Entre la espada y la pared. Así se sintió ayer el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev cuando tuvo que desplazarse en ambulancia hasta la Ciudad de la Justicia para comparecer presencialmente en el Juzgado. Entrar en camilla a firmar o volver a la cárcel, esas eran sus únicas opciones. Así lo estableció la jueza del caso después de que una médica forense afirmara en su último informe que Kokorev «puede desplazarse en silla de ruedas a pesar de sus múltiples patologías». Por este hecho los abogados de la familia denuncian la «falta de sensibilidad» de la justicia por «obligar a un hombre enfermo a acudir en plena Navidad a fichar».
Una situación que, según los letrados, se agrava por el incrementos de casos de coronavirus en las Islas. «Acudir presencialmente supone un grave riesgo para la salud de Vladimir», explica Antonio José García Cabrera, uno de los abogados encargados de la defensa del empresario. Los letrados reclaman, además, que Kokorev pueda hacer uso del sistema de comparecencia a distancia implantado en marzo por el Gobierno canario. Un sistema remoto por el que se sustituye la personación física por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. «No entendemos que exista esta posibilidad y no se utilice», critica García Cabrera.
La investigación en contra de la familia Kokorev –el matrimonio formado por Vladimir y Julia Maleeva y su hijo Igor Kokorev– comenzó en España en 2009 a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España ante la Audiencia Nacional y después de que el Senado de Estado Unidos detectase una transferencia de 26,4 millones de dólares procedente de la cuenta en Riggs Bank que tenía el Tesoro Público de Guinea en Nueva York. La misma iba a una cuenta que figuraba a nombre de la empresa Kalunga que Vladimir Kokorev tenía en una sucursal del Banco Santander en la capital grancanaria. En 2012 viajaron a Panamá y se les vinculaba con la venta de armas a Guinea Ecuatorial, de forma clandestina y pagando supuestos sobornos al entorno del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang. Esas transacciones habrían sido disfrazadas entre 1999 y 2011 con el concepto de venta y reparación de buques, según la Fiscalía. En 2015 fueron detenidos por la Interpol por el delito de blanqueo de capitales. Están a la espera de juicio.
