La Justicia está en vías de perder su escalón más cercano a la población: los jueces de paz. Desde hace años, esta figura arraigada en los entornos rurales ha ido perdiendo competencias. Ahora, tras más de dos siglos de historia, desaparecerán si el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, aprobado en Consejo de Ministros en abril, llega a buen término. Más allá de ser los responsables del Registro Civil en los municipios con menos de 7.000 habitantes, los jueces de paz son una institución en los pueblos. Acercan la justicia a los ciudadanos allí donde les queda lejos un juzgado, ofician matrimonios civiles, asesoran a quienes necesitan consejo ante algún problema legal y, sobre todo, consiguen apaciguar los ánimos entre vecinos enfrentados. Logran que las partes se escuchen y alcancen un acuerdo sin necesidad de llegar a litigar en un tribunal.
Los jueces de paz son personas cercanas, respetables y de confianza. Características que favorecen el entendimiento y la cohesión de sus conciudadanos. En España hay cerca de 7.700 juzgados de paz, de los que 69 están en Canarias –42 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 27 en Las Palmas–, y el Gobierno planea sustituirlas por oficinas de justicia, profesionalizadas y digitalizadas. Hace 14 años que Alexander Socas está al frente del Juzgado de Paz de Santiago del Teide, en Tenerife, quien explica que su cercanía a la ciudadanía le permite aliviar tensiones, muchas veces enquistadas en el tiempo. «Es muy satisfactorio ver que dos personas enfrentadas desde hace años terminan dándose la mano o un abrazo después de un acto de conciliación», apunta Socas. Como presidente de la Asociación de Jueces de Paz de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ajupaste) destaca que la labor social de los jueces de paz en los municipios pequeños «es impresionante».
La entrega social es lo que llevó a Dolores González a postularse como candidata a jueza de paz de la Villa de Moya, en Gran Canaria, hace casi dos décadas. «Siempre estamos a la disposición de la gente de nuestro municipio. Somos una hucha de sus problemas, todo lo que nos cuentan es secreto profesional», explica. El principal objetivo que se marcó al aceptar el cargo es que la mayor parte posible de las incidencias que lleguen a su juzgado se solucionen. «Si tengo que desplazarme a otro municipio porque una persona no sabe cómo resolver un trámite, la acompaño. La burocracia pone muchos escollos y nosotros tratamos de salvarlos para facilitar la vida a los vecinos», afirma González.
En España hay unos 7.700 juzgados de paz, de los que 69 se encuentran en el Archipiélago
Los jueces de paz son mediadores con una capacidad especial para abordar los enfrentamientos. Juan José Hernández, quien fuera juez de paz en Valleseco y Firgas durante 12 años y actualmente es presidente de la Asociación de Jueces de Paz de la provincia de Las Palmas, considera que perder esta figura tan arraigada supondrá alejar la Justicia de quienes viven en los pueblos. Los jueces de paz son jueces no profesionales, es decir, que no pertenecen a la carrera judicial. No tienen que ser licenciados en Derecho ni superar ninguna oposición, son elegidos por su ayuntamiento para un periodo de cuatro años. «En estos casos, lo importante no es la formación, es el talante y la empatía para acercarse a los vecinos», declara Hernández.
El anteproyecto de Ley, iniciado por José Carlos Campo, predecesor de Pilar Llop en el Ministerio de Justicia, aún tiene que pasar por el Congreso y el Senado y el escaso margen hasta que acabe la legislatura no garantiza que salga adelante. No obstante, si la reorganización del sistema judicial llega a materializarse, la pérdida de los jueces de paz tendrá un impacto negativo en los entornos rurales. El vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, detalla que son un vínculo necesario entre los consistorios, la Justicia y los ciudadanos. «Todo lo que sea alejar las instituciones de los pueblos supone un pérdida», sostiene el también alcalde de Agüimes, quien teme por el hecho de que en los municipios pequeños desaparezcan cada vez más servicios, lo que conlleva a una pérdida de población y al desarraigo. Óscar Hernández señala que la administración electrónica desempeña una tarea importante, pero reconoce que ese sistema no es apto para los vecinos de edad más avanzada, quienes están acostumbrados al trato presencial y se verán obligados a desplazase hasta otras localidades para que les atiendan.
Gallinas en el archivo
En el municipio herreño de La Frontera, la jueza de paz, Yansi Quintero, subraya que acudir a un tribunal «puede imponer mucho», por lo que «siempre es más fácil arreglar los conflictos en tu pueblo, donde te conocen». Recuerda el caso de unos vecinos que llevaban muchos años enfrentados y que incluso habían llegado a litigar en varias ocasiones. «Los senté, se resolvió el caso y ya no se han vuelto a pelear», afirma con orgullo y apunta que en su municipio, con unos 4.000 habitantes, se resuelve cada año una veintena de casos relacionados con confrontaciones vecinales. Además, Quintero subraya que en La Frontera no hay si quiera notario, con lo que sin Juzgado de Paz la población debería desplazarse hasta Valverde para cualquier gestión.
Francisco Quintana de La Nuez, juez de paz de San Mateo, recuerda con especial cariño un conflicto relacionado con la gestión de las aguas en el municipio, en el que uno de los comuneros de un pozo de agua se quejaba de que el presidente no hacía bien los repartos y que desaparecía agua del naciente. «Gracias a mi intervención se marcharon como amigos», destaca. Después de 39 años en el cargo, Quintana lamenta que se haya perdido la figura del hombre bueno que mediaba en los conflictos entre vecinos. «Antes cuando surgían esas desavenencias se preguntaba a los implicados en la disputa que si conocían a alguien que fuera amigo del uno y del otro, ese hombre bueno era el que intentaba que cada parte cediera», rememora Quintana.
