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El sector alojativo exige que Canarias asuma las competencias en Costas

Los empresarios del sector turístico de las Islas aseguran que los expedientes y conflictos competenciales se acumulan

Hotel RIU Oliva Beach, a pie de la playa de Corralejo en Fuerteventura. | | GABRIEL FUSELLI

Las patronales turísticas canarias (Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL) urgen al Gobierno de Canarias a que ejerza «de manera inmediata» las competencias en materia de costas y gestión del litoral que asumió en virtud del artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, cuya reforma se aprobó en las Cortes Generales en noviembre de 2018.

En su opinión, el Ejecutivo autonómico debe ejercer unas competencias que le corresponden y que han sido una «demanda histórica» en las Islas porque a medida que pasan los años se van acumulando los expedientes y conflictos competenciales que Canarias debe resolver con urgencia. Además, indican que el Gobierno central lleva todo este tiempo sin dotar la ficha financiera que requiere el ejercicio de estas competencias, «una situación inaceptable».

En su opinión, el Ejecutivo canario debe ejercer unas competencias que le corresponden

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En cualquier caso, aunque esa dotación económica no esté lista aún, entienden que «Canarias debe ejercer esta función desde el momento en que estas competencias se recogieron en la reforma del Estatuto de Autonomía».

Así, indican que «no es admisible seguir asistiendo a la injerencia del Estado en esta materia, porque, además, se siguen acumulando las solicitudes de numerosas actuaciones administrativas en las costas canarias, un recurso natural de gran atractivo para residentes y para quienes visitan las islas cada año».

Hotel RIU Oliva Beach

Entre esas concesiones, muchas de las cuales son «comunes» en varios municipios turísticos canarios, como las de los chiringuitos de playa o los servicios esenciales de hamacas y sombrillas, con demora de hasta dos años para dar respuesta a las solicitudes, destaca la inversión prevista para la renovación del hotel RIU Oliva Beach, en Fuerteventura, bloqueada desde hace cuatro años por parte del Gobierno estatal, un establecimiento del que dependen más de 400 profesionales en plantilla. Asimismo, se suma la paralización de proyectos de playas vinculados a nuevas instalaciones hoteleras o la existencia de paseos marítimos en penosas condiciones.

Otros casos conocidos son los del litoral de Arguineguín, en Gran Canaria, indican, en el que varios establecimientos alojativos ven peligrar la continuidad de muchas de sus instalaciones esenciales (solárium, terrazas, zonas comunes de piscinas), debido a que dependen también de concesiones administrativas que se han caducado, pero cuyas prórrogas no se tramitan y esta situación genera una «inseguridad jurídica» enorme a las empresas.

En Tenerife, por ejemplo, son varios los proyectos paralizados desde hace muchos años, como la playa de Martiánez o la marina deportiva de Puerto de la Cruz; también, en el sur de esta isla, las playas de Los Tarajales (Arona), Las Salinas (Guía de Isora) o San Salvador y San Blas (San Miguel), entre otras. Asimismo, los empresarios aseguran que faltan mejoras necesarias en playas turísticas ya existentes, como El Camisón o Fañabé, con proyectos privados presentados hace ya tres años, siguen a la espera.

«No es admisible seguir asistiendo a la injerencia del Estado en esta materia», resaltan

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Los empresarios turísticos han defendido en numerosas ocasiones que de la costa canaria, convertida en el principal atributo turístico de las islas, es totalmente «imprescindible» su preservación medioambiental para el desarrollo respetuoso de la actividad turística. Esa mayor cercanía de la administración competente, que es efectiva desde hace meses pero que no se ejerce, debe servir para compatibilizar una mayor protección del medio con el turismo, principal motor de la economía canaria, indican.

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