La insularidad como factor de encarecimiento en la prestación de los servicios esenciales, educación, sanidad y servicios sociales, por parte de la Comunidad Autónoma va a ganar peso en el nuevo modelo de financiación autonómica respecto a cómo se ha computado en el actualmente en vigor, y permitirá que Canarias pueda reciba más recursos por este concepto. Así lo dio a entender ayer al menos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado al contestar a una pregunta del senador de CC, Fernando Clavijo, en la que aseguró que «evidentemente, la insularidad tiene que tener un peso significativo dentro del modelo de financiación porque el coste de los servicios públicos se ve afectado por el hecho insular y por tanto un mayor coste del transporte y de la llegada de mercancías».
Montero, que no se refirió en ningún momento a si los recursos del REF se incluirán en el nuevo sistema de financiación, insistió en que la insularidad «será una variable que tendremos que discutir entre todas las comunidades autónomas, pero sin duda se dará a los dos archipiélagos el peso que se requiere para que la prestación del Estado del Bienestar en España sea homogénea en todos los territorios». La ministra aclaró que el informe remitido a las comunidades autónomas se refiere unicamente a una de las variables de la financiación, como es la de los criterios de reparto en base a la población ajustada, y el peso que tiene cada uno de los servicios en el cálculo de esa variable. «De lo que se trata es de ver cómo es la presión de los servicios sanitarios, educativos y de servicios sociales en el total del gasto público, y se le pide a las comunidades autónomas que se definan cómo se puede consensuar ese reparto y la ponderación de cada una de las variables que entran en juego», explicó en su respuesta a Clavijo.
La ministra rechazó en este sentido el cálculo que se ha difundido, realizado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que preside el especialista en financiación autonómica Ángel de la Fuente, sobre el impacto de la propuesta estatal en los distintos territorios, y el ránking sobre cuáles de ellos salen más beneficiados. Dicho informe sitúa a Canarias como la segunda región peor parada al perder un 2,9 % de financiación respecto al modelo actual. Montero aseguró a este respecto que ese cálculo «es imposible porque justamente le hemos pedido a las comunidades autónomas que se definan dentro de esos intervalos que entendemos son los que concitan mayor consenso».
Clavijo se refirió al informe elaborado por el comité de expertos sobre los criterios de reparto de los fondos de financiación, que el Ministerio de Hacienda ha trasladado a los gobiernos regionales del régimen común (todos excepto los del País Vasco y Navarra) como propuesta inicial para negociar con ellas el futuro modelo, y en el que se señala que no está previsto incrementar el peso de la insularidad respecto al sistema actual porque no hay informes concluyentes de que esa variable necesitara revisarse.
Tras recordar que el trabajo de los expertos que sirve de base para la propuesta ministerial se ha realizado en colaboración con las autonomías y que en él «se deja claro que el hecho insular no se pretende modificar respecto al sistema del 2009», el senador aseguró que «eso es algo que nos preocupa, porque lo pone el estudio». Clavijo reconoció que la ministra había aclarado que «el hecho insular tiene que tener un peso específico dentro de la financiación porque es evidente que el coste de los servicios [en las islas] es muy superior, porque no podemos tener economías de escala y tener un hospital en El Hierro, por ejemplo, es mucho más caro que en Madrid, Cuenda o Salamanca.
Solidaridad interterritorial
Pero el senador de CC se mostró preocupado por el sentido de la «homogeneización» de la financiación que mencionó Montero para el nuevo sistema. «El hecho insular tiene que ser valorado y cuantificado y nosotros nos ofrecemos para trabajar», afirmó el dirigente nacionalista antes de señalar que «nos jugamos todos muchos en la reforma del sistema porque es con lo que vamos a poder sostener los servicios esenciales y en Canarias hay unos indicadores de pobreza y marginalidad que son necesarios corregir con la solidaridad interterritorial».
Tras «tender la mano» al Gobierno central «para trabajar de manera conjunta», exigió a Montero que «no nos apliquen el rodillo y poder trabajar esto desde la tranquilidad porque va a trascender a distintos gobiernos».
“Con el modelo de 2009 llevamos trece años de sistema y eso ha ido en detrimento de recursos para Canarias. Espero que ese hecho sea tenido en cuenta, le tendemos la mano y esperamos que Canarias se pueda acercar más a la media y eso solo pasa por que vayan más recursos de los que recibimos en el sistema actual porque estamos infrafinanciados», aseguró el senador.
Montero, que agradeció el tono del senador y su oferta de colaboración, aseguró que «trabajaremos conjuntamente con el mayor consenso de todas las formaciones políticas para encontrar ese modelo que permita satisfacer gran parte de las expectativas de los territorios». La ministra aclaró que cuando hablaba de «homogeneización» se refería a que «no haya diferencias significativas de calidad en la prestación de servicios públicos» y que la propuesta plantea la posibilidad de que las comunidades autónomas «definan un mayor peso de variables de cálculo que no están directamente relacionadas con la estructura de edad, sino que tienen que ver con la dispersión, superficie, coste fijos e insularidad». «Estoy convencida de que encontraremos el mejor mejor modelo para todas las comunidades autónomas”, concluyó la titular de Hacienda.
