El comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que dirige Noemi Santana (Podemos), no puede más. Lleva meses denunciando el "caos" en la gestión de este área, la falta de personal, los problemas psicológicos, incluso, que están padeciendo los trabajadores por la ingente cantidad de trabajo que realizan, la externalización 'sin tino' de los servicios a ONG y la falta de respuestas por muchas quejas que han presentado al respecto. Exigen "con carácter inmediato", el compromiso del presidente, Ángel Víctor Torres ,o de su vicepresidente, Román Rodríguez, de un calendario "corto de fechas" para dar solución a su reiteradas demandas. O en su defecto reclaman "la dimisión de la consejera Noemí Santana, la viceconsejera, Gemma Martínez, la secretaria General Técnica , Marlene Santana, y la jefa de Servicio de Personal, todos responsables de la administración y organización del la Consejería", exponen desde el comité de empresa de este importante área.
A los problemas de las demoras en las solicitudes de dependencia, que provocó la dimisión del director general Miguel Montero, o a la cuestionada negociación que se está llevando a cabo del Catálogo de Servicios Sociales, que ha sublevado a colectivos del sector y colegios de trabajadores sociales y de psicólogos - y cuya aprobación se va a demorar por lo que es previsible que tampoco salga adelante este año- se suman las quejas de los trabajadores de la Consejería. "No contentos con cargarse las plazas de los laborales, son incapaces de cubrir las vacantes que se producen ( jubilaciones o bajas)", expone el comité de empresa de ambas provincias. En este contexto, abunda en que la Consejería de Derechos Sociales "no atiende a la población necesitada de Canarias, no dota presupuestariamente plazas necesarias para el correcto entendimiento de la población, no cubre las plazas vacantes por jubilaciones y no ha estado realizando todas las sustituciones por bajas médicas y licencias".
En esta ocasión quieren visibilizar la situación de la infancia y protección al menor. "Todas estas circunstancias, generan estrés y sobre carga de trabajo sobre el resto de trabajadores. No existe una planificación ni efectiva ni coherente del trabajo a realizar ni de los servicios en su conjunto, lo que en estos momento se traduce en un aumento de las condiciones de desprotección y de la perdida de los derechos del menor y las familias. La disposición y distribución de los espacios de trabajo se estima perjudicial tanto para la atención a los usuarios como a su privacidad y confidencialidad ", denuncian.
La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia "no requiere de planes de choque, que son parches". El comité de empresa ha denunciado reiteradamente a sus directivos esta precariedad que soporta cada uno de los servicios de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. El número de menores detectados con necesidades graves de protección que la Dirección General en la actualidad tiene a su cargo, solo en la provincia de Las Palmas, son unos 1.850 (unos 800 menores se encuentran acogidos en familia extensa, unos 200 están acogidos en familia ajena y unos 650 menores se encuentran en hogares de protección) y este número de menores tienen asignados tan sólo a 20 técnicos de la Dirección General para tomar decisiones sobre su protección, educación y seguimiento.
A lo largo del año se han abierto unos 600 casos nuevos a investigar e instruir por tan solo tres trabajadoras (unos 120 requirieron declaración de desamparo y el resto continuar con declaración de riesgo o con acciones socioeducativas puntuales). Existe un retraso en la declaración firme de situaciones de desamparo y en la revisión de contratos con las familias acogentes, como mandata la nueva Ley de modificación del sistema de protección, de más de 1.600 expedientes/menores por falta de técnicos, de juristas (sólo hay dos y si se pone de baja no se sustituye) y de administrativos. En este asunto, unos 170 expedientes/menores están pendientes de emitir la resolución de declaración de situación de desamparo del menor y a continuación realizar el contrato con la familia acogente y unos 500 expedientes/menores se han acumulado desde 2011 donde los menores que están en centros o en acogimiento tienen un desamparo provisional que todavía no se ha confirmado y muchos expedientes se cierran porque los menores cumplen la mayoría de edad; desde el 2015 hay unos 1.000 expedientes que están pendientes de ser revisados porque la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección requiere hacer contratos, actualizar contratos, etc ; contratos que redundan en la posibilidad de atender sanitaria y educativamente al menor por parte del acogente.
Al ser las ratios de los técnicos tan altas, de hasta de 150 menores por técnico, no se puede supervisar adecuadamente el trabajo que realizan las entidades colaboradoras dependientes de las corporaciones insulares, que son las que tienen que proponer la revocación del desamparo para que la familia de origen recupere la tutela o, si no es así, proponer la suspensión del permiso especial para que el menor regrese al Hogar de Protección (ya que antes de la reunificación familiar de menores que residen en hogares de protección, se les concede un permiso especial con la familia de origen pero, sucede, que muchos llegan hasta la mayoría de edad sin haberle revocado el desamparo, por lo que el hogar, sin el menor, ha podido estar cobrando hasta tres años su manutención y la familia no ha recibido ninguna ayuda económica).
También critican la gestión en las escuelas infantiles de niños/as de 0 a 3 años dependientes de esta Consejería del Gobierno de Canarias. El personal no es sustituido en tiempo y forma y provoca que los niños de estos centros educativos se vean afectados, teniendo que ser enviados a sus domicilios, porque sus educadores no han sido sustituidos o se externalizan estos servicios.
Respuesta del Gobierno
La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, disiente. Nunca antes se había contratado a tantas personas para dependencia o infancia, en torno a 200, precisa, pero siempre dentro de lo que exige la normativa. Comprende las críticas del comité de empresa pero no las comparte y asegura que, aunque ya se han sentado a hablar, lo harán las veces que quieran los representantes de los trabajadores. "¿Qué me digan un solo servicio que hemos externalizado?", cuestiona. "Lo que nos piden los hacemos y solo estamos aplicando la normativa", recalca y censura que desde el comité de empresa "no sean propositivos" sino críticos pese a que están intentando modernizar y cambiar la consejería.
