La embarcación hundida el pasado 25 de enero en las costas de las Islas Canarias, que se saldó con la desaparición de al menos 28 personas y el rescate de una minoría, es el último episodio de las cada vez más "numerosas vulneraciones de derechos humanos que sufren las personas migrantes que llegan por mar a la frontera sur de Europa, y en concreto al Archipiélago canario". Así lo recoge el texto presentado por registro en el Congreso por la diputada de Unidas Podemos por Las Palmas, Meri Pita, en el que exige explicaciones al respecto por parte del Gobierno. La primera y principal, que el Gobierno confirme si es cierto o no que, tal y como ha informado una organización ciudadana en defensa de los derechos humanos que dio aviso a Salvamento Marítimo, las autoridades demoraron, desde la primera señal recibida, que tuvo lugar a las 17 horas, y la geolocalización, que se produjo sobre las 19:30 horas, más de seis horas en llevar a cabo su rescate, que no se produjo hasta las 23:00 horas. Y si es así, cuál fue la causa de la demora, si funcionaron los sistemas de localización de Salvamento, y cuál fue exactamente el procedimiento seguido durante esas horas.
En la batería de preguntas presentada al Gobierno, la diputada también, pide datos sobre el número exacto de víctimas, y básicamente, sin entrar en otras consideraciones, pregunta si el Gobierno considera que el número de personas ahogadas ha de suponer "algún tipo de alerta sobre el funcionamiento de los rescates y si es así, qué medidas piensa tomar".
Indudablemente, las migraciones por mar a través de la llamada ruta atlántica, en las fronteras del sur, en torno al territorio de las Islas Canarias, han experimentado un aumento durante los últimos años y este fenómeno no ha parado de traer a personas provenientes del continente africano. "La paradoja es que a pesar del revuelo causado en muchas ocasiones por relatos del fenómeno migratorio poco interesados en que se respete como un derecho de todos los seres humanos, el impacto negativo de los flujos migratorios repercute injustamente cada vez más sobre los propios cuerpos de las personas migrantes; mucho más que sobre las sociedades europeas, que están de hecho perfectamente capacitadas para implementar políticas de acogida mucho más flexibles, y que también, desde luego, están obligadas a respetar los derechos humanos en cualquier caso y sin excepciones", asegura Pita.
Por eso, entre las preguntas formuladas al Gobierno, la diputada también quiere saber si éste considera que existe algún aspecto de los acuerdos entre el Estado español y la Unión Europea que justifiquen una política tan poco proclive al respeto por los derechos humanos de las personas migrantes y si, más allá de otras valoraciones o implicaciones políticas, legales o jurídicas, el Gobierno tiene pensada la implementación de algún tipo de protocolo de duelo o reparación en lo que respecta a las muertes de personas migrantes que suponga un gesto hacia los familiares y personas allegadas.
