El Ministerio de Hacienda quiere acabar con la morosidad en los ayuntamientos. Para ello, el departamento que dirige María Jesús Montero ha puesto en marcha un mecanismo extraordinario para agilizar el pago de miles de facturas que los municipios tienen todavía pendientes de abonar a su proveedores. En él, ha incluido a todos los consistorios cuyo periodo medio de pago es superior a los 30 días que marca la ley y en Canarias 37 ayuntamientos de todas las Islas y cinco cabildos –excepto el de Gran Canaria y La Gomera– estarán obligados a saldar sus deudas atrasadas.
¿Cómo funcionará este Plan de Pago a Proveedores? Las 1.640 entidades locales de todo el país incluidas en él deberán comunicar a Hacienda las facturas pendientes anteriores al 1 de julio de 2021 y adherirse al fondo de financiación, dotado con 2.000 millones inicialmente, a través del que se realizará el pago de estas obligaciones. Los proveedores podrán comprobar a través de una plataforma telemática si la información comunicada por los ayuntamientos es correcta y reclamar en caso de que no sea así. Al aceptar adherirse a este sistema de pago renunciarán al cobro de intereses de demora.
Para la inclusión de las entidades locales en este listado, Hacienda ha tomado como referencia el periodo medio de pago a proveedores de entre el final de 2020 y el primer semestre de 2021 y ha puesto como plazo máximo los 30 días que marca la ley. Pero en el caso de algunos de los ayuntamientos canarios el tiempo que tardan en pagar sus facturas es estratosféricamente superior al que estipula la normativa. El primer puesto del podio lo ocupa Las Palmas de Gran Canaria, que se demora hasta 408 días en pagar sus deudas, es decir, más de un año. Le sigue San Bartolomé de Tirajana con 362 días y la lista la cierran Tacoronte, que tarda 203 días de media, Agaete, 222 e Icod de los Vinos cuyos proveedores no cobran hasta 196 días después, según los datos del Ministerio de Hacienda.
En su conjunto, los ayuntamientos canarios que incumplen el periodo medio de pago deben más de 68 millones de euros en facturas a empresas, pymes y autónomos por los servicios prestados, tal y como consta en los datos recopilados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Sin embargo, algunos de los municipios canarios incluidos en este plan estatal insisten en que los retrasos en el abono de las facturas no son por causa de un problema de liquidez sino que responde a otros motivos.
«Se trata de un sistema preparado para entidades con problemas de financiación y ese no es nuestro caso», recalca Tarsis Morales, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Tacoronte desde hace dos meses. El atasco respecto a las facturas «viene de hace años» debido a problemas con la intervención. «A nosotros el sistema no nos va a resolver la situación», insiste y por eso desde el Ayuntamiento se están tomando medidas para mejorar la gestión. «Hay un nuevo interventor y hemos reordenado las áreas para reducir el periodo medio de pago», explica.
El Ayuntamiento de Telde –uno de los municipios canarios incluidos que tiene una deuda más elevada con sus proveedores, 4,4 millones según la AIReF– ha trasladado al Ministerio de Hacienda que no quiere acogerse a ningún plan de financiación porque «no lo necesita, pues no tiene ningún problema de liquidez» y considera «un error» que se le haya incluido en este mecanismo al estar «saneado». Fuentes municipales apuntan que las facturas pendientes «ascienden a una cantidad muy modesta» y no se han abonado «porque se encuentran inmersas en los trámites legales de cualquier factura».
El alcalde icodense, Francis González, achaca a la falta de personal en el Ayuntamiento el retraso en el pago de las facturas. «No es que no se quiera pagar, hay un déficit en la estructura y no podemos afrontar los trámites», sostiene, algo que vincula a la exigua tasa de reposición de las plantillas públicas. De esta manera, explica que aprovecharán el mecanismo impulsado por Hacienda para agilizar el pago de las facturas, al mismo tiempo que se trabaja desde el Ayuntamiento para rebajar el plazo de pago a los proveedores.
La medida busca evitar una sanción de Bruselas
El plan estatal extraordinario para agilizar el pago de las facturas atrasadas de muchos ayuntamientos, puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, busca eludir una sanción de la Comisión Europea por la alta morosidad de las administraciones públicas españolas. El pasado año, Bruselas dio un ultimátum por el incumplimiento de la directiva europea sobre morosidad, aprobada hace más de una década, que obliga a la administración pública a pagar sus facturas en un plazo de 30 días y a servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial. Hace más de un lustro que la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España por este motivo pero debido a la inacción en esta materia, la posibilidad de una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) estaba más cerca que nunca. Por eso, el Ministerio, comandado por la socialista María Jesús Montero, puso manos a la obra y se apresuró a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 el mecanismo de pago a proveedores para las entidades locales, dotado con 2.000 millones de euros. El plan obliga a acogerse a él a aquellos ayuntamientos, cabildos y organismos dependientes cuyo periodo medio del pago de sus facturas sea superior al mes que marca la ley.
