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Fuerteventura presiona a Torres para parar los expedientes de los hoteles

Todos parlamentarios demandan que los casos del ‘Tres Islas’ y el ‘Oliva Beach’ se paralicen hasta que Canarias asuma las competencias en Costas

Hotel RIU Oliva Beach, a pie de la playa de Corralejo en Fuerteventura. | GABRIEL FUSELLI

Los ocho diputados del Parlamento de Canarias elegidos por la circunscripción de Fuerteventura, sin ninguna excepción y con independencia de colores políticos, le han solicitado al Gobierno regional que interceda para tratar de paralizar los expedientes de la Demarcación de Costas sobre los hoteles Tres Islas y Oliva Beach, a los que se ha abierto expediente. En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, los diputados majoreros –tres socialistas, otros tantos nacionalistas, uno del PP y una última, Sandra Domínguez Hormiga, no adscrita a ningún grupo parlamentario tras su salida del de Nueva Canarias– le piden que el Gobierno «se persone» en el caso de estos dos establecimientos –incoados por la caducidad de la concesión de los terrenos sobre los que se levantan– y exija su suspensión. La intención es que la suspensión se mantenga hasta que la Comunidad Autónoma asuma las competencias en Costas –el traspaso es cuestión de tiempo– y entonces salvar de la quema a los dos hoteles. «Hasta tanto en cuanto el Gobierno de Canarias no asuma las plenas competencias sobre las costas de las Islas, tal y como viene recogido en la última reforma del Estatuto de Autonomía», reza la misiva de los parlamentarios de Fuerteventura.

El presidente enfría los ánimos: «Nadie puede tener esperanzas de no aplicar la ley»

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«Cualquier nueva decisión al respecto de estos dos hoteles debe realizarse en Canarias», exponen los ocho diputados de la isla oriental. Hay que recordar que el traspaso de las competencias en Costas ya debería haberse finiquitado si se hubiera cumplido el calendario inicial. Sin embargo, la cesión sigue sin materializarse, hasta el punto de que cada nueva fecha o avance anunciado desde el Ejecutivo es recibido con desconfianza –rayana con la chanza– entre los partidos de la oposición.

No obstante, ahora son todas las fuerzas políticas que representan a Fuerteventura en la Cámara autonómica –también el PSOE, del que Torres es secretario general en el Archipiélago– las que hacen piña en defensa de los hoteles Tres Islas y Oliva Beach, de la cadena Riu, y por encima de todo en defensa de sus 700 trabajadores. Al Gobierno de Canarias se le complican así las postrimerías de un proceso de traspaso de competencias que ahora se anuncia para el próximo verano como en su día se anunció para el verano del año pasado.

Torres responde

Ángel Víctor Torres respondió ayer mismo, al menos de manera pública, a la carta de los parlamentarios majoreros, aunque no precisamente en línea con su petición. El presidente del Ejecutivo isleño, en declaraciones recogidas por Efe, dejó claro, ya de entrada, que «nadie puede tener esperanzas de no aplicar la ley». «La ley hay que acatarla y se deben hacer las cosas dentro de la legalidad», dijo el jefe del Gobierno regional en referencia, en concreto, a la situación del Hotel Oliva Beach. El también máximo dirigente del PSOE en la Comunidad Autónoma aseguró conocer los expedientes de ambos establecimientos, que se remontan a 2017, y lamentó que no se hubiesen resuelto en el plazo correspondiente de seis meses, «cuando había un gobierno del PP en Madrid y otro gobierno regional en Canarias», precisó. «No se resolvió, y esos expedientes han dado pasos y han sufrido caducidades e incoaciones de obras no sujetas a legalidad», continuó el presidente, que aseguró que le «preocupa muchísimo» la situación de los trabajadores. «Seguiremos hablando, y lo ideal sería buscar una solución dentro del marco legal; no hay divisiones respecto a esto», afirmó.

Los establecimientos amenazados en Fuerteventura dan trabajo a alrededor de 700 personas

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En lo relativo al traspaso de las competencias en Costas, Torres se reafirmó en que el texto con el que se cerrará el acuerdo es «el mismo» que en su día se utilizó para Cataluña y Andalucía, porque Canarias «no pedía menos». Además, trató de poner en contexto el retraso en la materialización del traspaso. En Andalucía, dijo, tardaron cinco años, y en Cataluña hicieron falta varios decretos. «Somos la comunidad que menos ha tardado en tener las competencias en Costas», subrayó.

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