El diálogo abierto entre la Dirección General de Función Pública y el comité de huelga del personal interino de la Administración General vuelve a estancarse tras la reunión celebrada ayer y que pretendía servir como punto de arranque en la aplicación de la nueva ley estatal en las Islas para reducir la temporalidad en el empleo público. El Ejecutivo quiere negociar en la mesa general con todos los sindicatos el proceso para estabilizar las plazas de los interinos mediante el concurso de méritos que recoge la norma, mientras que el comité de huelga insiste en el cumplimiento del acuerdo firmado en abril del año pasado con el fin de garantizar la permanencia de todos los empleados de la Administración General que se encuentran en abuso de temporalidad.
El encuentro de ayer ha estado precedido desde hace algunas semanas por contactos informales para ir preparando el terreno de la negociación con el comité de huelga pero, sobre todo, con todas las centrales sindicales, un asunto complejo en el ámbito de la Administración autonómica ante la división que han supuesto los acuerdos firmados en Madrid por los sindicatos mayoritarios con el Gobierno central y el conflicto laboral en Canarias desde hace más de un año y que respaldan Sepca, Intersindical y Co.bas, mientras que CCOO, UGT y CSIF se han opuesto desde el primer momento.
Los huelguistas no ven en la nueva ley estatal suficiente seguridad para sus puestos de trabajo
Los representantes del Ejecutivo explicaron ayer los procesos que se abren bajo la cobertura de la nueva legislación. Sin embargo, el comité de huelga exige a Función Pública negociar las bases concretas de los procesos, algo que el Ejecutivo quiere hacer en la mesa general con todos los sindicatos. «Este comité de huelga no ha variado su hoja de ruta, que no es otra que lograr el objetivo trazado y exigir el cumplimiento del acuerdo del 23 de abril. Esto pasa por recibir cualquier propuesta que la Administración plantee, siempre y cuando se encuadre en el marco de dicho acuerdo», advierten desde el comité, algo que aún no se ha concretado según sus miembros tras el encuentro celebrado ayer.
Una de las claves del proceso que se abre con la nueva ley es negociar unas bases que favorezcan a los interinos e indefinidos que llevan años ocupando su plaza en la Administración sin consolidar su puesto y evitar que haya un trasvase de empleados desde otras administraciones. Los concursos de méritos y las oposiciones siguen siendo abiertos aunque con condiciones más favorables para los interinos. Sin embargo, esta situación que mantiene la ley provoca la desconfianza del comité de huelga, para el cual no hay suficientes garantías de que todos se van a mantener en sus puestos.
La norma prevé dos alternativas para los interinos que no estabilicen su plaza tras los concursos que se desarrollen. Por un lado que engrosen una lista de empleo que abrirá cada Administración para nutrirse de personal y en el que la experiencia en el puesto será esencial y, por otro lado, indemnizaciones equivalentes a 20 días por año trabajado, algo que desde el Gobierno se prevé que sean muy escasas porque se dan las condiciones para que la inmensa mayoría del personal se consolide en sus plazas.
Función Pública no quiere demorar más la convocatoria de la mesa general de negociación
Pese al nuevo estancamiento en las conversaciones los contactos continuarán, si bien Función Pública no quiere demorar mucho en el tiempo la apertura de las negociaciones en la mesa general donde se sientan todos los sindicatos. No hay que olvidar que la ley fija el 1 de junio como fecha tope para la publicación en el BOC de las ofertas y concursos, mientras que tiene hasta el 31 de diciembre para publicar las bases sobre las que se regirán los mismos.
Tras más de un año de huelga, el pasado 20 de enero se reiniciaron las movilizaciones de este año tras el preaviso que prolonga el conflicto laboral hasta junio. El comité de huelga ha variado su composición en esta nueva etapa y ha reducido ostensiblemente el volumen de movilizaciones pero sí las mantendrán hasta tanto no se alcance un acuerdo con la Administración. El resto de los sindicatos, que sí son favorables a negociar bajo la normativa básica estatal, está a la espera que el Gobierno les convoque a la mesa general, algo que ya ha sido solicitado a Función Pública, que ha preferido iniciar las conversaciones con el comité de huelga.
