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El nuevo personal de políticas sociales choca con la falta de planificación

Falta de espacio físico, obras a destiempo o escasez de recursos informáticos lastran el servicio | La plantilla denuncia que el centro base no reúne las condiciones

Trabajadoras del servicio de Dependencia protestan en una manifestación de interinos en la capital grancanaria.

Ni espacio, ni planificación, ni contraseñas. Trabajar en la Consejería de Derechos Sociales no está siendo fácil para el personal que se ha ido incorporando en los últimos meses para reforzar varios servicios fundamentales para la ciudadanía, entre ellos dependencia, discapacidad, prestación canaria de inserción o infancia y familia. Comité de empresa, sindicatos y sectores de la plantilla cuestionan que se venda como un gran logro que se contrate personal interino y se aumente el presupuesto cuando, sin embargo, no hay una planificación y organización adecuadas de carácter previo a la entrada de ese personal para ser más eficaz en el trabajo.

«No es una cuestión solo de número de efectivos sino también de saber planificar a los efectivos que tienes», advierten. Planes de choque han habido muchos en el área social del Gobierno regional, prácticamente desde que empezaron los problemas cuando se inició la aplicación de la ley de Dependencia. La norma entró en vigor en 2007 y ponía en manos de las comunidades autónomas la organización del nuevo sistema. El principal hándicap vino cuando en 2008 se inició la crisis económica, comenzaron los recortes presupuestarios, los límites al déficit y la paralización de las ofertas públicas de empleo.

El comité de empresa reclama técnicos valoradores para agilizar los expedientes

Cada gobierno que ha pasado por los servicios sociales ha aprobado planes de choque que, a la postre, no han servido para solucionar la problemática estructural que afecta al área social de la Comunidad Autónoma. El actual cuatripartito ha ampliado a 2022 la contratación de 150 funcionarios interinos solo para la dependencia y otros 115 para otros programas de Derechos Sociales por más de 10 millones de euros, en un intento por agilizar los procedimientos junto con el cambio político al frente de la Dirección General para impulsar la gestión y la organización.

Pero siguen fallando aspectos tan básicos y esenciales como las infraestructuras mínimas de las que deben disponer los trabajadores para desarrollar su labor en condiciones. Buena parte del personal que se contrata carece de espacio físico suficiente para trabajar, se producen situaciones de hacinamiento, se realizan obras que se prolongan en el tiempo o los medios informáticos son insuficientes o directamente no hay claves y contraseñas para todos con las que entrar al programa de los expedientes y resoluciones.

Desde noviembre hay más de 1.350 renovaciones pendientes de resolver de la PCI

Cuando fueron entrando los 101 trabajadores que se contrataron para dependencia estuvieron varias semanas sin poder trabajar en condiciones porque no había espacio, ni mobiliario, ni ordenadores. El comité de empresa y las protestas de los empleados fueron parcheando la situación. Un ejemplo es en el centro base de la capital grancanaria, con obras desde hace más de un mes y sin claves para trabajar.

El comité de empresa se queja de que faltan categorías más cualificadas como es el caso de los técnicos valoradores, es decir, aquellos que evalúan a los dependientes que solicitan una ayuda, lo que impide agilizar las listas de espera. Hay otros departamentos, además de dependencia, donde la situación es más precaria como es el caso de Infancia y Familia, al que se ha incorporado muy poco personal.

Otro ejemplo que pone el comité de empresa es en la prestación canaria de inserción (PCI), en la que se tenían que incorporar cinco trabajadores pero la entrada se ha demorado por la realización de obras para acondicionar el espacio físico donde ubicarlos. Una situación parecida sucede en la oficina de información especializada por falta de organización.

Unos datos significativos

Los datos está ahí. Hay más de 43.500 beneficiarios de pensiones no contributivas en las Islas. Las nuevas solicitudes de pensiones tardan más de un año en resolverse y las pensiones de invalidez más de dos años. En el centro de valoración de la discapacidad hay 8.100 solicitudes pendientes de citar, por lo que los afectados tienen que esperar hasta 22 meses en el caso de adultos y de un año en menores. En Menores tres semanas después de la incorporación aún no se disponía de los permisos para usar los diferentes programas necesarios para trabajar.

En el caso de la PCI desde el pasado mes de noviembre hay más de 1.350 expedientes que han solicitado renovación sin resolverse y otras 1.300 solicitudes nuevas. Asimismo hay acumulados unos 200 recursos sin solucionar.

En la oficina de información especializada para la atención a la ciudadanía se parte de un retraso de casi dos meses de espera para las demandas que se realizan y la entrada de nuevo personal todavía no ha supuesto más rapidez en atender el servicio.

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