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El PSOE asume dependencia ante el atasco en la gestión de expedientes

Miguel Montero renuncia a la Dirección General a final de mes | Su sustituta

es Marta Arocha, experta en políticas sociales y directora general en 2016

Miguel Montero Naranjo E. D.

La presión pudo más que las buenas intenciones y la Dirección General de Dependencia cambia de manos pero también de color político. Una dirigente del PSOE, Marta Arocha, sustituirá a Miguel Montero para intentar enderezar el rumbo de una gestión salpicada por la polémica y los problemas de dilaciones y colapso del sistema de la dependencia, que no se han solucionado a pesar de que desde febrero el departamento cuenta con 101 empleados más. Las críticas han arreciado en los últimos meses desde todos los ámbitos y la última, la del Consejo Económico y Social (CES), ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en el pacto de gobierno ante la evidencia de que la gestión del cuatripartito está haciendo aguas en las políticas sociales.

Los socialistas entran en la Consejería que hasta ahora ha monopolizado Podemos por el reparto pactado en su momento entre las cuatro fuerzas políticas que sostienen al Gobierno. Y esta entrada es con la última directora general de Dependencia que tuvo el PSOE en el Ejecutivo hace cinco años cuando los socialistas cogobernaban con Coalición Canaria. Marta Arocha estuvo al frente de este departamento en 2016 con Patricia Hernández de consejera del área social, la ruptura del pacto CC-PSOE acabó con su trayectoria pero su gestión dejó buen sabor de boca, hasta tal punto que la consejera Noemí Santana ha dado su conformidad para que Arocha entre en la Consejería a pesar de no pertenecer al ámbito de Unidas Podemos.

Miguel Montero confirmó ayer oficialmente su renuncia al cargo, que dejará a final de mes. Ni Montero ni la Consejería dicen que dimite ni que se le ha obligado a dimitir, pero el hecho es que hacía tiempo que los cabezas visibles del cuatripartito estaban buscando cómo afrontar los problemas acumulados por el atasco en los expedientes de dependencia, con miles de ayudas sin resolver y resoluciones que tardan hasta tres años en contestarse por parte de la Administración. Se ha puesto más personal y más presupuesto pero ahora hacía falta un giro en la gestión y en la planificación del departamento.

Montero anunció a principios de año que se iría si no conseguía sus objetivos en el área

A principios de año Miguel Montero se comprometió a agilizar al menos 5.000 expedientes para darles de alta en el sistema o, en caso contrario, se marcharía para su casa. En aquel momento explicó que las claves eran, además de la gestión, incorporar al centenar de nuevos efectivos para poner al día las peticiones y que los ayuntamientos también pusieran de su parte con los informes sociales que evalúan a los dependientes que solicitan una ayuda. Ahora, cuando el año se acaba, Montero alega que, a la vista de que no ha conseguido los objetivos que se había planteado, renuncia al cargo y cerrará su etapa en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad a final de diciembre.

Negociaciones

Las conversaciones en torno a los problemas de dependencia se mantenían desde hace tiempo entre el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. Han sido negociaciones no exentas de momentos de tensión ya que Santana reclamó en diferentes momentos, cuando se estaba elaborando el presupuesto de 2022, más medios humanos, materiales y económicos para afrontar la situación de dependencia y de otras áreas de la Consejería. Durante este año se ha incrementado la plantilla ya que a los 101 contratos que se realizaron en febrero se sumaron 50 más hace unos días destinados a Dependencia y Discapacidad. En el presupuesto de 2022 hay un incremento del 8,1% en la atención a las personas con dependencia y del 9,6% en discapacidad.

Pero hacía falta también un viraje en la gestión y planificación del departamento con los recursos económicos y de personal que se han puesto para mejorar la situación. Desde hace algunas semanas se estaba buscando el recambio a Montero y sobre la mesa había algunos perfiles pero ninguno del ámbito de Podemos. La gestión realizada por Arocha en el tiempo que estuvo al frente de la Dirección General convenció a Santana. El presidente Torres y la titular de Derechos Sociales han hablado en varias ocasiones de la necesidad de impulsar el departamento para que en 2022 haya frutos plausibles de mejora, entre otras cuestiones porque el próximo año es la antesala de las elecciones autonómicas y las políticas sociales se han convertido en el principal lunar del Ejecutivo, a pesar de tener que enfrentarse a reveses como la pandemia del Covid o la erupción volcánica de La Palma.

El cuatripartito quiere un viraje en la gestión tras el aumento de personal y de fondos en 2022

La propia Noemí Santana contactó con Marta Arocha para ofrecerle el puesto y en las últimas semanas han concretado los pormenores del mismo. Arocha trabaja actualmente en el Cabildo de Lanzarote a las órdenes de la presidenta insular, María Dolores Corujo, como directora insular. Llegó a la isla de los volcanes después de pasar por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al frente de Servicios Sociales durante la Alcaldía de Patricia Hernández, que volvió a contar con ella tras su etapa en el Gobierno. Arocha destaca en su currículum que su carrera «siempre ha estado vinculada a las políticas sociales». En este sentido, ha sido gerente del Instituto Insular de Atención Social de Tenerife, directora general de Dependencia y Discapacidad en el Gobierno de Canarias, así como directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife.

Aunque los partidos que forman parte del Gobierno creen que se ha mejorado, consideran que todavía queda mucho camino de recorrer y hay que dar un impulso en la gestión con las contrataciones y los fondos que se han destinado a dependencia. La situación se había tornado insostenible con las críticas procedentes del comité de empresa de la Consejería, organizaciones sociales y ONG, Diputado del Común, Consejo Económico y Social, partidos políticos y sindicatos.

Al día siguiente de las severas críticas del presidente del CES, José Cristóbal García, a la gestión de la dependencia tanto Noemí Santana como Miguel Montero criticaron las palabras de García y las tacharon de opinión personal y no del órgano consultivo en su conjunto. Lo cierto es que el informe anual de 2020 del CES es categórico con la gestión de la dependencia y la califica de «deficiente» con los datos manejados.

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