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Compromiso

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas tendrá voz en el traspaso de las competencias del Estado

Una reunión entre el consejero regional José Antonio Valbuena y el presidente de la PCALC, José Luis Langa, desbloquea y reactiva el protocolo de cooperación que ambas entidades firmaron en 2016

Bajo La Cuesta, en Candelaria, uno de los núcleos amenazados. El Día

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que encabeza el socialista José Antonio Valbuena, ha garantizado a la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC) su presencia en la Comisión que debe desarrollar las transferencias en Costas del Estado al Archipiélago. Una vez resuelto el marco competencial, que incluye las misma potestades que ya tienen Cataluña y Andalucía, a finales de enero o principios de febrero está previsto que se firme el acuerdo para la cesión.

A partir de la rúbrica de ese convenio entre administraciones, comenzará el trabajo de la Comisión en la que se integrará la Plataforma junto a las federaciones canarias de Islas (Fecai) y municipios (Fecam). La idea es que sea un órgano operativo que entre en el análisis detallado de cada núcleo del litoral de las Islas, establezca una reglamentación sobre ellos y resuelva su relación con lo que determina la Ley de Costas de 1988. Valbuena se ha comprometido con el presidente de la PCALC, el abogado José Luis Langa, a hacer efectiva esta integración que supone reactivar el Protocolo de Cooperación firmado por el Gobierno de Canarias y la Plataforma en abril de 2016.

El colectivo formará parte de la Comisión que se creará para desarrollar el proceso de las transferencias

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Canarias, como adelantó este periódico el pasado 18 de diciembre, parte con la premisa de igualar las amplias competencias en la materia de comunidades como Cataluña o Andalucía. Así quedó determinado en una reciente reunión técnica entre la Comunidad Autónoma y el Estado, a través de la Dirección General de Costas, que solventó los flecos pendientes tras una larga negociación. Entre otras cuestiones, las Islas tendrán capacidad sancionadora y participación en el planeamiento del litoral. El estado pretendía en principio reservarse ambas competencias, aunque ha aceptado la transferencia de las mismas con el desarrollo del artículo 157 del Estatuto de Autonomía. Resta por cerrar en el traspaso el capítulo de los recursos humanos, materiales y económicos.

Reunión clave

Valbuena y Langa mantuvieron una reunión hace unos días en presencia de Leopoldo Díaz, viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, para ratificar y reactivar el mencionado protocolo de 2016. Este documento, que rubricaron Díaz y Langa, además de la entonces consejera regional de Política Territorial Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), abogaba por la constitución de una Comisión Mixta con representantes de los Cabildos y ayuntamientos afectados. No se pudo poner en marcha cuando estaba prácticamente ultimada en marzo de 2020 al coincidir con el inicio de la pandemia de la Covid-19. El Protocolo también sienta las bases que deben regir para que se reconozca la singularidad del territorio en las Islas por su especial configuración paisajística, etnográfica, geológica y arquitectónica. En este sentido, la iniciativa, ahora reactivada, buscaba impulsar la cooperación en el camino de encontrar fórmulas que incidiesen en lograr la regularización del mayor numero de edificaciones afectadas por la vigente Ley de Costas, así como la necesidad de recopilar el máximo de información posible sobre esos núcleos de litoral isleño con el fin de poder ser utilizados en la labor de defensa de los mismos.

En este marco, Nieves Lady Barreto ya dejaba claro entonces que “los núcleos costeros son un elemento de la cultura, el paisaje y la historia de Canarias”. Resaltaba asimismo que “existen datos de ellos desde principios del siglo XX e, incluso, de épocas anteriores”. José Luis Langa, por su parte, ha pedido siempre de forma reiterada la creación de este frente común “para defender a un pueblo que vive por y el del mar desde tiempos inmemoriales”. Insiste desde hace más de dos décadas en que “Canarias es, in duda, el territorio nacional más afectado por la Ley de Costas de 1988”.

Cientos de familias

Cientos de familias canarias, de todas las Islas, están amenazadas por la aplicación retroactiva de la Ley. La Plataforma entiende que “se puede llegar tarde para salvar las viviendas, los negocios y la forma de vida de ciudadanos que han vivido en esas poblaciones desde mucho antes de la aplicación de la ley en 1988”. Ambas partes manifestaron en el acuerdo la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir que Canarias disponga de las mismas competencias en Costas que otras comunidades autónomas con el propósito de lograr una gestión integral del litoral, sin desfases entre la ordenación urbanística y medioambiental con las normativas sectoriales de la legislación de Costas. La Plataforma entiende “fundamental” el traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma porque, en palabras de Langa, “somos un territorio único y con características únicas que debemos saber explicar a los responsables políticos en Madrid”.

La Plataforma defiende a 150.000 personas de 66 municipios afectadas por la Ley de 1988

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Más de veinte años

La Plataforma lleva más de veinte años de lucha en defensa de los intereses de los afectados por la Ley de Costas. El proceso ha sido largo con recurrentes notificaciones de derribo desde el ente estatal que reaparecen de forma puntual como una amenaza para los afectados. Desde El Cho Vito o Bajo La Cuesta, en Candelaria, a Puntalarga y El Faro en Fuencaliente de La Palma con paradas en Santa Lucía y Las Bajas, ambos núcleos en Güímar, Igueste de San Andrés (Santa Cruz) o Valle Gran Rey (La Gomera). Pero aparte de estos conflictos en los que el equipo jurídico que dirige José Luis Langa ha intervenido directamente e interviene todavía en la actualidad, la Plataforma ha velado por la defensa de las aproximadamente 150.000 personas que residen en distintos puntos del litoral en 66 de los 88 municipios del Archipiélago. Ahí hay que incluir otras luchas como las de los vecinos de Ojos de Garza, en Telde, Gran Canaria o Playa Blanca en Lanzarote. Langa lo ha resumido así: “Estamos hablando de la de la supervivencia de todo un pueblo, de la defensa de su idiosincrasia y de su cultura, pues todo lo que se pueda perder Canarias no sólo afecta a los implicados sino a todos los ciudadanos de las Islas”.

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