José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, asegura que el Ejecutivo regional no dejará a nadie atrás en el proceso de transición hacia energías menos contaminantes. Para ello, impulsará líneas de ayuda para la adquisición de coches eléctricos o la instalación de placas solares vinculadas a la renta de las familias.
Este año se ha dado un gran impulso a la Ley de Cambio Climático, ¿cuándo puede estar definitivamente aprobada?
Depende de los diputados, son ellos los que tendrán que definir el proceso, pero espero que sea lo antes posible. Se trata de una ley que ha sido suficientemente debatida y ha tenido un amplio volumen de participación. No ha tenido una redacción fácil porque hubo que consultar a todos los sectores de la sociedad canaria. Nadie se va a quedar fuera. Junto a ella hemos avanzado de forma importante también en la Ley de Biodiversidad, que ya ha sido tomada en consideración por el Consejo de Gobierno, que también lo hará con la Ley de Economía Circular. Somos optimistas y creemos que al finalizar la legislatura podemos tener aprobado este ecosistema normativo para que ya no haya excusas y cada uno sepa cuáles son sus responsabilidades y las reglas de juego en la transición ecológica.
¿Qué supondrá para Canarias este nuevo marco normativo?
Va a suponer el objetivo que nos hemos marcado. Que Canarias sea un territorio sostenible, una primera traducción para ser una economía neutra en término de gases de efecto invernadero. Y sobre todo que el objetivo se pueda alcanzar porque esta estrategia marca los pasos a seguir. Hasta ahora se hablaba de que teníamos que ser un territorio neutro pero se dejaba todo a la voluntariedad de empresas y particulares. Ahora se establecen obligaciones y se dará respaldo a aquellas iniciativas privadas que ya han adaptado su forma de actuar y se dirá al resto que no les queda otro remedio. Va a ser un antes y un después. Tener claro cuáles son las reglas del juego y qué espera la sociedad de cada uno de los actores. Tendrán que cumplir con su cuota de responsabilidad en la medida en la que suponga su día a día en materia de contaminación. Pero aquellos que tengan más dificultad, como particulares en sus viviendas o pymes, tendrán la mano tendida de las administraciones públicas para que la transición sea justa y que nadie se quede atrás.
¿De qué manera se apoyará a las familias que no tienen recursos para adquirir un coche eléctrico o instalar placas fotovoltáicas?
Ahora tenemos la oportunidad de los fondos europeos: 470 millones de euros para la estrategia de economía sostenible. A pesar de las actuales ayudas para la adquisición de vehículos o placas solares, un porcentaje importante de la población no puede acceder a ellas. Por tanto, las ayudas hasta ahora han sido insuficientes. Son importantes para mejorar la penetración en Canarias pero no son suficientes para que puedan llegar a todos por igual. Hay que darles un perfil social para garantizarlas.
¿No era así hasta ahora?
Vamos a desarrollar procedimientos de convocatoria de concurrencia donde las ayudas se otorgarán en función de las rentas de la familia. Para que tengan mayores ayudas aquellas familias con rentas más pequeñas. El objetivo es que en un futuro no seamos capaces de intuir el poder adquisitivo de una familia en función de si puede permitirse un coche eléctrico. Es muy importante la integración social desde el punto de vista energético. Podríamos pensar que actualmente las ayudas llegan a los que menos las necesitan y tenemos que diseñarlas para aquellos que realmente las necesitan más, para que la instalación de placas o el coche eléctrico pueda repercutir a su vez en su recibo de la luz o el coste de la gasolina y les suponga además un ahorro importante en su economía mensual. Estas líneas procederán de los fondos Next Generation y empezarán a convocarse el próximo año.
¿Es posible realizar este proceso de transición energética sin que afecte al crecimiento económico?
El crecimiento de la economía
está vinculado a un mayor consumo de recursos naturales. Esto llega un momento en el que no es sostenible. La economía no puede crecer de manera infinita porque los recursos no son infinitos. No tenemos la disponibilidad de hace 30 o 50 años y esto tiene una traducción inmediata. Empieza a operar la ley de la oferta y la demanda. Esto está teniendo como consecuencia el incremento del coste de las materias primas que hasta ahora se ha ido absorbiendo con precariedad laboral. Eso tiene un límite y el incremento de los materiales está generando un sobreincremento de los precios a todos los niveles. No queda más remedio que asumir que para revertir la situación se tiene que producir una reducción en el ritmo de crecimiento económico. No lo vamos a poder evitar porque no existen recursos naturales para sustentarlo. El objetivo de Europa es descarbonizarse en 2050. Para ese momento, puede que no tengamos el suficiente combustible fósil para sustentar la economía, lo que fuerza esa transición. Esto coincide plenamente con nuestro sistema normativo. Esas tres leyes básicas para Canarias. No eran un capricho, son necesarias para que Canarias pueda absorber los problemas importantes que se van a ir sucediendo en los próximos años.
¿Con su aprobación, el Archipiélago estará preparado para hacerle frente a la nueva situación?
Nos ayudará pero estamos sometidos a la coyuntura internacional. Acelerar la transición energética en Canarias hará que podamos satisfacer nuestras necesidades potenciando la economía circular, generando negocios locales y de alguna forma pasar con menos penurias las próximas décadas. La globalización está muy asociada al aumento de los combustibles fósiles y su reducción va a volver a producir una localización de las economías. Es para esto para lo que tenemos que estar preparados.
Otro de los retos para el próximo año es la reconstrucción de La Palma. ¿De qué manera se abordará?
Por lo pronto se está haciendo un estudio técnico para terminar de definir el nivel de afección de la colada. Una vez que el volcán se haya apagado habrá que ver las posibilidades de crecimiento o ordenación de los municipios afectados. El objetivo principal es generar nuevas oportunidades y sobre todo que se haga con criterios sostenibles. Una vez los trabajos técnicos hayan finalizado, las administraciones tendremos que ponernos de acuerdo y generar un proceso participativo, porque la reconstrucción debe ser avalada por la ciudadanía. En pocos meses tenemos que tener definida la hoja de ruta y dividir el modelo por fases y ponerles un plazo. Está claro que en tres meses será imposible reconstruirlo todo al cien por cien, pero la capacidad de respuesta de las administraciones ha sido importante y en poco tiempo. Y la reconstrucción será intensa y constante, pero precisa de un tiempo. Empezaremos a reconstruir aquello más urgente.
Una de las mayores preocupaciones de los vecinos de La Palma es que el suelo ocupado por las coladas acabara siendo protegido, ¿sigue descartada esta idea?
En este modelo, en lo último en lo que hay que pensar es ver si es necesario proteger algo. Hay que ir pasando fases en función del nivel de urgencia. Definir qué es lo necesario proteger no es ahora lo más urgente.
¿Qué es lo más urgente?
Que todo el mundo tenga un lugar donde vivir. Empezar la reconstrucción de infraestructuras básicas. Poner infraestructuras que faltaban y empezar a ordenar el sector residencial y primario.
¿Cuáles son los principales retos para el próximo año?
Que todas las leyes estén en el Parlamento. En materia de fondos europeos, arrancar definitivamente la gestión y que podamos tener convocatorias en la calle cercanas a los 600 millones. Y definir esa hoja de ruta para reconstrucción La Palma en los próximos meses.
