Canarias sortea el colapso de los centros de acogida de menores migrantes gracias a la salida de 98 adultos en una semana. Las pruebas óseas han determinado que este centenar de personas, que permanecía bajo la tutela del Gobierno de Canarias, eran mayores y edad. Hoy, 38 migrantes abandonaron el centro de El Hierro que, de momento, cuenta con 16 plazas ocupadas y 39 libres. Los adultos que salen de estos recursos alojativos pasan a ser responsabilidad del Ministerio de Migraciones, que los acoge en sus instalaciones. Fuentes del Ministerio de José Luis Escrivá señalan que en estos casos aplican «una interpretación extensiva de sus competencias, primando siempre la atención humanitaria». Si encaja en el perfil de persona vulnerable, el Ministerio del Interior tramita su traslado a algún punto de la Península para que continúe con su ruta migratoria y, de lo contrario, los repatria a su país de origen o tránsito.
Este acelerón en la tramitación de las determinaciones de edad no está vinculado con un incremento en la intensidad de las verificaciones, ni con un aumento de los recursos. «Estamos trabajando igual y al mismo ritmo, porque los efectivos son los mismos, eso se debe a que los expedientes que hemos tramitado han correspondido a adultos», apunta la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García. Según los últimos datos de la Consejería de Derechos Sociales, de los 2.819 menores extranjeros en desamparo familiar que hay en Canarias, 1.282 están pendientes de las pruebas de determinación de edad. Ante estas cifras, García lamenta la falta de medios en todos los estamentos implicados en el proceso. «Somos dos fiscales y va a entrar una tercera, pero también hace falta reforzar a los funcionarios o a los equipos de medicina legal», señala la fiscal.
Un exceso de prudencia policial lleva a que algunos mayores sean tratados como niños
Tras una llamada de auxilio al Gobierno de España por la falta de plazas para atender a más niños migrantes, la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia del Ejecutivo canario, Iratxe Serrano, detalló que en el centro de El Hierro había cuatro hombres de más de 40 años, con mujeres e hijos, que refirieron ser menores a su llegada y la policía los tramitó como tales. García sostiene que «no es de recibo» que el responsable del recurso o la Consejería no hagan llegar a la Fiscalía la información necesaria para tramitar esos casos. «Nosotros no estamos en los centros de menores», destaca García, quien subraya que desde que la Fiscalía tuvo conocimiento por escrito de que había personas supuestamente mayores de edad «la fiscal de Santa Cruz de Tenerife se plantó en El Hierro y determinó la mayoría de edad».
En ocasiones, el ingreso de migrantes con más de 18 años en los centros de menores responde, según García, a un exceso de prudencia policial. Reconoce que hay una franja de edad que genera dudas, con chicos de 20 ó 21 años que pueden aparentar ser más jóvenes. Pero hay otros casos muy claros, que por su físico se percibe que son mayores de edad. «Hay personas que se autodefinen como mayor o menor, pero hace falta que la autoridad española que esté a pie de playa adopte una decisión», asevera la fiscal, quien advierte que en el momento en el que se presenta la duda prima la minoría de edad.
Salen 38 migrantes adultos del centro de acogida de El Hierro, donde solo quedan 16 menores
La consejera de Derecho Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, reiteró que el Archipiélago vive una situación límite con respecto a la acogida de menores extranjeros no acompañados, porque «no hay ni una plaza más». La sobrecarga del sistema, apuntó, no permite garantizar un trato correcto a los niños. «Nuestra preocupación es que en el futuro se merme la atención, no lo vamos a permitir, llegaremos hasta donde tengamos que llegar», indicó. Además, insistió en la necesidad de reclamar corresponsabilidad al resto de comunidades autónomas. Se mostró dispuesta a abrir un debate en profundidad sobre la devolución de competencias porque la legislación «siembra dudas». Santana realizó estas declaraciones durante su intervención en una comparecencia en el Parlamento canario a petición del grupo Socialista para analizar la atención a los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Ejecutivo regional.
«Laguna legal»
Ni la legislación regional y ni la nacional hacen referencia directa a que la comunidad frontera a la que arriban los migrantes menores sin un adulto responsable tenga que hacerse cargo de su tutela. «Existe una laguna legal importante» y por ello «va a ser muy útil» la próxima reunión bilateral Canarias-Estado «para dar luz y fijar qué criterios seguimos a la hora de abordar la tutela» de los menores, reconoció Santana. La consejera lamentó la «falta de colaboración» de algunos ayuntamientos canarios para abrir centros y criticó también la escasa «solidaridad» del resto de comunidades autónomas, que solo han acogido a 208 menores. Santana apuntó que la distribución obligatoria de los menores está lastrada por una «laguna legal» y recalcó las dificultades para sacar adelante el protocolo ante los «obstáculos» que ponen algunas comunidades autónomas en la comisión interterritorial.
La diputada del Grupo Nacionalista Canario Cristina Valido recriminó a Santana sus excusas ante la insuficiente respuesta del Gobierno del Estado para dar respuesta a la situación de atención a los menores no acompañados que llegan a las Islas. Valido destacó que tanto el actual Gobierno como el anterior, en el que ella era responsable del área de Derechos Sociales, «tienen una herencia común» y es «la soledad en la que nos dejado siempre el Gobierno de España y la Unión Europea». Así, la diputada nacionalista exigió al Ejecutivo canario «mayor firmeza ante las reclamaciones que consideramos justas para conseguir la integración de los menores no acompañados». Valido defendió que «lo que hemos escuchado ha ido desde, en un principio, negar la evidencia, a anunciar promesas que nunca se cumplen e incluso afirmaciones de la consejera amenazando con la devolución de competencias».
Por su parte, el parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario Jesús Machín Tavío criticó la actuación de Derechos Sociales en las obras del Pardelas Park, con el fin de reconvertirlo en un centro para menores migrantes. La intervención, sin licencia municipal, se realizaba sobre suelo rústico de protección agraria y en una edificación que solo cuenta con licencia como granja experimental, según el diputado nacionalista. «No hubo comunicación, ni búsqueda de diálogo, ni intento de llegar a un consenso con el Consistorio y con la población de la zona», señaló Machín. Santana defendió que, según le habían comunicado, las obras no iban más allá de la apertura de una ventana.
El diputado Grupo Popular Poli Suárez preguntó a Santana que cómo es posible que estimen que en los centros de menores hay 1.300 adultos si cerca de 1.300 supuestos menores están pendientes de las pruebas de edad. Además, destacó que «hay familias que llevan más de un año esperando que se asigne a un menor en acogida, un proceso que se podría acelerar».
