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Reforma del sistema de financiación | Recelos ante la propuesta de Madrid

El Estado deja sin actualizar los fondos para compensar el factor de la insularidad

Canarias reniega ante la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda vincule de nuevo el Régimen Económico y Fiscal (REF) al reparto de los fondos entre las autonomías

El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el presidente del Gobierno, Ángel Victor Torres, en un Consejo de Gobierno. E. D.

Canarias sigue sin poder despejar del todo la incógnita sobre su posición en el marco del nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que ha lanzado el Ministerio de Hacienda de la mano de su titular, María Jesús Montero. Aunque el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ofreció el lunes una visión recelosa y distante respecto de esa propuesta, los técnicos de la Consejería de Hacienda siguen haciendo cálculos y planteando los distintos escenarios para saber en qué medida los nuevos elementos correctores sobre el criterio de población ajustada, que marcará el reparo del fondos para el sostenimiento de la educación pública, la sanidad y los servicios sociales, benefician o no a las Islas.

La duda sobre si el sistema incluye los recursos del REF, que el Gobierno de Canarias rechaza de plano, no queda aclarada por el documento remitido el viernes por Montero, según explicaron ayer desde el Ejecutivo regional. Y aunque se da por hecho que el Ministerio respetará esta premisa recogida en el Estatuto de Autonomía, la advertencia de Canarias ya está sobre la mesa: la desvinculación de las especificidades económicas y fiscales del reparto de los fondos autonómicos «no es discutible». Este es, más que ningún otro, el factor clave para determinar cómo quedará el Archipiélago en la nueva financiación, independientemente de los demás elementos de ponderación.

Sin embargo, una de las evidencias del nuevo modelo es que la variable insularidad, el elemento geográfico que más afecta a Canarias  (en él se incluye el sobrecoste por la lejanía y la fragmentación), va seguir ponderándose en los mismos términos en que se hace en el modelo actual de 2009, es decir, que no sufrirá variaciones ni al alza ni a la baja.

Los expertos para la reforma ven difícil calcular el coste añadido a los servicios en las islas

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El informe de la Comisión de Expertos del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) que preparó la reforma sostiene que «es difícil poner en contexto el valor de una posible variable relacionada con la insularidad, ante la dificultad de calcular el impacto que dicho concepto puede tener sobre los costes de provisión de servicios de las comunidades autónomas» insulares –tanto la canaria como la balear–, pero considera, pese a ello, que «la comparación a nivel global de los recursos puestos a disposición de las comunidades autónomas insulares parece indicar que no hay evidencias claras para su reconsideración» a efectos de una mayor ponderación.

Dos son las primeras impresiones en el pacto de las flores. NC no se fía y desde el flanco socialista esperan que la negativa a actualizar el coste de la insularidad se compense con la incorporación al sistema de otros criterios, como la orografía, la inclusión de la Formación Profesional como uno los condicionantes del gasto educativo, o que a la hora de valorar el gasto en servicios sociales se tenga en cuenta el número los parados que no perciben ningún tipo de prestación.

Alarma entre los nacionalistas

Aunque estas variables no incorporan en su integridad la petición canaria de que se tengan en cuenta tasas de paro y pobreza y la renta regional por habitante, sí la asumen parcialmente, teniendo en cuenta además que esta propuesta hay que empezar a negociarla ahora y Canarias va a reclamar su mejora. «Tenemos que hacer una comparativa entre cómo queda la población ajustada en la actualidad con el sistema antiguo, qué porcentaje supondría respecto al total nacional, y ver si bajamos o subimos», explica el viceconsejero de Presidencia, el socialista Antonio Olivera.

En cuanto al hecho de que la propuesta de Montero no especifique que los recursos del REF no computarán para determinar el reparto de fondos entre la comunidades autónomas, Olivera asegura que «este documento es solo una de las muchas piezas del puzzle de la financiación, y la que tiene que ver con el REF no es esta». Olivera insiste, en todo caso, en que «la posición de Canarias es clara e intocable respecto a que los recursos del REF no tienen que computar. A nadie se le ocurriría incluir el REF porque eso es algo por lo que Canarias nunca pasaría. El mensaje se ha enviado muy nítidamente», insiste el viceconsejero.

Más alarmado se muestra el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), quien reconoce que el documento de Montero le genera «intranquilidad», especialmente las referencias a la insularidad y a las especificidades económicas y fiscales de las Islas. Rodríguez califica de «innegociables» la plena vigencia de la desvinculación de los recursos del REF de Canarias con las aportaciones estatales de la financiación autonómica: «no vamos a tolerar que se reabra ese debate», subraya. E insiste, además, en la reclamación de Canarias para que los criterios de reparto de la financiación autonómica incluyan ponderaciones en función de la renta disponible, la pobreza o los niveles de desempleo. Ello amén de la conveniencia de que Canarias esté fuera del régimen común «porque si bien no somos Euskadi o Navarra, tampoco somos a esos efectos una comunidad autónoma como las demás», apunta Rodríguez.

CC alerta de que el documento deja a las Islas en una posición «muy débil» para la negociación

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Por parte de la oposición, desde CC se considera también que el documento de Hacienda «debe hacer saltar las alarmas de toda la sociedad canaria pues evidencia que el Archipiélago parte de una posición muy débil para afrontar esta negociación» sobre la futura financiación. Según la formación nacionalista, el punto de partida que hacen los técnicos del Ministerio de Hacienda evidencia «un profundo desconocimiento de la realidad insular y que el peligro de la infrafinanciación es real» porque el documento «ignora los derechos históricos de Canarias y certifica el desconocimiento absoluto de la realidad insular y la ultraperiferia».

El partido que lidera Fernando Clavijo exige al Gobierno central que el REF no compute en el sistema y considera que «es vital para las Islas que se entienda que nuestro fuero es la herramienta que nos permite partir de un plano de igualdad con otras comunidades autónomas y no una financiación que debe sumarse a lo que se recibe del Estado ya que eso «supondría volver a 2008 cuando Canarias perdió 700 millones anuales y se nos situó en la cola de la financiación» del conjunto de territorios.

Coalición critica el «preocupante desconocimiento de la realidad y la ausencia de informes sobre la realidad social y económica de Canarias» por parte del documento del Ministerio de Hacienda y se preguntan «por qué no se ha tenido en cuenta el informe realizado por el Gobierno de Canarias en 2018 en el que se analizan los costes de la insularidad (Estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias) donde se señala, y cuantifican los costes de la insularidad, la ultraperiferia y la doble insularidad en la economía privada. Ese informe, asegura CC, «debe ser utilizado por el actual Gobierno para evidenciar la necesidad de que el REF quede fuera del sistema de financiación autonómico (pues es la herramienta que compensa esos sobrecostes) y se fije la financiación del Archipiélago a partir del mismo».

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