Dolores Loly Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote, debe ser salvada. Como el personaje de Matt Damon en Salvar al soldado Ryan. A Ryan había que devolverlo a casa sano y salvo para que su madre no perdiera a sus tres hijos –los dos hermanos del soldado ya habían caído– en la Segunda Guerra Mundial. Y a Loly hay que devolverla íntegra a la silla presidencial del Cabildo lanzaroteño después de cada pleno en el Parlamento de Canarias, donde ocupa uno de los escaños del PSOE. Una madre esperaba a Ryan y una isla espera a su presidenta. Así que los diputados socialistas en la Cámara regional, con el parlamentario Pedro Viera llevando el peso de las operaciones de rescate –como hiciera Tom Hanks en la película de Steven Spielberg–, lanzaron ayer una escaramuza contra las líneas enemigas. Es decir, contra Coalición Canaria (CC). Los nacionalistas llegaron al salón de plenos del Legislativo dispuestos a «desgastar» a Corujo. Y no de cualquier forma, sino con maneras antidemocráticas. ¿Cómo? Pues llevando al Parlamento asuntos de Lanzarote, algo que a juicio de Viera es un ejercicio de «cinismo». Es verdad que el socialista es uno de los nueve diputados elegidos en la lista autonómica, pero los restantes 61 parlamentarios se distribuyen en el hemiciclo en circunscripciones insulares, incluida la de Lanzarote.
En cualquier caso, en la bancada del PSOE están convencidos de que los nacionalistas no tienen mayor interés en asuntos como el de las jaulas marinas en el litoral conejero, sino que lo que buscan en realidad es «desgastar» a Corujo. Según el relato de los socialistas, que por boca de Viera recordaba por momentos la voz en off que acompañaba al personaje de Tom Hanks en su periplo en busca de Ryan, los de CC intentan forzar un cambio de gobierno en el Cabildo de Lanzarote. «No por la vía democrática» –aquí el parlamentario tiró de eufemismo–, «sino por hechos consumados» (sic).
Así que la pregunta de Viera a su correligionaria Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, no sirvió tanto para saber qué está pasando con las jaulas marinas en Lanzarote como para que el parlamentario socialista se desahogara: en CC son «unos verdaderos incompetentes». De hecho, tras la dureza del discurso de Viera, que incluso denunció la «cobardía e inacción» de los nacionalistas, había un argumento con el que rebatir las críticas de los de Coalición a las susodichas jaulas. Porque al fin y al cabo ese era el meollo de la polémica: que hay unas instalaciones marinas que a los de CC no les gustan. Vanoostende optó así por alejarse de la crispación y centrarse en el argumento. Un argumento tan sencillo como que los nacionalistas ven mal lo que ellos mismos autorizaron en su día y que se diluyó en medio del ataque de Viera. El caso es que el Plan Regional de Organización de la Acuicultura se aprobó en 2018 durante el gobierno de Coalición Canaria. Por eso la consejera dijo observar «con máxima sorpresa» cómo en CC repudian ahora una actividad, la de la acuicultura, que de algún modo se viabiliza en ese plan de 2018 y cómo la contestación social en Lanzarote no deja de crecer. «Se presentan [en CC] ante los ciudadanos como los salvapatrias», continuó Viera en su tono mucho más beligerante que el de la consejera, cuando la actual controversia pudo evitarse si en su momento no se hubiese autorizado esta actividad. «Son unos verdaderos incompetentes que ahora acusan al actual Gobierno para ocultar su incapacidad manifiesta y su verdadero cinismo político», se explayó el parlamentario.
Fruta
La responsable del área de Agricultura no solo abordó la polémica de la acuicultura, sino también la de la fruta y la verdura en los colegios. Vanoostende expuso que el programa de frutas y verduras en los centros no se llevará a cabo debido a que se detectaron irregularidades en 2018. El diputado de CC y anterior consejero del área, Narvay Quintero, había preguntado a Vanoostende por el número de colegios y alumnos que se beneficiarán este curso del programa de frutas y verduras, a lo que la socialista respondió que los problemas detectados desaconsejan poner en práctica el plan. La intervención general de la Comunidad Autónoma ha fiscalizado la ejecución del plan en 2018 y ha detectado irregularidades en la actuación del Instituto de Calidad Agroalimentaria de Canarias y en Gestión del Medio Rural, de ahí que reclame el reintegro de 600.000 euros. El tener que devolver ese dinero ha forzado a dejar la promoción del Instituto de Calidad Agroalimentaria. La consejera criticó que Gestión del Medio Rural no cumplió entonces la ley de contratos.
