eldia.es

eldia.es

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Miguel Montero Naranjo Director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario

«Ha sido un año difícil, no llegaron los 101 trabajadores y el dinero fue poco»

«Con la entrada del PSOE nadie podrá abstraerse ahora de la situación de la dependencia», indica el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario

Miguel Montero, director general de Dependencia y Discapacidad hasta final de mes. E. D.

Miguel Montero niega que haya recibido presiones para dejar la Dirección General de Dependencia pero de sus palabras se trasluce un cierto resquemor por no haber contado con los medios necesarios ya que ni llegó el personal al que se habían comprometido Hacienda y Función Pública y el presupuesto de este año apenas se incrementó. Ahora el PSOE entra de lleno en la gestión de un área especialmente sensible.

¿Se va porque no ha cumplido los objetivos que se marcó a principios de año o también hay otras razones?

He cumplido con mi palabra y es que si me he equivocado o no puedo cumplir con los objetivos que me marqué pues me voy para mi casa y no pasa nada. A partir de ahora creo que sí se va a ir más rápido porque desde Hacienda dijeron que se renovaba a los 101 trabajadores contratados para dependencia pero es que nunca los ha habido. Además de no ser cierto que se había contratado a todo ese personal tampoco lo es que se renovaba por segunda vez el contrato programa para ampliar la plantilla. No sé el motivo por el que Hacienda envía información sin tener bien todos los datos pero ahora estoy seguro de que todo será más rápido y el personal llegará en menos tiempo. El Gobierno en su conjunto apoyará la gestión de la dependencia en el año y medio que queda de legislatura porque se acercan las elecciones y es más lógico que todos arrimen el hombro.

¿Entonces los famosos 101 empleados para aligerar los expedientes nunca han estado? ¿Cuántos se han contratado?

En total han llegado a 74 y no eran solo para dependencia sino también para discapacidad y atención temprana. Yo empecé a tramitar el expediente para estas contrataciones desde julio de 2020 porque el 31 de diciembre se iban 42 trabajadores por finalización de los contratos y eso suponía casi el 65% del personal. El expediente de contratación se aprobó en octubre y desde ese momento estuve pidiendo que se incorporara el nuevo personal. Pero en enero de este año nos vimos sin 42 personas y sin personal nuevo. Diferencias entre Hacienda y Función Pública retrasaron la incorporación hasta finales de febrero pero el problema es que de esas 101 contrataciones solo llegaron una parte y hay trabajadores que cuando entraron y se dieron cuenta de la carga de trabajo que había se fueron o cogieron otro destino. Ya desde el mes de abril nos dimos cuenta que no se iba a contratar a estos 101 trabajadores. Y pese a lo dicho por Hacienda tampoco a día de hoy se han contratado a 50 empleados más que yo mismo había solicitado.

¿Insinúa que desde Hacienda y Función Pública le han puesto obstáculos para ejercer su labor?

No es mi intención decir que no hemos contado con el apoyo del Gobierno pero sí estoy seguro que ahora se van a redoblar los esfuerzos porque Marta Arocha es una persona de reconocido prestigio, ya llevó la Dirección General en 2016 y es indudable que todos se van a preocupar más para que esto salga adelante. El movimiento realizado por la consejera es inteligente porque a partir de ahora nadie puede abstraerse de la situación de la dependencia y ya no estará solo en el debe de Podemos. Ahora el PSOE se va a preocupar más por esta Dirección General.

Pero no me negará que poner a una dirigente del PSOE en una Consejería de Podemos y en un área tan sensible es llamativo.

Es una estrategia inteligente de Noemí Santana implicar en la gestión directa a una persona del PSOE que ha llevado el área en el pasado. Es una apuesta personal de la consejera porque así obliga a que en el año y medio que queda de legislatura se retrate todo el mundo porque si ahora el nuevo personal llega en tres meses y no en 15 eso será bueno para todos. Tampoco hay que olvidar que Hacienda en el presupuesto de 2021 solo incrementó un 0,7% el presupuesto de Derechos Sociales, lo que estaba muy por debajo de la media del resto de consejerías. Hemos pasado un año complicado y por eso la consejera lanzó aquello de que si no nos daban los medios adecuados Podemos no descartaba irse del Gobierno. Lo que ha hecho la consejera es pelear por más personal, medios y presupuesto para 2022 y ahora tendremos un incremento presupuestario superior al 8% y el compromiso de contrataciones que seguro que ahora serán más rápidas. De todas formas no es solo una cuestión de meter más personal sino también de gestión y por eso desde julio estamos aplicando un plan de modernización como revulsivo, en el que se marcan objetivos y una organización más profesionalizada.

¿Se ha sentido presionado para dimitir?

No me he sentido presionado. Cuando dije que mi objetivo era alcanzar las 5.000 altas nuevas en el sistema fue porque en ese momento, a principios de febrero, era posible siempre y cuando los ayuntamientos hicieran los informes sociales y se contratara a los 101 trabajadores. Las dos premisas han fallado y sin ellas no se puede conseguir, por lo que desde hace semanas le había comentado a la consejera que no podía cumplir mi objetivo y empezamos a buscar quien podía sustituirme. La dimisión de un director general debe ser vista como algo más normal y los cruces también hay que verlos con más naturalidad. Mi cese no es inmediato para cerrar algunos temas que están en marcha.

¿No le preocupa que Dependencia esté en el ojo del huracán y con críticas desde distintos ámbitos, entre ellas la del Consejo Económico y Social?

Lo primero es que los datos que dio el presidente en funciones del CES son falsos y eso me preocupa. La crítica es legítima pero hay que hacerla con datos rigurosos y no con consideraciones personales basadas en cifras inventadas, lo que genera el descrédito del CES. No sé quien hace el informe del CES canario pero el de España es potente y serio. También hay que recordar que hay sindicatos en el comité de empresa que también están en el CES.

¿No hay 10.000 expedientes pendientes entonces?

No. Hemos tenido los mejores datos de la historia en reconocimiento de grado, de hecho este año hemos valorado el grado de dependencia de unas 10.000 personas, pero en esta cifra hay que tener en cuenta que a uno de cada seis solicitantes no se le reconoce el grado porque no reúne los requisitos que marca la ley y a uno de cada 10 son para revisión de grado, es decir, están ya en el sistema pero es para cambiar su situación. También parece que ha muerto más gente este año que en los años anteriores pero eso es porque nos hemos dedicado a cerrar expedientes de personas fallecidas que eran solicitantes incluso desde el 2015. Hay cientos de expedientes y errores a los que nadie les había hecho caso pero que hay que cerrar aunque resulte ingrato porque hemos detectado expedientes que llevaban hasta 10 años esperando por una resolución.

¿Pero donde está el atasco? ¿En la tramitación o en las prestaciones?

Hay más de 9.000 personas que tienen reconocido el derecho a una prestación pero no pueden ejercerlo porque no hay suficientes plazas residenciales o de centros de día. La construcción de nuevas plazas sociosanitarias va lenta y ahí está el embudo final que impide disfrutar de la prestación que se ha reconocido. De nada vale que agilicemos el reconocimiento del grado si después el dependiente no tiene una plaza de residencia o de centro de día. A día de hoy en las ayudas económicas no hay lista de espera porque al solicitante se le concede sin problema pero el último atasco del sistema está en varias islas que van muy lentas en la dotación de nuevas plazas. Esta situación se refleja en las estadísticas del Imserso.

Compartir el artículo

stats