La Consejería de Economía inicia formalmente el proceso de renovación del Consejo Económico y Social (CES) con el cese de sus actuales integrantes y con la apertura del plazo para que las organizaciones que se sientan en el mismo hagan sus propuestas para designar a los nuevos consejeros. El actual presidente del CES, José Cristóbal García, lleva un año y medio de forma interina a la espera de que se le sustituya y el resto de los miembros llevan un año con el mandato caducado. En los últimos meses desde el órgano consultivo se había trasladado al Ejecutivo la necesidad de que se procediera a la renovación sin más dilaciones para evitar que se repitieran hechos del pasado que provocaron que la interinidad en el CES se prolongara varios años.
El Consejo de Gobierno celebrado ayer, el último del año, acordó aprobar dos decretos en los que, por un lado, se cesan a las personas integrantes del organismo aunque continuarán en funciones hasta la toma de posesión de los próximos representantes. Por otro lado, también se aprobó el decreto con la convocatoria a las centrales sindicales y organizaciones empresariales con mayor representatividad, cámaras de comercio y asociaciones de consumidores para la presentación de las correspondientes propuestas con el fin de nombrar a sus respectivos miembros en el CES, tanto titulares como suplentes, en un plazo de quince días hábiles desde la publicación del texto.
El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa los nombres de Carlos Sierra y Gloria Rojas
Se trata de un procedimiento administrativo formal por parte de la Consejería de Economía, departamento del que depende orgánicamente el CES, pero el hecho es que las organizaciones empresariales y sindicales tienen a sus nombres propuestos para el órgano consultivo desde hace meses pero el proceso estaba estancado por la falta de consenso para nombrar un presidente o presidenta antes de convocar al plenario del Consejo, una vez que los nombramientos se publiquen en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). El departamento de Economía se ha excusado en la falta de tiempo por los problemas de gestión que han ocasionado la pandemia, la erupción del volcán de La Palma o las ayudas a las empresas.
El Ejecutivo quiere que el presidente sea uno de los dos expertos de reconocido prestigio que designa directamente la Consejería. Pero para que el nombramiento fructifique necesita al menos el respaldo de las organizaciones empresariales y sindicales que se sientan en el Consejo. Así sucedió hace cinco años cuando Blas Trujillo concitó el consenso del plenario y fue elegido presidente pese a que el Gobierno era de Coalición Canaria. El mandato de Trujillo se inició en enero de 2017 después de más de seis años de interinidad del fallecido Fernando Redondo. El dirigente socialista fue designado en junio de 2020 consejero de Sanidad del Gobierno regional y desde entonces se encuentra al frente del órgano José Cristóbal García, también vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). En enero se cumplirán cinco años desde que el actual CES inició su andadura y en estos últimos meses de 2021 se ha demandado la urgente renovación del órgano.
La presidencia necesita el consenso de organizaciones empresariales y centrales sindicales
Durante este periodo de interinidad del CES han salido a la palestra varios nombres para presidirlo. Las organizaciones empresariales y cámaras de comercio han puesto sobre la mesa la candidatura de Vicente Marrero, mientras que el ala socialista del Gobierno y UGT propusieron en un primer momento a Carlos Sierra, empresario del sector de la educación. Por último también se ha propuesto a Gloria Rojas Rivero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, que fue candidata a rectora en las últimas elecciones que se celebraron en el centro.
De los 20 consejeros que forman parte del CES, seis lo son en representación de las centrales sindicales, otros seis de las organizaciones empresariales, cuatro de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, dos de las asociaciones de consumidores y usuarios y dos expertos de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o laborales, designados por el Gobierno de Canarias.
Arocha asume Dependencia
Como estaba previsto desde hace varias semanas el Consejo de Gobierno cesó en su última reunión del año a Miguel Montero como director general de Dependencia y Discapacidad y designó para el puesto a Marta Arocha. La nueva directora general, cuya toma de posesión se llevará a cabo en los próximos días, ya ocupó este mismo puesto en el año 2016. Antes de su incorporación a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad fue la secretaria general técnica de la misma Consejería. En esta ocasión se da la circunstancia de que Arocha es un persona de confianza del PSOE, ya que ocupó cargos en el Ejecutivo regional cuando Patricia Hernández estuvo al frente de la Consejería de Servicios Sociales y posteriormente también trabajó con Hernández en el área social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. También dirigió la Gerencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. De esta forma, la Consejería de Derechos Sociales, hasta ahora en manos exclusivas de Podemos, cuenta con un cargo vinculado al PSOE que asume un área especialmente sensible y complicada del departamento que dirige Noemí Santana, debido a los importantes problemas que arrastra desde hace años.
