La Fiscalía General del Estado no tiene intención ni prevé analizar el dictamen de la Comisión de investigación del Congreso sobre el accidente de Spanair –el 20 de agosto de 2020 en Madrid-Barajas con el resultado de 154 muertes y 18 heridos–, como si de una alerta se tratara sobre la posibilidad de que dicha investigación hubiera destapado posibles responsabilidades penales por parte de alguna de las 17 personas que se citan en el documento y que tuvieron algún tipo de relación con el siniestro y su gestión. El Ministerio Público recibió el miércoles el documento de manos de la diputada canaria de Unidas Podemos, Meri Pita, que presidió la comisión parlamentaria, sin otorgar al registro del mismo ningún carácter de denuncia formal, y se limitó a consignar la entrega de la «documentación» como una más de las que a diario entran en la institución.
«La Fiscalía recibió el dictamen como documentación aportada por una diputada como conclusiones de la investigación del Congreso, pero no se presenta denuncia alguna y no cabe por tanto abrir causa al respecto», señaló ayer un portavoz de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. La oficina fiscal recuerda que el Ministerio Público ya actuó en relación con este accidente en el proceso penal que se llevó a cabo durante cuatro años, entre 2008 y 2012, en distintas instancias judiciales hasta que la Sala número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid archivó el caso en septiembre de 2012. «Ya ha habido un procedimiento judicial en la que la Fiscalía actuó, no le corresponde ahora abrir causa sin que se hayan denunciado posibles nuevos delitos», señalan desde la oficina de Delgado.
En concreto, aquel archivo levantó la imputación que había realizado un juez contra los dos técnicos de mantenimiento de Spanair que revisaron el avión, acusados de 154 homicidios imprudentes y 18 lesiones por el número de personas que resultaron muertas y heridas en el mismo. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que no se pudieron determinar las causas de las averías del sistema de alarma que no avisaron de la incorrecta configuración del avión para el despegue, y que fue ese error de los pilotos el que finalmente ocasionó el accidente. A ese procedimiento se remite ahora la Fiscalía General del Estado como instrucción penal ya resuelta sin que haya nuevas denuncias formales en ese sentido.
Pese al archivo de la única causa judicial abierta respecto al accidente del vuelo JK5022, la Comisión de Investigación del Congreso, que se creó a instancia de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, señala en sus conclusiones, coincidentes con los postulados del colectivo de víctimas, que el accidente fue consecuencia del «fallo sistémico» de toda la cadena de responsabilidad del vuelo y especialmente de las personas que ocupaban el mando político del entonces Ministerio de Fomento, además de apuntar a la propia Spanair como operadora del vuelo, y a Boeing como fabricante del avión siniestrado, un modelo (MD82) con una larga lista de incidentes o accidentes por la misma causa. La recomendación número 10 del dictamen de la Comisión señalaba que «al existir dentro de la investigación elementos que pudieran arrojar conductas negligentes», se recomienda «remitir el contenido y resultado de esta Comisión a la Fiscalía General del Estado para su análisis y en su caso para que proceda a las actuaciones que considere pertinentes». El dictamen de la Comisión fue aprobada por todos los grupos del pleno del Congreso (219 votos a favor) salvo por el PSOE (121 votos en contra), que presentó voto particular, y las cinco abstenciones del PNV.
Sin embargo, tras más de seis meses de haber aprobado el dictamen en pleno, la Mesa del Congreso rechazó remitirlo a la Fiscalía después de recibir un nuevo informe de los servicios jurídicos de la Cámara insistiendo en que esa iniciativa «no se ajusta a derecho». Se trata de un informe muy similar al que ya se presentó para rechazar alguno de los puntos de la propuesta de borrador que redactó la presidenta de la Comisión, y sobre el que, además, se argumentó el voto particular del PSOE, que en esencia sostenía que una comisión parlamentaria no podía determinar la responsabilidades sobre el accidente de las 17 personas que se mencionan, entre ellos la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y todos los responsables de Aviación Civil, Aena, Barajas.
La decisión de la Mesa de no remitir a la Fiscalía el dictamen llevó a Meri Pita la pasada semana a tomar la iniciativa y hacerlo a título personal. Lo hizo, dijo, alegando que «como diputada y como presidenta de la Comisión durante las dos últimas legislaturas, tenía la obligación» de hacerlo.
