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Canarias incumple la ley y es la región más lenta en pagar a los proveedores

La autonomía abona sus facturas con más de 30 días de retraso y rebasa el límite establecido | La causa principal es la altísima demora del Servicio de la Salud

Román Rodríguez habla desde la tribuna del Parlamento. María Pisaca

Canarias incumple el plazo establecido en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para pagar a los proveedores. Es decir, el plazo para abonar las facturas a las empresas y trabajadores autónomos que prestan sus servicios o venden sus productos y mercancías a la Administración pública. La normativa fija un período máximo de pago de 30 días, un límite que la Comunidad Autónoma rebasa con creces en el último trimestre fiscalizado (septiembre, octubre y noviembre). El incumplimiento, por tanto, no es puntual. De hecho, y lejos de corregirse, la demora en el abono de las facturas ha ido incrementándose hasta superar en noviembre los 40 días, más de diez por encima del plazo máximo legal. La causa de este cada vez mayor retraso está en el Servicio Canario de la Salud (SCS), uno de los organismos que más gasto acumula y cuya mayor o menor eficiencia arrastra al conjunto de la Administración. La Consejería de Hacienda ya ha solicitado a los responsables del SCS un plan de actuación para aminorar la tardanza en el cumplimiento de las obligaciones de pago con los proveedores sanitarios. No en vano, esta cada vez mayor demora en las facturas ha llevado al Archipiélago a ser la región que más tiempo tarda en cumplir con las pymes que le venden o le prestan servicios.  

El Gobierno regional no estaba teniendo problemas para pagar en tiempo y forma (en este caso en tiempo) a sus proveedores. En junio, la Administración autonómica, esto es, todo el entramado que integran la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes, cumplía de sobra el llamado Período Medio de Pago (PMP). Ese mes abonó sus facturas a pymes y autónomos en menos de 19 días de media, muy por debajo del límite marcado en la ley de estabilidad. Es más, el PMP estuvo por debajo de los 20 días durante todo el primer semestre del año pasado, y hasta por debajo de los 15 días en abril. El consejero de Hacienda, el también vicepresidente Román Rodríguez, incluso destacó en mayo, al hilo de los buenos datos de comienzos de 2021, “la eficiente actuación del Ejecutivo durante la actual legislatura, en la que no solo ha cumplido siempre con el plazo máximo legal, estipulado en 30 días, sino que ha ocupado los primeros puestos en la clasificación autonómica a nivel estatal”. Sin embargo, en el comienzo del segundo semestre del pasado año se produjo un punto de inflexión.

El PMP aumentó en julio hasta los casi 24 días, para superar ligeramente los 28 en agosto. No obstante, el Gobierno de Canarias y sus entidades vinculadas (entran aquí las fundaciones, los institutos, las empresas públicas…) seguían cumpliendo la ley de estabilidad; se acercaban cada vez más al tope legal pero seguían cumpliendo. Pero dejaron de cumplir en septiembre. En el noveno mes de 2020, la Administración autonómica ya se retrasaba algo más de 31 días, y ya en octubre el período medio de pago se incrementó hasta prácticamente los 34,5 días. Hasta aquí abarcan los datos del Ministerio de Hacienda, que es el departamento estatal que se encarga de vigilar que las Comunidades Autónomas y las entidades locales (cabildos y ayuntamientos) cumplan el PMP, en particular, y la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en general. En cualquier caso, la tendencia continuó en noviembre, mes en el que según ha podido saber este diario, el PMP se disparó hasta casi 41 días. En otras palabras: la Administración pública regional tarda una media de 41 días (40,92 días exactos) en abonar sus facturas. Hay que insistir, eso sí, en que esta media crece de forma exponencial por el SCS.

En estos momentos (con los datos de noviembre, los últimos oficiales), el Servicio Canario de la Salud les paga a sus proveedores en un plazo medio de algo más de 48 días, es decir, 18 por encima de lo que establece la ley. El embudo está en el gasto en farmacia, que es un gasto muy grande y que, además, ha crecido de forma notable por la pandemia de coronavirus. En este sentido, el viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, recuerda que solo en el capítulo II del presupuesto de gastos del SCS para 2021 se inyectaron 288 millones extras, amén de otros 619 en el IV, el de las transferencias corrientes. El capítulo II es el del gasto corriente en bienes y servicios, lo que en el caso del SCS incluye prótesis, viales, gasas, medicamentos… Un gasto que “ha crecido enormemente”, insiste Delgado, y que de algún modo explica la mayor tardanza en el abono de las facturas, lo que se ha producido sobre todo en el gasto farmacéutico y extrafarmacéutico por la covid-19. El repunte del período medio de pago en el SCS, que acaba por elevar el PMP de toda la Comunidad Autónoma, coincide, además, con las campañas de las terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus en adultos y las primeras en niños.

El viceconsejero subraya que ese plan de eficiencia solicitado al SCS en ningún caso implica recorte del gasto, que es una particular línea roja del Ejecutivo. Además, Delgado avanza que el PMP de diciembre (que está por publicarse) será menor que el de noviembre y estará en el entorno de los 30 días, con lo que es posible que la comunidad vuelva a la senda del cumplimiento.

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