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La pugna del Gobierno con los municipios retrasa las ayudas de la dependencia

Solo 16 ayuntamientos realizan los informes sociales | Derechos Sociales ofrece fondos

La consejera de Derechos Sociales Noemí Santana en un pleno del Parlamento de Canarias el pasado mes. E. D.

Solo 16 ayuntamientos de los 88 que hay en Canarias –el 18%– realizan los informes sociales necesarios para la valoración del grado de la dependencia. Desde que se inició la legislatura hay una pugna soterrada entre la Consejería de Derechos Sociales y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en torno a este asunto ya que el departamento autonómico ha ofrecido fondos a las corporaciones locales para que contraten trabajadores sociales y puedan realizar los informes, mientras que los municipios se han negado a asumir esta función con el argumento de que los servicios sociales municipales están saturados con la crisis social y las ayudas de emergencia y no pueden asumir una sobrecarga de trabajo en una competencia que es impropia. La Consejería culpa de esta situación y de la falta de personal las demoras que se acumulan en dependencia ya que sus técnicos tienen que realizar los informes, algo que podrían hacer los servicios municipales y así se ahorraría tiempo para otros trámites.

De los ayuntamientos más habitados es La Laguna el único que hace informes sociales para la dependencia. De Tenerife también se prestan a esta labor Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, Granadilla de Abona, El Sauzal y La Matanza. En La Palma Breña Alta y Los Llanos; en La Gomera, Alajeró, Valle Gran Rey y Vallehermoso; en El Hierro sus tres ayuntamientos, Valverde, Frontera y El Pinar, mientras que en Gran Canaria es Mogán. Tras las diversas reuniones infructuosas que han habido entre la Fecam y la Consejería de Derechos Sociales, desde el Ejecutivo se pretende alcanzar acuerdos bilaterales con los ayuntamientos interesados en 2022 con fondos que alcanzan los siete millones de euros destinados a este fin.

La Fecam está por colaborar pero pide criterios técnicos comunes porque no es su función

El director general de Dependencia, Miguel Montero, y la dirección de la Fecam han mantenido varios encuentros y contactos para que los ayuntamientos realicen los informes sociales en un intento por parte de la Consejería de Derechos Sociales de acelerar la tramitación de los expedientes. Fue el pasado mes de marzo cuando la comisión de Bienestar Social de la entidad trasladó a los representantes de la Consejería la «imposibilidad» de realizar por parte de los ayuntamientos los informes sociales previos al plan individual de atención (PIA) «debido a la importante carga de trabajo que están sufriendo los servicios sociales de los ayuntamientos». El vicepresidente de la Fecam y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, asegura que el órgano municipalista «está dispuesto a colaborar pero si supone una carga añadida de trabajo que satura la que ya tienen los ayuntamientos en el área social pues habrá que sentarse para ver cómo se refuerza y compensa».

El dirigente municipal también achaca parte de la problemática a la falta de criterios comunes entre los técnicos de la Comunidad Autónoma y los de los ayuntamientos para que los informes sociales no tengan reparos que ralenticen aún más el procedimiento. «El recelo funcionarial debe desaparecer porque está igual de capacitado y formado un técnico de la Administración local que de la regional», advierte Hernández. El regidor de Agüimes remacha y reitera lo dicho en anteriores ocasiones por los alcaldes y es que «los ayuntamientos no están obligados a hacer los informes sociales, tramitamos las ayudas de emergencia social, el resto no es competencia propia».

En la Consejería de Derechos Sociales no son de la misma opinión y enarbolan tanto el Decreto 54/2008 por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y la Ley de Servicios Sociales de 2019. En el decreto se recoge que el órgano autonómico competente en materia de servicios sociales «solicitará informe social en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia. Dicho informe se solicitará a las administraciones públicas que directa o indirectamente asuman competencias para la realización de los mismos». El artículo 25 de la Ley de Servicios Sociales establece que los municipios «constituirán el nivel de referencia para la prevención de situaciones de vulnerabilidad social, la detección y la valoración de las necesidades, el diagnóstico, la planificación, la intervención, el tratamiento, el seguimiento y la evaluación de la atención».

Las diferencias entre el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos por la elaboración de los informes sociales se han mantenido prácticamente desde que se aprobó la ley nacional en 2006, si bien se han acentuado en la actual legislatura.

Convenios y fondos que no llegaron a nada

En el año 2017 el anterior equipo de Servicios Sociales, encabezado por Cristina Valido, firmó un convenio con la Federación Canaria de Municipios para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes realizaran los informes sociales necesarios para la dependencia. El Ejecutivo ponía dinero sobre la mesa para que los municipios asumieran esta función a medida que fueran adhiriéndose al convenio. Sin embargo este acuerdo resultó infructuoso con el tiempo porque los fondos llegaron tarde y las corporaciones municipales tuvieron muchos problemas para contratar a trabajadores sociales y gastar los fondos procedentes de la Comunidad Autónoma. Esta situación ha sido una constante desde que se inició la ley que regula la dependencia en 2006 ya que al poco tiempo se inició la crisis económica de 2008, lo que provocó que los servicios sociales municipales se saturaran al dispararse los índices de pobreza y exclusión social. Algunas corporaciones han saltado a la palestra en los últimos meses molestos por las críticas desde la Consejería por no hacer los informes sociales. «Estamos en una crisis sanitaria, con un volumen de trabajo que se ha multiplicado, atendiendo a una población que está muy tocada, en exclusión social”, advierten, además de mantener que la competencia en Dependencia es del Gobierno.

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