Canarias tiene un objetivo primordial en las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica: mantener la recaudación por los tributos de su Régimen Económico y Fiscal (REF) al margen de los fondos ordinarios del sistema. Algo que el Gobierno regional considera «indiscutible» pero que no todos los expertos en la materia ven de ese modo. No al menos los expertos de fuera de las Islas, incluidos algunos de los sabios que han asesorado al Ejecutivo central sobre por dónde debe ir la reforma. No obstante, el propio presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, afirmó en el último pleno del Parlamento que la desvinculación del REF del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) está «fuera de toda duda». En tal caso, es decir, si en verdad no hay duda alguna sobre la singularidad del REF –el fuero isleño no es una ventaja ni mucho menos una prebenda, sino una herramienta compensatoria por los sobrecostes que implican la fragmentación territorial y la lejanía respecto de la Europa continental–, el Archipiélago sería de las pocas comunidades en llegar a la mesa de negociación del próximo SFA con gran parte del trabajo hecho. A partir de ahí, esto es, siempre que el REF siga fuera del sistema ordinario, Canarias puede arañar unos millones extras si se pone en práctica el fondo de nivelación interautonómico por el que apuestan la Comunidad Valenciana y organismos como Fedea.
Un fondo de nivelación para acercar a las Comunidades Autónomas peor financiadas a la media nacional es algo de lo que se viene hablando desde anteriores reformas del SFA. Ahora es el Ejecutivo de Ximo Puig el que abandera el movimiento de varias regiones –Murcia y Andalucía están en la misma línea– para reclamar ese fondo, que en última instancia supondría la inyección de cantidades compensatorias en cada comunidad –a excepción de en la mejor financiada, que en la actualidad es Cantabria– cuya mayor o menor cuantía dependería de lo lejos o cerca que esté cada autonomía de la media estatal. Este grupo de regiones, con Valencia a la cabeza, entiende que como es muy difícil que el nuevo SFA esté listo para 2023, debería aplicarse este fondo de nivelación hasta que la reforma sea realidad. Si así fuera, Canarias no saldría mal parada; es más, mejoraría su financiación.
Un reciente informe del economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, revela que la financiación del Archipiélago se incrementaría alrededor de un 5,5% si el Ministerio de Hacienda empleara un fondo de 13.486 millones –la misma cifra incluida en los presupuestos estatales del año pasado para ayudar a las comunidades a combatir la pandemia– a modo de fondo de nivelación. De hecho, y con independencia del volumen de ese hipotético fondo de nivelación, las Islas serían la cuarta autonomía más beneficiada justo por detrás de las tres –Valencia, Murcia y Andalucía– que más están insistiendo en la petición de estos dineros compensatorios. Hay que puntualizar, no obstante, que esto cambiaría, claro, si el REF volviera a incluirse dentro del SFA. Un escenario, por más que el Gobierno de Canarias insista en que no hay debate al respecto, que De la Fuente considera en su análisis.
Vuelta a 2017
El experto, uno de los miembros del comité de sabios que empezó a trabajar en 2017 para la reforma del SFA, defiende la inclusión de la recaudación por el REF –en su mayoría por el IGIC– en los recursos del sistema, tal como estaba antes de 2017. Ocurre, sin embargo, que volver a esa situación supondría que el Archipiélago perdería su acceso al Fondo de Competitividad.
El argumento de De la Fuente es que si el REF estuviera dentro del SFA, Canarias habría recibido más fondos para luchar contra la pandemia, ya que el reparto del último tramo del fondo covid se hizo en función de la caída de la recaudación de los tributos gestionados por las comunidades. Como el REF no está dentro del SFA, la caída de los ingresos por el IGIC, el AIEM o el Impuesto de Matriculación, una caída notable, no se tuvo en cuenta.
El argumento del experto, al margen de que responde a una situación coyuntural como la causada por el coronavirus, no tiene en cuenta que si el REF vuelve a ponerse bajo el paraguas del SFA, Canarias sobrepasaría la media en financiación por habitante, con lo que ya no podría ser beneficiaria del Fondo de Competitividad.
En 2019, el último ejercicio de normalidad antes de la irrupción de la covid, el Fondo de Competitividad les reportó a las Islas 675 millones de euros. La región que más dinero recibió por ese último tramo del fondo covid ingresó 680 millones, mientras que Canarias percibió 174.
Si además se tiene en cuenta que el fondo covid es transitorio y el de Competitividad, estructural, no parece que la hipotética pérdida en el primero justifique en modo alguno devolver el REF al sistema de financiación ordinario. Sería pan para hoy y hambre para mañana, y ello sin que ni siquiera esté del todo claro que haya pan para hoy, ya que no hay garantía alguna de que los 174 millones recibidos por el Archipiélago del fondo covid se hubiesen incrementado en caso de que el REF siguiera ligado al SFA. Al fin y al cabo, el reparto de este fondo es fruto de una decisión política, mientras que el acceso y el reparto del Fondo de Competitividad están reglados.
No en vano, el Archipiélago se juega en el mantenimiento del actual statu quo cantidades cercanas a los mil millones de euros anuales. Es la diferencia entre que el fuero siga al margen del SFA y que vuelva a incluirse dentro del mismo. El estudio de De la Fuente pone de manifiesto, eso sí, que el debate sigue abierto, al menos más allá de las fronteras isleñas. El director ejecutivo de Fedea, que no es precisamente un cualquiera en el debate público sobre la financiación autonómica, utiliza en sus trabajos un concepto propio –la financiación efectiva– que considera la recaudación por el REF dentro de los ingresos tributarios del Archipiélago, de modo que mezcla los recursos ordinarios con los del fuero, tal como se hacía antes de su desvinculación definitiva, algo que todos los partidos políticos calificaron en su día de «histórico».
