La flota atunera canaria sigue confundida sobre la identificación internacional de las aguas donde faenan a solo siete millas (unos 13 kilómetros) de Fuerteventura, mientras Marruecos consigue un tanto a su favor en el pleito con España sobre la mediana marítima entre ambos países, aún por delimitar, y el relato sobre la denominación de parte de esa franja del Atlántico. Aparentemente, son aguas canarias que no deberían provocar controversia alguna en cuanto a su denominación, pero el mapa de áreas de captura en la zona elaborado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) sigue considerándolas «costa marroquí», tal como aparece en el programa informático del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que utilizan las embarcaciones.
La situación es la misma quince meses después de que los atuneros canarios advirtieran que dicho programa situaba a sus embarcaciones en aguas de Marruecos, pese a estar mucho más cerca del litoral canario. Fue en octubre de 2020 cuando se activaron las primeras alertas y cuando el Gobierno central, a través de una respuesta parlamentaria por escrito al senador de CC, Fernando Clavijo, se comprometió a dirigirse al organismo en cuestión para cambiar dicha denominación. Sin embargo, más de un año después, el Ejecutivo ha contestado literalmente con los mismos argumentos, las mismas palabras y el mismo compromiso a la diputada socialista por Las Palmas Ariagona González, que también se interesó por la cuestión hace unos meses.
La respuesta del Gobierno a la diputada canaria insiste de entrada en restar importancia al hecho de que aguas canarias puedan ser identificadas en un mapa mundial de áreas pesqueras avalado por la FAO como «costa marroquí», e insiste en que se trata de nomenclaturas sobre las divisiones y subdivisiones de dichas áreas para registrar y controlar la actividad de los barcos a nivel internacional en sus respectivos diarios electrónicos de a bordo (DEA) a efectos estadísticos.
El DEA es un sistema implantado en los buques desde hace décadas para garantizar el control de la actividad que se realiza, como anotar las capturas diarias, el tiempo que ha estado faenando, o el tipo de pesca que realiza, e identifica en qué zona se encuentra la embarcación. No tiene por tanto «absolutamente ningún efecto sobre la soberanía de las aguas» donde faenen los atuneros canarios, según el Ministerio que dirige Luis Planas. Pero lo cierto es que la última modificación de este sistema ha provocado este problema de identificación de espacios de captura.
La FAO realiza divisiones en los mares y océanos en zonas de pesca y cada una tiene una numeración establecida que sirve para situar las distintas pesquerías en el mundo. Al Océano Atlántico le corresponde el número 34 y a la zona entre los dos puntos más cercanos entre Canarias y la costa occidental africana la denomina como 34.1.13, una subdivisión que se incluye en la identificada como «costa de Marruecos» y que se alarga desde Tánger hasta Cabo Bojador en el litoral marroquí.
«La situación es extremadamente grave porque esto sucede cuando las relaciones España-Marruecos están prácticamente rotas", avisa Clavijo
Como en la respuesta a Clavijo en octubre de 2020, la que el Gobierno dio la senadora socialista en noviembre señala que «son varios los casos en todo el mundo en los que estas subdivisiones se refieren a aguas en las que los distintos países vecinos tienen soberanía, como sucede en este caso». No hay por tanto motivo ni para la queja diplomática oficial, ni para la crítica al sistema de la FAO. Se trata, insiste la respuesta gubernamental a Gónzález como lo hizo en su día a Clavijo, que la división en la que faenan los barcos canarios que denunciaron una localización marroquí pese a estar a siete millas de Fuerteventura, es la denominada numéricamente 34.1.1.3, «solo hace una referencia geográfica a la costa, pero las aguas que forman parte de dicha división son respectivamente españolas y marroquíes, conforme a lo establecido en el Convenio Internacional del Derecho del Mar».
‘Maltendido’ sin despejar
A partir de esta aclaración, en la que se evita cualquier referencia a los numerosos pleitos marítimos con Marruecos (como la intención del país vecino de ampliar su plataforma oceánica y su Zona Económica Exclusiva ocupando aguas canarias y saharauis), el Gobierno señala que «para evitar cualquier tipo de malentendido que pudiera generarse» se «consultará a la FAO la posible modificación futura de la nomenclatura».
De esta respuesta se concluye claramente que el Gobierno no ha dado aún ante la FAO los pasos necesarios para modificar la identificación de ese área pesquera y que se mantienen por tanto todos los términos que provocan la confusión en la flota atunera de las Islas. La línea divisoria con el país vecino, que se encuentra a una 57 millas náuticas desde el punto más cercano de las Islas, parece que se ha recortado al mínimo desde que apareció este problema en el verano de 2020. La mediana está fijada en 23 millas pero los pesqueros procuran no pasar de las 20.
El patrón de la Cofradia de Arrecife, Aquilino Arrocha, fue el primero en alertar de esta anómala situación tras el cambio de nomenclaturas de la FAO en 2020. Su denuncia tuvo inmediata repercusión política y fue motivo de debate en el Parlamento de Canarias, donde se trasladó al Gobierno regional su pregunta: «¿Por qué el año pasado pescaba a siete millas de Fuerteventura y se identificaba como aguas españolas y pone que son aguas marroquíes?». Han sido varias las iniciativas parlamentarias que se han desplegado desde entonces reclamando el cambio de denominación, pero el Gobierno central sigue estancado en su parca respuesta de 2020.
El propio Clavijo califica de «muy grave» que el PSOE «no haya movido ni un dedo» para que la FAO corrija la inclusión de las aguas canarias en las costas marroquíes. Asegura que «la situación es extremadamente grave porque esto sucede cuando las relaciones España-Marruecos están prácticamente rotas y justo después de que el Gobierno marroquí aprobara dos leyes para delimitar su espacio marítimo con España y Mauritania, apropiándose de aguas del Sáhara Occidental y después de que haya intensificado la concesión de autorizaciones a distintas compañías multinacionales para la cata de gas y petróleo».
