A los autónomos no les sorprende que la Administración pública regional –el Gobierno de Canarias y sus entidades dependientes o vinculadas– pague las facturas a los proveedores fuera de plazo e incumpla así lo establecido en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De hecho, en la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) aseguran que la demora media en el cobro de los servicios que le prestan o los productos que le venden a la Administración es mayor de lo que dicen los datos del Ejecutivo canario y del Ministerio de Hacienda. Aunque la Comunidad Autónoma incumple el plazo legal solo desde septiembre –al menos según la estadística oficial que publica el Ministerio de María Jesús Montero–, las quejas de los asociados a la ATA en las Islas vienen incrementándose desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020. No en vano, explicó ayer el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en el Archipiélago, Juan Carlos Arricivita, la fórmula del teletrabajo en la Administración pública, «por mucho que se diga lo contrario», no acaba de funcionar. Resta eficacia y eficiencia a un entramado institucional, en este caso el de Canarias, que no precisamente se destacaba por su eficacia y eficiencia antes de la irrupción del coronavirus, recordó Arricivita.
«Hay más quejas y hay un mayor retraso en los pagos; esto es así», subrayó el representante de la ATA en Canarias al hilo de los últimos datos sobre el Período Medio de Pago (PMP) de la Administración autonómica, que no solo supera desde septiembre el máximo de 30 días que fija la ley para el abono de las facturas, sino que, además, supera por primera vez los 40 días. «Por mucho que nos intenten vender el teletrabajo y por mucho que haya herramientas, la verdad es que la gestión no es la misma, y esto también influye en la tramitación de las facturas», ahondó Arricivita. «Y esto por no hablar de los funcionarios de baja», agregó el presidente de ATA en la región. El empresario pone así el dedo en la llaga al asegurar que uno de los eternos problemas de la Administración canaria, esto es, su lentitud en los trámites, se ha agravado con el virus.
Aunque sobre el papel son cuatro los entes dependientes del Gobierno canario que han echado por tierra los esfuerzos de la Consejería de Hacienda para reducir el PMP de la Comunidad Autónoma –la Agencia de Protección del Medio, el Instituto de Hemodonación, la empresa pública Gesplan y, sobre todo, el Servicio Canario de la Salud–, Arricivita puntualiza que de la estadística a la realidad hay un trecho. ¿Por qué? Porque el reloj para calcular el PMP en muchos casos no inicia la cuenta hasta que la factura llega al departamento encargado de su gestión.
ATA: «Por mucho que intenten vender el teletrabajo, la verdad es que la gestión no es igual»
Y hasta que eso ocurre, es decir, entre el momento en que la micropyme o el autónomo redacta la factura y el momento en que esta llega al departamento encargado de su tramitación, pasa un tiempo que no se considera en el cálculo del PMP, expuso el presidente de ATA-Canarias. Esto pasa, sobre todo, cuando no se utiliza el sistema de facturación electrónica, que no están obligados a usar los proveedores de la Administración en los casos de facturas de hasta mil euros –hasta febrero del año pasado estaban excluidos los intercambios de hasta 5.000 euros–. Si se tiene en cuenta que las competencias digitales de muchos autónomos y micropymes isleños están a la cola del país y que muchos de los servicios que prestan o productos que venden no suponen facturas elevadas, no extraña que la ATA asegure que la demora en el pago es en realidad mayor de lo que dice la estadística oficial.
Los proveedores no están obligados al trámite electrónico de las facturas de hasta mil euros
En la Asociación de Trabajadores Autónomos consideran que la solución para atajar de verdad la tardanza de los Gobiernos y entes públicos en el abono de las facturas a los proveedores está en una especie de régimen sancionador. De igual manera que quien no cumple con sus obligaciones fiscales en los plazos establecidos tiene que pagar un recargo, desde la ATA llevan años insistiendo en que lo mismo deberían soportar las instituciones que no pagan sus deudas en el plazo establecido en la ley de estabilidad. Es decir, en ese margen de 30 días, que por otra parte no es precisamente pequeño. «Si yo me retraso en pagar a la Administración, no se me va a perdonar el recargo; si es la Administración la que se retrasa en pagarme, no pasa nada», denunció Arricivita.
El presidente de la división canaria de la ATA hizo además hincapié en que el retraso para cobrar una factura de la Administración se agrava ahora cuando muchos autónomos están contra las cuerdas por la crisis de la covid-19.
CC: «Es algo muy grave»
Coalición Canaria (CC) instó ayer al PSOE y a sus socios de Gobierno a que corrijan «de forma urgente» su política de pago a proveedores «si no quieren lastrar aún más la economía canaria». Los nacionalistas acusan al Ejecutivo de «poner contra las cuerdas» al tejido económico del Archipiélago y, sobre todo, a pymes y autónomos. La diputada del grupo nacionalista canario Rosa Dávila apuntó que «si el problema no es de liquidez, que está claro que no lo es», solo queda pensar en la «falta de gestión» para entender los incumplimientos de los pagos a proveedores de la Comunidad Autónoma. La dirigente nacionalista sostuvo que si el retraso medio en los pagos ha rebasado los 40 días, diez días más del plazo establecido por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, «es que hay facturas sin liquidar por encima de los 100 días», algo que la nacionalista calificó de «muy grave». | LP/DLP