Los jueces de paz cuentan con la confianza plena de sus vecinos. Tanto es así, que entre las anécdotas que recuerda Socas destaca el caso de una mujer a la que se le mojó un ropero en el que guardaba una gran cantidad de las antiguas pesetas y acudió a él para recopilar y pegar con cinta adhesiva los billetes que se le habían deteriorado por la humedad, para después poder llevarlos al Banco de España. «Ella sabía que yo no la iba a engañar», rememora entre risas el juez de paz santiaguero. Pero no solo dan seguridad a sus vecinos, sino que también se ganan su gratitud y la expresan entregándoles regalos, en algunos casos tan peculiares como una gallina. «Fue el regalo de un vecino que estaba agradecido por haberle ayudado a gestionar el certificado de defunción de su esposa. Tuvimos que ponerla en una caja en el archivo del juzgado hasta que un vecino se la pudo llevar a su finca», recuerda por su parte la jueza de paz moyense, Dolores González.
Municipios con juzgados de paz
Gran Canaria
- Agaete, Agüímes, Aldea de San Nicolás, Artenara, Firgas, Gáldar, Ingenio, Mogán, Moya, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Tejeda, Teror, Valleseco, Valsequillo y Vega de San Mateo.
Fuerteventura
- Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara y Tuineje.
Lanzarote
- Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza.
Tenerife
- Adeje, Arafo, Arico, Buenavista, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Fasnia, Garachico, Guía de Isora, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Los Realejos, Los Silos, San Juan de la Rambla, San Miguel de Abona, Santa Úrsula, Santiago del Teide, Tacoronte, Tegueste y Vilaflor.
La Palma
- Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, El Paso, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tazacorte, Tijarafe y Villa de Mazo.
La Gomera
- Agulo, Alajeró, Hermigua, Valle Gran Rey y Vallehermoso.
El Hierro
- Frontera y El Pinar
Socas, quien fuera el más joven de Canarias en ostentar este cargo, lamenta la pérdida de competencias que ha sufrido esta figura desde la reforma del Código Penal en 2015 —durante el Gobierno de Mariano Rajoy—. Hasta entonces resolvían juicios de faltas a través de la mediación, pero esta categoría se sustituyó por delitos leves y su enjuiciamiento corresponde ahora a los juzgados de Instrucción. Por lo que los jueces de paz solo intervienen en juicios civiles de hasta 90 euros. A esto se suma que, desde abril de 2021, los notarios están autorizados para celebrar matrimonios civiles, una de las principales tareas que acometen los jueces de paz. La diferencia, señala Socas, es que los notarios cobran entre 400 y 500 euros por oficiar el matrimonio y en el Juzgado de Paz este es un servicio gratuito. Además, los enlaces tienen que inscribirse en el Registro Civil, con lo que obligatoriamente tendrían que pasar por el Juzgado de Paz. El juez santiaguero apunta que en los últimos meses están atendiendo una avalancha de matrimonios civiles, si bien se han tenido que retrasar por la pandemia. Por su parte, González afirma que, incluso, casa a parejas de otros municipios más poblados, donde la burocracia es más lenta y no les permiten personalizar tanto las ceremonias.
Logran que las partes alcancen a un acuerdo sin necesidad de llegar a litigar en un tribunal
Ante la cercana desaparición de los juzgados de paz, González solicita que en lugar de eliminarles se les prepare a nivel legal y digital y así podrían ayudar a evitar la probable congestión de los juzgados de Primera Instancia. En este sentido, Socas señala que los juzgados de paz «desatascan» el siguiente escalón judicial, ya que logran solucionar las pequeñas trifulcas o enfrentamientos entre vecinos. El juez de paz de Santiago del Teide detalla que él deja pasar una o dos semanas antes de citar a las partes para el juicio, porque así ya «se pasa el calentón inicial y es más fácil llegar a un entendimiento». Para González, la clave está en no dejar entrar a los abogados a los actos de conciliación, porque siempre intentan subir el tono y se trata de «un cara a cara entre los afectados», a quienes invita a ponerse en el lugar del otro.
La eliminación de los jueces de paz no responde a una cuestión económica, ya que las asignaciones no superan los 5.000 euros anuales en el caso de los municipios más poblados. Cada tres meses los jueces de paz reciben una gratificación que oscila entre los 300 y los 1.200 euros, dependiendo del volumen de población a la que presten servicio, y que corre a cargo del Ministerio de Justicia. Para mantener los juzgados de paz, la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias entregó el año pasado a los ayuntamientos 161.457 euros a través de subvenciones, con un reparto en función de la población y una horquilla que oscila entre los 500 y los 4.000 euros.
El frío futuro de la Oficina de Justicia
¿Cómo se sustituirá a los juzgados de paz?
La futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia prevé sustituir los juzgados de Paz de los municipios menores a 7.000 habitantes por oficinas de justicia. Según apunta el texto, el nuevo organismo ampliará los servicios que se ofrecen actualmente en los juzgados de Paz, cuya figura desaparece del ordenamiento.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías?
El texto argumenta que los cambios contribuirán a la digitalización y el desarrollo de las capacidades digitales de la Administración. Las oficinas de justicia se dotarán de los medios tecnológicos necesarios ejecutar actos procesales. Esto permitirá el trabajo deslocalizado del personal funcionario, por lo que son medidas que redundan, no sólo en la eficacia y el ahorro de costes, sino que tendrán impacto sobre la huella ecológica al evitar un gran número de desplazamientos a los tribunales.
