mixto ve «difícil de llevar a cabo».

Fernández de la Puente aseguró que si los planes del Ejecutivo salen adelante, la red de centros privados estaría «abocada a desaparecer», y con ella desaparecerían muchos empleos, sobre todo de mujeres, apuntó el parlamentario. El diputado también denunció la falta de participación del colectivo en el plan estratégico que elabora la consejería y pidió «derecho y libertad» para las familias en la elección de los centros y el acceso a las ayudas a la escolarización temprana.